BOLIVIA Y SUS REFERENDOS

EDITORIAL
Bolivia y sus referendos
Alejandro Deustua 11 de Agosto de 2008
Así como el golpe de Estado no es un instrumento viable para cambiar un gobierno en América Latina, el empleo por éste de la movilización popular sirve para sostenerlo a pesar de su pésima gestión. Esto último ha ocurrido en Bolivia con la celebración de un nuevo referéndum de muy dudosa legalidad aunque de gran concurrencia ciudadana.
Si bien la movilización pude haber liberado presión política sobre autoridades centrales y regionales, el resultado de la consulta no ha hecho más que incrementar estadísticamente la base popular de los dos polos confrontados sin que emerja fuerza o elemento de mediación alguna. La capacidad de confrontación se ha incrementado, por tanto, añadiendo empuje a las fuerzas que ha desatado, de manera deliberada, la gestión de Morales desde que tomo posesión del cargo en el 2006.
Tales son las consecuencias del abuso de la democracia directa cuando se la manipula para "agudizar las contradicciones" mientras las instituciones de la democracia representativa son demolidas. No obstante ello, y de carecer de marco constitucional adecuado, el referéndum boliviano ha sido avalado por cientos de observadores extranjeros, incluidos los de la OEA, cuyos principios rectores han transitado, en media década, hacia un expeditivo pragmatismo.
Este juego de poder carente de normas en un escenario de creciente polarización de fuerzas ciertamente no puede ser celebrado como un triunfo democrático. Y menos si los confrontados concluyesen que el mayor volumen de votos logrado implica un mandato para llevar a cabo una revolución socialista indígena (en el caso del gobierno central) o una revolución liberal autónoma (en el caso de los departamentos del Oriente).
En efecto, el carácter excluyente de los respectivos alineamientos impide la obtención de una mayoría nacional para un proyecto nacional. Si las autoridades bolivianas piensan lo contrario, la implosión de su pauperizado Estado no tendrá que dar muchos pasos más antes de desempeñarse.
Bajo estas condiciones, el único camino sensato es el de la negociación entre las partes. Para proceder a ello el señor Morales debe entender que no es un Jefe de Estado que comanda una soberanía interna indisputada (para empezar, no puede concurrir libremente a la capital política del país) y los gobernadores regionales no pueden seguir cabando una trinchera cuya profundidad termine desprendiéndolos del territorio al que pertenecen.
De otro lado, teniendo en cuenta la vocación transnacional de la política exterior boliviana (la "diplomacia de los pueblos") los países vecinos deben presionar a Bolivia para que abandone las implicancias más perniciosas de la misma (en especial la filiación venezolana que convierte a ese país en puntal andino de una indeseada zona de influencia caribeña). Y que Brasil, Argentina y Chile recuerden que el amigo Morales y sus peculiares características no es el Estado boliviano con el que deben mantener relaciones.
Si ello no ocurre, la región permitirá que una de sus más pequeñas unidades políticas incremente la vulnerabilidad colectiva en un contexto cada vez más inestable. Las responsabilidades del caso están a la vista.

La credibilidad en el Referéndum revocatorio

La credibilidad pública en el referéndum revocatorio de mandato popular ha sufrido un grave quebranto. No puede entenderse de otro modo que la misión de 125 observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) haya detectado 40 irregularidades, habiendo cumplido esa labor en el 10 por ciento de las 4.000 mesas de votación.
Con estos datos, nadie podría condenar a quienes se sintieron indefensos, y hasta indignados, al conocer el informe emitido al respecto por ese organismo internacional.
La verdad incontrastable es que los numerosos procesos electorales que se realizaron en los últimos 17 años en Bolivia fueron impecables, sin mancha ni sospecha alguna. Esto se debe a que, como expresión fundamental de la democracia, el Congreso Nacional, yendo más allá de la pluralidad partidaria, optó por constituir a las cortes electorales con ciudadanos intachables, y, así, éstos fueron reconocidos como "notables".
La primera prueba de fuego se dio en 1991, con las elecciones municipales de diciembre de ese año. A pesar de que los vocales de las cortes fueron nombrados en septiembre, pudieron inaugurar una nueva época en el país: la garantía de que las elecciones pueden ser limpias y ejemplares. De esa manera, quedó atrás la ominosa memoria de lo que ocurría antes, cuando se llegó a hablar incluso de la "banda de los cuatro".
Si como dice el informe de la OEA, el referéndum del domingo, en promedio, fue correcto sólo en el 90%, ¿qué se puede esperar que haya ocurrido en el restante 10%? ¿Cuán decisivo puede ser este porcentaje para definir una votación popular? O, si no fuera definitorio para la continuidad o la revocación de una autoridad, ¿acaso no se ensucia un proceso electoral que siempre, en toda época y bajo cualquier punto de vista, debe ser intachable? El presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Exeni, insiste en que "el proceso técnico fue impecable". Pues, aunque se esfuerce, los números lo desmienten.
La situación se torna tanto o más alarmante que atendiendo los anteriores datos cuando la OEA estableció que en el 32% de las mesas hubo casos de restricción al voto, por problemas con el Padrón Electoral y otras razones, y que en el 9% el sufragio no pudo ser secreto. Peor todavía, el escrutinio no fue el adecuado en el 11% de los casos, según dicho organismo, porque únicamente en el 89% de las mesas de sufragio observadas se lo realizó siguiendo los procedimientos legales.
También se contabilizaron casos menores, indulgentemente comparados con los antes señalados. En el 30% del interior y alrededores de los recintos de votación hubo evidencia de propaganda electoral y en el 5%, las papeletas no fueron supervisadas ni protegidas de forma apropiada.
El informe de la OEA, por hallarse sustentado en números, si no resulta contundente para cuestionar la validez de este acto electoral, al menos demuestra que se han roto los sistemas institucionales por los cuales se garantizaba la limpidez de los procesos eleccionarios, partiendo de la correcta identificación documental de los votantes, pasando por el cumplimiento de las normas del Código Electoral y concluyendo en el Padrón, cuya credibilidad nunca puede estar en tela de juicio.
No es el caso. En el referéndum revocatorio faltó transparencia.

La magistrada Salame denuncia que es amenazada de muerte

La ministra del Tribunal Constitucional (TC), Silvia Salame, denunció este miércoles que recibe constantes amenazas de muerte y manifestó que consideró buscar asilo en alguna embajada para proteger su integridad física y la de su familia.La autoridad del TC acusó al gobierno del presidente Evo Morales de descabezar a este organismo para que no se pronuncie jurídicamente sobre el texto constitucional que pretende aprobar el gobierno del MAS.La autoridad hizo esta denuncia durante su declaración informática ante Comité de Ministerio Público y Policía Judicial de la Cámara de Diputados, que la procesa por supuestos delitos de prevaricato, usurpación de funciones y perturbar e impedir funciones públicas en los que habría incurrido.“Quiero decir que he sido víctima de persecución, agresión y humillación”, dijo Salame a la diputada Lourdes Millares (Podemos), a tiempo de manifestar que el juicio que le fue instaurado en su contra por el gobierno es político.Explicó que como magistrada del TC hace un control de constitucionalidad y no de legalidad, por lo cual no podía dictar resoluciones contrarias a la ley y menos ser procesada por prevaricatoPor esta razón pidió garantías personales y no descartó la posibilidad de asilarse en una legación diplomática como perseguida política. Reiteró que sus líneas telefónicas están intervenidas y que recibe amenazas de muerte cada día.“Todo el país sabe que el TC se constituyó para el actual gobierno en una piedra en el zapato” dijo a tiempo de recordar que desde mayo de 2006 el Poder Ejecutivo “les dio la contra por no emitir fallos a la carta”, como el Ejecutivo pretendía.“El gobierno quería que cuando tenga que analizarse su propuesta de Constitución no haya un TC que pueda hacer el control constitucionalidad y es así que se empezaron a fabricar juicios contra los magistrados (del TC)”, remarcó.