El estado plurinacional comunitario

(Cuando el mito sirve para el control absoluto del PODER)Para entender los peligros que significa el Estado de Derecho Plurinacional Comunitario, primeramente tenemos que comprender el sustento ideológico que genera esta nueva categoría jurídica. Básicamente está vinculada a la visión de reivindicación de los pueblos indígenas, en cuanto al reclamo de sus derechos de reconocimiento por parte del Estado, en el marco de su condición de naciones culturales originarias. En tal sentido, el nuevo Estado para el proyecto del MAS, se construye sobre la base de la preexistencia de estas naciones, con el derecho originario de soberanía territorial y cultural.
La premisa que sostiene esta tesis es que, Bolivia es un país con mayoría indígena y conformada por un conjunto de pueblos, naciones y nacionalidades originarias. Esta razón está de acuerdo al último Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001, donde el 62% de la población mayor a 15 años, se autoidentifica como indígena. Esta ficción, producto del trabajo de mas de 20 años realizado por las o­nG´s, ha quedado totalmente refutada por muchos estudios, que nos demuestran que la característica de la población boliviana es básicamente mestiza, entre ellos tenemos el estudio que hace el DFID-PNUD (2005) acerca de la realidad municipal en Bolivia, donde se establece que la población boliviana distribuida en el ámbito municipal, se considera en un 61%, no pertenecer a ninguna etnia. Situación que contradice totalmente los resultados del Censo del 2001.
Para el MAS el tema no pasa necesariamente por un principio de reivindicación social. La reivindicación indígena es un mito ideológico, utilitario y funcional a los fines de construcción de hegemonía de PODER. Es el instrumento para ?desempoderar? a lo que ellos denominan el Estado capitalista-oligárquico, quitándole su base del PODER, el territorio.
En esta construcción mitoideológica del nuevo Estado (dominado por un mestizo, parido por sindicalismo cocalero del chapare y que se autoidentifica como ?indígena?, Evo) el gobierno ha logrado proyectar a Evo Morales ?en su estrategia hegemónica- como la personalización del dios sol (INTI), que viene a recuperar el PODER usurpado por los colonizadores occidentales hace 500 años. En otras palabras, después de la ?entronización de Evo? en Tihuanacu, el Estado Plurinacional Comunitario, se puede entender como la reconstrucción del nuevo incario, donde Evo reencarna a Manko Kapac y las comunidades indígenas con el territorio, se convierten en el espacio donde el ?soberano? ejerce su poder absoluto.
En tal sentido éste proceso, es administrado por los ideólogos del gobierno, a través de la construcción y manipulación de un sincretismo cultural, que nos permite entender, la visión que se plasma en el nuevo proyecto de CPE; desde el preámbulo, pasando por el corporativismo sindical campesino, movimientos sociales urbanos marginales y el comunitarismo indígena. La reterritorialización comunitaria del país, a través de las autonomías indígena originario campesina, responde a esta nueva realidad de Estado, porque finalmente se consolida, bajo el principio de la libre determinación de los pueblos; estas comunidades soberanas son las que delegan y someten su soberanía al ?dios-Evo-Estado?, para el control compartido del territorio. A cambio del sometimiento y servicio a los afanes del PODER, el dios soberano, les reconoce privilegios y derechos especiales para someter a quienes antes fueron sus opresores y verdugos, la cultura occidental blanco-mestiza colonialista, neoliberal y explotadora. Uno de esos derechos y privilegios, es la JUSTICIA COMUNITARIA.
A partir del nuevo Estado que construye el proyecto de CPE, nunca más el blanco-mestizo podrá someter a ningún indígena originario campesino a su justicia colonialista. El soberano, les concede la posibilidad de juzgarse y juzgar, como lo decida según sus usos y costumbres, cada comunidad; y de someter ?además- en sus territorios, a todo aquel blanco-mestizo, que ose atentar o amenazar contra el soberano o contra el proyecto de poder de éstos pueblos. Las instituciones denominadas ?Democracia comunitaria?, ?Control Social? y ?Acción Popular? del nuevo proyecto de CPE se convierten en el instrumento de acción política y represión al pueblo que no comparta esta visión. Esto es lo que finalmente los bolivianos aprobaremos o rechazaremos el próximo Referendo Constitucional del 25 de enero
http://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdEdicion=219&IdSeccion=7&IdNoticia=8818

La provocación como estrategia

Al ver la manera como el gobierno provoca un conflicto tras otro con diversos sectores de la sociedad, fácilmente se puede caer en la suposición de que todo se explica sólo por el carácter impulsivo del Presidente y sus colaboradores, por lo malos que son los asesores que lo rodean, por falta de experiencia o, simplemente, por equivocación. Sin embargo, hay razones suficientes para creer, más bien, que se trata de una bien meditada, planificada y mejor ejecutada estrategia que responde a un doble objetivo: debilitar a las instituciones a las que se enfrenta y dirigir la atención de los medios de comunicación, y a través de ellos de la opinión pública, hacia temas que alejen a la sociedad de aquellos cuya trascendencia es mayor. Asumiendo que ese es el caso, hay que reconocer que el gobierno lo hace muy bien. Basta observar la cantidad de minutos que ocupan los medios audiovisuales o los centímetros de espacio y litros de tinta que dedica la prensa escrita al seguimiento de la agenda informativa impuesta por el oficialismo, para comprobarlo. Titulares, abundantes notas periodísticas, entrevistas, artículos de opinión, conversaciones cotidianas, todo se focaliza en lo que los estrategas gubernamentales deciden. Y así, hasta que se provoque el próximo conflicto, mientras ya al margen de la mirada de la opinión pública, el proyecto político sigue impertérrito su avance. Difícil disyuntiva en la que se pone a los medios de comunicación, pues no es fácil desatender las ofensivas sistemáticas de las que son objeto las principales instituciones del país. Más aún si cada una de ellas va acompañada de acciones de hecho que por encima de las palabras socavan su rol en la sociedad y sientan las bases de conductas colectivas que paulatinamente se van amoldando a situaciones que en otras circunstancias, por inadmisibles, serían rechazadas de plano. Lo que viene ocurriendo con motivo de los ataques desencadenados contra los medios de comunicación y la libertad de expresión, por ejemplo, no es algo ante lo que nadie deba quedar indiferente. Pero tampoco se justifica que se haga del asunto una cortina tras la que pasen desapercibidos los no menos importantes para el futuro de nuestro país. Es pues doble el desafío que se plantea a los medios de comunicación y a la sociedad en general. Ubicar el punto de equilibrio de modo que las provocaciones no queden sin una vigorosa respuesta en defensa de los valores y prácticas democráticas sin llegar a darles más importancia de la que merecen, no es tarea fácil. Pero hay que intentarlo, pues no hacerlo conduce a que, por acción u omisión, se dé pábulo a quienes quisieran ver a sus pies una sociedad sometida
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