País interino

Por su propia definición, se dice interino a quien suple por un tiempo a otra cosa o persona. La verdad es que todavía no podemos definir si este gobierno, este improvisado modelo y sus pretendidos resultados son interinos o están para quedarse; prefiero lo primero, y de corazón espero que el interinato sea corto, de esa manera los destrozos serán menores y por lo tanto quedará menos trabajo para la reconstrucción, que tarde o temprano tendremos que hacerla.
Lo que sí es cierto es que el sendero de desinstitucionalización que vive Bolivia es descorazonante para todo aquel que creía que estábamos en un proceso de mejorar los recursos humanos del Estado, es decir, dejar de lado la membrecía partidaria, la pertenencia política, el compadrerío, la ideología o, finalmente, el estereotipo del sin corbata, del sin saco o del simpático sombrerito y la colita en el pelo, como requisitos para acceder a algún puesto en la estructura gubernamental.
Se crearon leyes como la del funcionario público, entidades como la Superintendencia de Servicio Civil, el subsistema de personal de la Ley Safco y otras normas y disposiciones para que el funcionario público sea escogido de entre los mejores, es decir, que provenga de un proceso de selección basado en los méritos, donde los atributos personales, la formación profesional, la idoneidad y sobre todo el potencial y el conocimiento de los individuos sean el valor agregado para trabajar y hacer carrera en el Estado. En este gobierno, esto se va vuelto una gran mentira.
En la jerarquía institucional, se había previsto seleccionar a los mejores bolivianos para ocupar las cabezas de las entidades. Por un lado, para lograr mayores niveles de efectividad y eficiencia, y por otro para lograr la anhelada separación de poderes e independencia de funciones, es decir, para que la técnica se halle por encima de la política partidaria.
Hemos fracasado en el proceso, y con este gobierno ya nadie cree ni siquiera en este concepto. Las entidades se han vaciado de los buenos profesionales, ya sea porque no pueden seguir trabajando en el Gobierno por los bajos sueldos o porque no pueden aguantar que su prestigio profesional sea pisoteado por las jerarquías partidarias. O también porque su puesto es necesario para algún ´hermano´ afín al gobierno del MAS.
No son pocos los que han cruzado las fronteras para ser recibidos con los brazos abiertos por las entidades e instituciones extranjeras que valoran a los buenos y trabajadores profesionales bolivianos. Bolivia no sólo pierde inversiones, pierde a sus recursos humanos que tanto trabajo y esfuerzo ha costado formar.
¿Con quiénes nos hemos quedado? Es difícil responder, una respuesta válida sería: con ilustres desconocidos; otra, con un grupo de neorevolucionarios comprometidos a muerte con su líder y con un proceso que ellos mismos desconocen; deben ver la televisión todos los días y allí enterarse de qué se trata. Más respuestas válidas quedan a criterio del lector.
Lo cierto es que las entidades más importantes del quehacer nacional y aquellas que son las bases del Estado han sido descabezadas y no se reponen intencionalmente. Tal vez, el ejemplo más dramático es el del Tribunal Constitucional. ¿Cómo es concebible que en pleno siglo XXI un país no tenga en la práctica una entidad encargada de la defensa de los derechos y de las garantías constitucionales? Eso no es todo, Bolivia no tiene electos en el Congreso, es decir, en el marco de las leyes en vigencia, a los directivos de entidades tales como el Banco Central de Bolivia, la Aduana Nacional, Impuestos Internos, Corte Nacional Electoral y otras que son poca cosa para un país que se respete. Además, a la lista hay que sumar a más de diez superintendencias, las cuales no sabemos si siguen, si ya están muertas o si se han transformado. Lo cierto es que muchas de ellas se hallan en un silencio sepulcral, ya sea porque no trabajan, porque es mejor estar ´calladitos´ o porque no se les permite hablar. ¿Quién sabe sea porque son interinos en un país interino?
La falta de respeto a la ley se halla a lo largo de todas estas entidades. Parece que el Gobierno —porque le conviene—, la ciudadanía —porque no le importa— y los empresarios —porque deben salvar sus empresas— han olvidado que en Bolivia, de acuerdo con la Sentencia Constitucional 0018/2007, que es por demás vinculante y que ha costado casi la vida del Tribunal Constitucional, los interinatos no deben durar más de 90 días.
¿Qué quiere decir esta norma? Más allá de reclamar implícitamente por las nuevas designaciones a los responsables de realizarlas, sean de la oposición o del oficialismo, les recuerda que pasado este plazo todos los actos de los interinos son nulos. Es lógico, no se puede concebir que un proceso de designación, aunque sea en el Parlamento, dure más de este tiempo. Todos saben cuándo se termina un mandato constitucional; entonces, no es difícil elegir a los nuevos directivos en el plazo adecuado; ¿también todos saben cuánto son 90 días, verdad?
La pena de esta historia es que todos nos hemos dejado estar. La anomia colectiva, la poca memoria de la historia boliviana, el interés del partido de turno de gobernar por decreto, por encima de las leyes y por encima de la lógica, nos quiere ganar. Quieren que nos olvidemos del Estado de derecho, del imperio de la ley. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a ser un país interino?
*Óscar F. Aguilares ex vicepresidente de la CEPB