Editorial Los Tiempos: Juricidad en jaque

Curiosamente, en la ostensible situación de anomia que vive el país; es decir, cuando el ordenamiento jurídico está en jaque, tanto el gobierno del Movimiento al Socialismo como varios de sus adversarios, pretenden aferrarse a la ley, presentando en todo caso un cuadro digno de figurar en los registros de hechos inverosímiles que ciertas entidades internacionales se ocupan de llevar con asiduidad y esmero. Y es que en circunstancias determinadas, la norma resulta conveniente a uno y otro fin, mientras que en términos generales, no sólo es desconocida, sino pisoteada, tratándose de países desorganizados e incultos como el nuestro, a diferencia de lo que sucede en otras latitudes. Es tal ese estado de cosas que si el propio Presidente de la República confiesa palmariamente que a sabiendas suele proceder al margen de la legalidad, para que luego sus abogados legalicen sus actos, o si sin ruborizarse convoca a no respetar la legislación que califica de neoliberal, cualquier extremo puede esperarse de la sociedad civil, a pesar de lo que ello implica y del costo que demandará revertir a partir del momento en que Bolivia decida incorporarse al mundo civilizado. Así se explica, pues, que quien más y quien menos, se sienta en libertad de hacer lo que le venga en gana, como es factible comprobar cotidianamente con los bloqueos de caminos y las marchas callejeras por todo y por nada; que un equipo militar antiterrorista, dependiente del mismo primer mandatario, según un ex Comandante del Ejército, atente contra un medio de comunicación; que los linchamientos al igual que los atracos se produzcan a plena luz del sol, o que la violencia intrafamiliar, inclusive, sea corriente y natural. Eso en lo pequeño, si se quiere, por cuanto en lo grande, la falta de un mínimo de apego a la ley y la lógica, es más llamativa aún, cual denotan, por citar algo, el juicio criminal incoado por la inefable Ministra del ramo a la vocal del Tribunal Constitucional que osó recordar la jurisprudencia del organismo a propósito del referendo revocatorio, y la amenaza del Vicepresidente de procesar en similar vía a los integrantes de las cortes departamentales electorales que tratan de que el malhadado evento sea suspendido. Ahora bien y por contrapartida, parlamentarios, autoridades regionales, altos funcionarios del sistema eleccionario y hasta ciudadanos de a pie opuestos a semejante descomposición, se hallan también empeñados en promover recursos legales sobre dicho plebiscito y otras medidas gubernamentales arbitrarias, siendo así que el estado de derecho es una figura ajena a la presente realidad, para desgracia de los bolivianos y sus maltrechas instituciones, esperanzados quizá en que la juridicidad acabe por restituirse a despecho de todo cuanto se viene practicando en favor de la preeminencia del más fuerte.

Chaly: No respondo por dinero de Marco Carrillo

Después de que el presidente Evo Morales entregara un cheque de 9 millones de bolivianos a su jefe de campaña en Cochabamba, Marco Carrillo, para la construcción de un complejo hospitalario en la zona norte de la ciudad, el alcalde del Cercado, Gonzalo Terceros, deslindó responsabilidades respecto a la administración de estos recursos y habló de una usurpación de funciones. "Yo como Alcalde me alegro de que venga plata para la región sea del Gobierno o de la Prefectura, pero deslindamos toda responsabilidad del manejo financiero de ese dinero", sostuvo y aseguró que Carrillo tendrá que presentar un informe de estado de cuentas a la delegación diplomática que financia el programa "Evo Cumple". El Alcalde aseguró que harán la supervisión de la obra debido a que participarán en la supervisión técnica, pero aseguró que no supervisarán ni siquiera el proceso de adjudicación de esta obra a una empresa constructora. "Esa obra será entregada a la Alcaldía del Cercado y vamos a certificarla técnicamente antes de recibirla", dijo. Terceros sostuvo que las obras que él ejecuta con los recursos de la Embajada venezolana que le fueron entregados por el presidente Evo Morales. "Todos ellos van a ser concluidos a fin de año, menos el raquet porque hubo un problema de un cálculo de la Embajada de Venezuela". Fuentes del MAS informaron que esta entrega de dinero se realizó para impulsar el liderazgo de Carrillo en la ciudad pues podría ser el próximo candidato del MAS a la Alcaldía del Cercado.

El Presidente es un tirano y hace lo que le da la gana

Tras varias advertencias de juicio de responsabilidades al ex prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, el Gobierno nacional, decidió enjuiciar a la autoridad departamental por delitos de sedición, malversación de fondos y otros, por la fiscalía general de la república, por no cumplir con la ley, sobre todo por la convocatoria a la ratificación o rechazo de los Estatutos Autonómicos, a través del Referendo del 4 de mayo. Vladimir Peña, secretario de justicia de la gobernación, sostuvo que Costas, hasta el momento no habría sido citado a declarar, pero que de antemano se le envió una notificación, además manifestó que si la Fiscalía lo convoca a Sucre asistirá a declarar. De su lado, Costas manifestó que existe una sequía de ideas y principios, de un poco de generosidad y patriotismo del Gobierno nacional, en el que le pidió que dejen de crear odio y que quiten su rencor, que aquellos ángeles de la muerte estarán algún día en el banquillo de los acusados, como los ministros Alfredo Rada, Juan Ramón Quintana y Sacha Llorentti. "Debemos ser claros y precisos, hay un Presidente de la República, se llama Evo Morales Ayma y él es el responsable de todos los males que están ocurriendo en nuestro país", manifestó Costas. En cuanto al juicio de responsabilidades que pesa sobre su persona, que lo acababan de notificar la fiscalía de la república, por varios delitos entre ellos, la realización del Referéndum, pero que pese a ello no han encontrado algún acto de corrupción, ni malversación de fondos, no han encontrado una aguja de contrabando ni un ápice de envenenar con el narcotráfico". Resaltó que siempre se los encontrará con la firmeza que caracteriza a los cruceños, la valentía de hombres y mujeres, que estarán presentes en la defensa como lo hicieron para la batalla de Viru Viru, y como lo harán en defensa de la educación, manifestando que se estaba ejecutando los estatutos autonómicos, a través de la descentralización educativa. Resaltó que a estos educadores no los van a poder prebendalizar, pidiéndoles que no cambien, que continúen con ese ímpetu, puesto que para ellos no existe el cheque venezolano ni la compra de conciencia por la mística y convicción que tienen, "un apostolado de servicios" y que por eso deben continuar formando a las personas con criterio propio, con la libertad de decidir sobre sus ideas. "Sigan sacando bachilleres y profesionales que no tuerzan la ley, porque hemos llegado hasta el improperio de escuchar al Presidente de la República decir que cuando sus asesores le dicen que está procediendo ilegalmente, les instruye que cambien las leyes. Eso es fascismo señor Presidente, no es ignorancia, es querer imponer lo que se le da la gana a un tirano y a un dictador como lo es usted", exaltó Costas, al momento de presentar a los directores distritales, pidiéndole que no saquen rebaño para que no haya alguien que instruya a sus sectores sociales. Notificación no anula decisión del 4 de mayo Tras la notificación que recibió la primera autoridad del departamento, Rubén Costas, el secretario de justicia, Vladimir Peña anticipó que pese a cualquier notificación, el 4 de mayo, el pueblo decidió la puesta en vigencia del texto autonómico y que por lo tanto no hay marcha atrás. La proposición acusatoria contra Costas fue realizada por tres ciudadanos paceños por delitos que van contra las leyes, la que consiste en haber infringido el código penal por haber convocado al Referendo del 4 de mayo, para la puesta en vigencia de los estatutos, porque esta figura no estaría prevista en la Constitución, además de malversación de fondos. Sin embargo, Peña adelantó que la notificación de Costas no ha sido para comparecer, pero que el Gobernador anticipó que se remitirá toda la documentación necesaria. "No es un caso penal es un caso de justicia constitucional, que tiene que ver con la constitucionalidad del Referéndum, porque cumplió con al actual CPE", afirmó Peña, y que por lo tanto no hay nada que preocupe al Gobierno departamental. Sin embargo, resaltó que cuando un Referéndum ya ha sido ejecutado, cuando el pueblo ya se ha pronunciado, como lo hizo el 4 de mayo, no hay tribunal competente que pueda juzgar lo decidido por el pueblo. De su lado, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, anticipó que apoyará todo el proceso que se haga contra Costas y el proceso autonómico. "Vamos a pedir que todos los cruceños defendamos la autonomía y que vayamos cuando lo citen al Gobernador", enfatizó el líder cívico. DATOS CÓMPLICES. Los maestros presentes en el Seduca, manifestaron que acompañarán al gobernador Costas, para declarar ante la fiscalía de la república, puesto que se consideran cómplices de llevar adelante con el Referéndum, puesto que firmaron para que éste se lleve adelante. MAS. El Movimiento Al Socialismo, a cargo de José Quiroz, pedirán que la Corte Nacional se haga cargo del proceso electoral, además anunciaron que tomarán la CDE cruceña si el 10 de agosto toman parcialidad en favor de Rubén Costas. AMPLIADO. Una reunión ampliada que sostuvieron los afiliados a Lucio Vedia, determinaron que las medidas de tomar la Corte Departamental, además del Gobierno departamental, quedó postergada hasta nuevo pronunciamiento de los sectores. ACTORES. Dentro del proceso investigativo del proceso autonómico, Braulio Callisaya y Johnny Callejas y Martín Canasa, fueron los que presentaron la denuncia contra el prefecto, Rubén Costas, Mario Orlando Parada y vocales, por la presunta comisión de delito de sedición, omisión, malversación de fondos y resoluciones contrarias a la Ley. ASAMBLEA. Reunión de directorio cívico determinó Asamblea de la Cruceñidad para esta noche, se espera que todos los sectores, empresariales, sociales, cívicos, vecinales en general propongan acciones inmediatas para la recuperación del IDH, además de movilizaciones a partir de su pronunciamiento.

Roberto Barbery Anaya: Argumentos para rechazar el revocatorio

Los argumentos para rechazar el referéndum revocatorio tienen distinta naturaleza, según los siguientes criterios: a) Argumentos relacionados con la Ley de Convocatoria. b) Argumentos relacionados con el proceso para realizar el referéndum.
Vamos a analizar cuidadosamente los dos ámbitos.
a) Argumentos relacionados con la Ley de Convocatoria:
1.- El referéndum no es una forma prevista en la Constitución Política del Estado (CPE) para revocar el mandato de autoridades elegidas por voto universal y directo. La CPE no establece la figura del revocatorio para interrumpir la gestión de una autoridad elegida por el soberano. Cuando se refiere al referéndum, lo hace de manera general, sin contemplar la figura revocatoria, que en materia constitucional debe ser específica, para no violar el principio de legalidad.
2.- El referéndum convocado mide la popularidad de diciembre del 2005. No mide la popularidad de las autoridades en el momento de realizarse, tergiversando su naturaleza filosófica. Toma como referencia los resultados de las elecciones nacionales y de prefectos del 2005, prestándose a burlar la voluntad popular en agosto del 2008, y desvirtuando el principio de respetar la mayoría absoluta de votos, común a toda consulta plebiscitaria.
3.- El referéndum convocado no es equitativo con las partes que intervienen. Mide la revocatoria del mandato de distinta manera, según se trate de las autoridades nacionales o departamentales, arrastrando el vicio señalado de tomar como referencia los resultados de las elecciones de diciembre del 2005. Así, los prefectos pueden ver revocado su mandato aún recibiendo el respaldo de la mayoría absoluta de los votantes de sus jurisdicciones electorales, mientras que el Presidente de la República puede ser ratificado aún si la mayoría absoluta de los bolivianos vota por su revocatoria.
4.- El referéndum convocado hace juicios de valor para formular las preguntas. En la formulación de las preguntas de un referéndum se debe cuidar de no utilizar términos que puedan violentar un marco elemental de ´neutralidad política´, evitando juicios de valor que puedan orientar el voto. En ello radica la naturaleza institucional de un plebiscito. Sin embargo, en el referéndum convocado, al momento de formular la pregunta para considerar la revocatoria del mandato del Presidente y del Vicepresidente de la República, se califica de oficio como un ´proceso de cambio´ la gestión gubernamental que se examina. El exceso no se repite en el caso de la pregunta formulada para considerar la revocatoria de los prefectos.
b) Argumentos relacionados con el proceso para realizar el referéndum:
1.- Cuestionamientos en el Padrón Electoral, en la carnetización y en la imparcialidad de la Corte Nacional Electoral (CNE). Un proceso electoral es básicamente un proceso de confianza social. Desde que se inicia, con su convocatoria, pasando después por su administración, hasta llegar a su conclusión, que causa estado. Desde la restauración de la democracia, es la primera vez que un proceso electoral genera tanta desconfianza, con cuestionamientos sobre el Padrón Electoral, la carnetización de ciudadanos y la propia imparcialidad de la CNE. El hecho puede ser decisivo para condicionar la legitimidad de los resultados.
2.- Inexistencia de Tribunal Constitucional y resoluciones que ponen en duda la continuidad legal del referéndum.
La irregularidad de este proceso electoral tiene un vicio de origen: la inexistencia de un Tribunal Constitucional que pueda ejercer el control de constitucionalidad, considerando los cuestionamientos a la Ley de Convocatoria del Referéndum. A ello se suma la existencia de una resolución de la única magistrada en ejercicio del Tribunal Constitucional que pone en duda la continuidad legal de los actos jurisdiccionales de la CNE.
*Roberto Barbery A.

Editorial La Razón: El Presidente y la legalidad

Si algún ministro o funcionario de alto rango hubiera afirmado lo que ha dicho el Presidente de la República el lunes en Cochabamba, habría sido suficiente motivo para que la opinión pública, escandalizada, lo censurara y pidiera una aclaración. No menos puede pensarse de la inconcebible confesión del Primer Mandatario de la Nación sobre cómo se actúa utilizando medios ilegales para, después, blanquear esas acciones a través del equipo de abogados del Gobierno.
Esta declaración, como casi todas las que pronuncia el presidente Evo Morales en sus periódicos desplazamientos al interior del país, ocupan las primeras planas de los medios de comunicación y tienen repercusiones también fuera de Bolivia. Afirmaciones como la señalada al principio no hacen sino espantar la necesaria inversión foránea: ni el capital más osado se arriesgaría a invertir en una nación cuyo Presidente sostiene que “a veces hay que empezar aunque sea errando, errando y en el camino mejoraremos, y en el camino legalizaremos, y eso para acelerar nuestro trabajo como gobierno”.
Se ha dicho con mucha frecuencia que en Bolivia no existe seguridad jurídica, pero el Gobierno ha salido al paso asegurando que la inversión privada está garantizada. Poco después, extraviándose en el marco jurídico nacional, ha terminado ejecutando medidas nacionalizadoras o estatizantes que, efectivamente, tienen que ir a parar a manos de los abogados presidenciales para deshacer verdaderos entuertos legales.
El Presidente ha calificado como una “lamentable verdad” el hecho de que si se respetan las leyes, no se podrá llegar al “cambio” que se ha propuesto encarar. Por lo tanto, su gobierno alienta la aprobación de otra Constitución Política del Estado, con las fallas que pueda tener, sujetándose a la premisa de que es mejor errar para componer después. Pero es que, por ejemplo, una Carta Magna no se puede redactar coyunturalmente y cambiar cuando conviene a la administración de turno, como parecen advertir las palabras del Mandatario.
Morales también ha indicado que “por encima de lo jurídico es lo político”, y, por eso, entonces aseveró que “yo lo meto (él realiza acciones políticas), por más que sea ilegal”. Esta es la parte más imprudente de sus recientes aseveraciones en Cochabamba. Si un Presidente de la República se atreve a proclamar semejante frase, ¿qué autoridad tiene para exigir que nueve millones de bolivianos cumplan con las leyes nacionales?
Si no vale la normativa constitucional vigente, si el primer ciudadano de este país descree del marco legal que, entre otras cosas, asegura el respeto de los derechos, deberes y garantías de la población en una sociedad democrática, ¿qué le queda a Bolivia, si no el caos institucional y valores diezmados?
Luego de lo manifestado por el Presidente, ¿no afecta en el proceso de referéndum revocatorio aquello de que las cargas se arreglan en el camino? ¿Cree Evo Morales que la oposición no ha tomado nota de que las ilegalidades no importan si los buenos abogados las componen? ¿Componerlas cuándo?, ¿cuando la consulta popular del 10 de agosto haya pasado?
Al margen de la ingenuidad, lo dicho por Morales merece el agradecimiento de todos los bolivianos, que sospechaban de irregularidades y sólo esperaban este gesto confesional.

Federación de Empresarios Privados de Oruro: Incertidumbre política fue provocada por el gobierno al no respetar la ley

La incertidumbre política fue provocada por el gobierno de Evo Morales Ayma, porque desde el principio de su gestión no respetó las leyes en el país, priorizando lo político, antes que lo económico, en vez de garantizar la paz, la tranquilidad y la producción.El país se encuentra sumido en una incertidumbre política, ya que nuevamente se prioriza lo político ante lo económico y se desconoce el curso que tomará el referéndum revocatorio, manifestó el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Oruro, Luis Ramiro García.Indicó que el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y de la normativa legal vigente debe ser el norte para que todo el país se rija mediante las leyes, pero si el presidente no cumple las leyes, Bolivia se convertirá en un caos.“Si el referéndum revocatorio es llevado, de una manera que no es legal, no debería llevarse a cabo, ya que provocará más enfrentamiento y confrontación, pero sobretodo perderá legitimidad cuando se tengan los resultados, tanto de ganadores como de perdedores”, explicó.Mencionó que incluso existen problemas de padrón en la Corte Nacional Electoral, lo que provoca que se tengan dudas acerca de la legitimidad de un proceso electoral que debería ser transparente.Acerca de las acusaciones por parte del Presidente de la República, hacia el sector privado, calificándolos de boicoteadores dijo que no debería mezclar esas cosas, ya que el boicot es una acción que trata de evitar algo y el deseo de que se cumpla la ley no es un boicot.“Los bolivianos debemos cumplir la ley y si logramos eso podremos convivir en paz y lograremos grandes soluciones para sacar el país adelante en lugar de dividirlo y enfrentarlo entre bolivianos”, afirmó García.

Nava tenía contactos con el Palacio de Gobierno

El celular del subteniente Georges Nava Zurita —principal acusado del atentado al canal 4 de Yacuiba (Tarija)— tenía registrado el número del Palacio de Gobierno y el celular del canciller David Choquehuanca, según informaron a este medio fuentes de la investigación del caso.
Este medio llamó ayer al número 2-153859 para comprobar la veracidad de la información. Después de que la llamada ingresó, una voz de un varón contestó: “Comandante de guardia de Palacio, buenas noches”.
Asimismo, el número del celular de Choquehuanca que brindaron a este medio las fuentes, coincide con el número al que La Razón llama generalmente para conversar con el Canciller.
Al margen de estos números, la información revela al menos 25 números celulares con los que Nava tuvo contacto, entre ellos se encuentran presuntamente gente de Venezuela, de Cuba, de un dirigente del MAS y de otros varones que sólo se los nombra a través de seudónimos.
“Gabriel Venezuela” es una de las personas con las que habló a la 1.49 del 21 de junio, cuatro horas antes del atentado, según revelaron las mismas fuentes.
Coincidentemente, en uno de los contratos que hizo la empresa Imbex Rent a Car con la Embajada de Venezuela por el alquiler de una vagoneta Nissan, aparece el nombre de Gabriel Óscar Steinber como el arrendatario.
Asimismo, en el celular de Nava aparecen tres mensajes de texto: “Estamos en El Alto”, “Ahora vamos a Tarija a defender a nuestro campesino” y “Cuídate amorcito por favor”.
Por otra parte, ayer el fiscal asignado al caso, Diego Choque, sostuvo que el grupo de personas implicadas en el atentado son de escasos recursos y sus acciones eran financiadas por alguna instancia aún desconocida.
Este grupo fue aprehendido paralelamente a la captura de Nava. Sus integrantes portaban panfletos en contra del referéndum autonómico de Tarija (22 de junio), armas y explosivos.
“Son personas, en su mayoría, de escasos recursos económicos. Si es así, entonces cómo tienen dinero para movilizarse, para los hoteles, para tener explosivos”, cuestionó Choque.
Se presume que la organización actuó antes en un atentado similar en Montero (Santa Cruz) el 4 de mayo, en el que una niña salió herida por una explosión.
La relación de los hechos y las fechas en que actuaron hacen presumir, según Nava, que también estas personas estuvieron en otras ciudades del país como Beni, Pando y Chuquisaca, pero aún no está confirmado oficialmente.
Consultado sobre el accionar de este grupo, el fiscal relató que, en el caso de Yacuiba, llegaron a la población en diferentes medios de transporte, en diferentes días y los grupos que arribaban eran máximo de seis personas. “Eso pudieron hacer en otras oportunidades”, advirtió.
Choque afirmó que se trata de un grupo muy bien organizado. Asimismo, existe la probabilidad de que hayan cuentas financieras privadas para solventar esas acciones, pero aún se investiga.
Agregó luego que los primeros días de agosto habrá dos audiencias de cesación de detención y de consideración de medidas cautelares, en las que Nava y el otro acusado, Rolando Enríquez, no están considerados.
Colorados tiene a Flores, dice el fiscal
Una información extraoficial revela que el subteniente Ramiro Flores Montaño, implicado en el atentado en Yacuiba y actualmente prófugo, estaría en el Regimiento Colorados, según reveló el fiscal Diego Choque.
“Tengo información extraoficial de que Flores Montaño estaría en Colorados, pero eso hay que investigar”, precisó.El ministro de Defensa, Walker San Miguel, afirmó el martes que no se recibió ninguna citación para Flores, quien estaba en su respectiva guarnición militar. Anunció que en cuanto reciban una, él autorizará que el militar declare.
Choque anunció que hasta el viernes hará llegar un nuevo requerimiento al Ejército y, a través de la Fiscalía de Distrito, al Ministerio de Defensa.
El senador de Podemos Róger Pinto dijo a ANF que actualmente las Fuerzas Armadas obstaculizan la investigación, porque “están encubriendo a Flores Montaño y a Ronald Valdivia (el tercer implicado)”.

El revocatorio deriva en una guerra de juicios y amenazas

Las dudas y cuestionamientos que se ciernen sobre la constitucionalidad del referéndum de revocatoria de mandato han provocado la formación de una maraña judicial de amenazas de procesos contra los vocales de la Corte Nacional Electoral (CNE) y las cortes departamentales que rechazan la consulta.El gobierno, a través del vicepresidente Alvaro García Linera, anunció un juicio de responsabilidades contra los vocales que se nieguen a administrar el revocatorio.“El Congreso Nacional no descansará ni un solo minuto, hasta obtener una sentencia que sancione a estas personas que están infringiendo la ley”, dijo el Vicepresidente. El Segundo Mandatario se refirió así a la posición expresada por el presidente de la corte departamental de Santa Cruz Mario Orlando Parada que se negó a asistir a una reunión con el presidente de la CNE, José Luis Exeni, el día de ayer.Parada a nombre de la Corte cruceña presentó una demanda contra el revocatorio ante el Tribunal Constitucional.ADVERTENCIAGarcía Linera dijo que los vocales departamentales deben dejar de lado sus intereses personales y políticos “porque serán pasibles a sanciones (…) y serán enjuiciados con responsabilidad civil, por el daño económico al Estado y por delito penal”.Para el Segundo Mandatario el daño económico provocado por la suspensión del revocatorio será de 69 millones de bolivianos. Pero si eso pasaba en La Paz, en Sucre el diputado por Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo, presentaba una demanda contra el presidente de la CNE, José Luis Exeni y su colega Jerónimo Pinheiro, por desacato a resoluciones constitucional y por dictar resoluciones contrarias a la Constitución.Murillo dijo que Pinheiro debe renunciar a la CNE para mantener coherencia con su posición de solicitud de suspensión del referéndum de revocatoria de mandato.Desde la prefectura de La Paz, el abogado Eduardo León, mostró copias de al menos 40 mil casos de doble identidad y adulteración de documentos como “reverendas pruebas de un fraude” que supuestamente el MAS pretende perpetrar el 10 de agosto.León dijo que “Exeni debe comenzar a correr el 11 de agosto porque lo vamos a perseguir hasta meterlo a la cárcel de San Pedro”.Por su parte el presidente de la república Evo Morales denunció un supuesto complot para forzar la renuncia de vocales de la CNE.“Ahora están queriendo obligar algunos prefectos a que las cortes departamentales electorales a renunciar para no implementar (el referendo revocatorio) en algunos departamentos”, dijo Morales a tiempo de reiterar su decisión de someterse al revocatorio del 10 de agosto.CORTESSin decisiones y con absoluta prohibición de formular declaraciones sobre los temas abordados en la oportunidad, los presidentes y representantes de las cortes departamentales electorales de La Paz, Oruro, Cochabamba, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca declararon alrededor de las 21.40 un cuarto intermedio en la reunión que sostienen con el presidente del organismo nacional, José Luis Exeni, aunque trascendió que hay consenso para llevar adelante el referendo revocatorio del mandato popular.La sesión se reinstalará desde las 09.30 de este jueves en la sede de la Corte Nacional Electoral (CNE), aunque trascendió que el motivo para la interrupción de este encuentro consiste en que se espera la presencia de los delegados de la corte cruceña, quienes probablemente lleguen a La Paz para negociar algunos términos relativos a la realización del mencionado plebiscito.En realidad, el presidente de la Corte de Oruro, David Apaza abandonó la sesión en dos oportunidades. Al salir por vez primera de la sala de sesiones, declaró que existía pleno consenso entre los asistentes a la reunión para llevar adelante la consulta popular.Inclusive, autoridades de la Corte de Potosí, quienes no pudieron llegar a La Paz a causa de los bloqueos de caminos, anunciaron que a través de una resolución están dispuestas a llevar adelante el proceso de consulta popular, en el que se pondrá en tela de juicio la continuidad de las funciones del presidente Evo Morales, el vicepresidente Alvaro García Linera y ocho prefectos de departamento.Apaza abandonó el encuentro cuando fue convocado para firmar un documento de acuerdo, que contenía algunas recomendaciones para que el Parlamento modifique la Ley de convocatoria correspondiente, particularmente en lo que concierne al porcentaje de votos que se requiere para que el mandato popular de una autoridad electa sea revocado.