A pesar de que en el Congreso Nacional se aprobó una ley especial para la realización del referéndum revocatorio, eso no elimina el carácter anticonstitucional de éste, porque el artículo 4º de la Constitución Política del Estado (CPE) vigente, al instituir dicho recurso, en su Ley General, no se refiere a la revocabilidad del mandato.
Por tanto, la primera observación que subyace en el revocatorio es que afecta a la estabilidad de los poderes del Estado, cuyo mandato es de cinco años. En el caso de los estatutos autonómicos, sólo se trata de documentos procedimentales, los que, en la gradación de la legalidad, tienen un valor secundario. Además, están todavía sujetos a ser modificados, cuando la CPE sea producto de un consenso, sustentado en el cumplimiento del requisito de los dos tercios de votos en la aprobación de cada uno de sus artículos.
Tiene que estar entendido que cuando se apruebe la CPE consensuada, se tendrán que incluir las competencias que se les reconocerán a los departamentos autónomos, de manera que muy bien puede decirse que los estatutos aprobados en los referendos departamentales están aún a medio camino.
El apremio que hubo para realizar estas consultas se originó en el hecho de que en el proyecto de CPE del MAS no se incluyen las competencias; en cambio, se crean seis niveles de gobierno a nivel departamental, en desmedro de las autonomías departamentales y municipales, según el estudio que hizo el constitucionalista Juan Carlos Urenda Díaz.
Aparte, hubo otro apuro fundamental para proceder con los referendos de los estatutos. De manera atentatoria al sistema democrático, el MAS aprobó en el Congreso la Ley del Referéndum Dirimitorio para encaminar, mediante el voto, su cuestionado proyecto de Constitución. En este punto, hay que recordar el comportamiento escandaloso que tuvo el vicepresidente Álvaro García, de dejar en su oficina a los senadores que había convocado engañosamente para una negociación, mientras que él se dirigió al hemiciclo parlamentario para hacer aprobar dicha ley, llenar el recinto con los adeptos del MAS y, por último, cercar el edificio congresal con sus activistas, los que se dedicaron a golpear a dos diputadas opositoras y a periodistas.
En cuanto a las perspectivas que tendría el referéndum revocatorio, aparte del vicio constitucional antes apuntado, no resolverá los problemas políticos del país; más bien, los agravará. Además, de inicio, el oficialismo ha planteado la consulta con una pregunta incongruente, nada clara y, finalmente, tramposa, pues no condice con la llana intención de llevar a votación la posibilidad de revocar los mandatos del Presidente, del Vicepresidente y de los prefectos del país.
Concretamente, el elector puede estar de acuerdo con el "proceso de cambio", pero no con el Presidente y el Vicepresidente. El referéndum tiene que ser para ratificar o cambiar a las autoridades, no para pronunciarse por "la continuidad del proceso de cambio", como desacertadamente se puede leer en la primera de las preguntas que tiene la boleta de votación.
Antes de ir al referéndum, lo que debe definirse con claridad es si se quiere un diálogo honesto, que sea parte de un acuerdo nacional, o, de lo contrario, llevar al país a la confrontación.
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