Winston Estremadoiro: La ciudad del aroma

Me embeleza el embrujo de una dama de la noche, aclarando que es una mata obsequio de un jurisconsulto que recordaré siempre, como a los que me regalan plantas o libros, cuyas flores emanan fragantes efluvios nocturnos en mi jardín. Semejante trasfondo consiente preguntar si existen ciudades perfumadas, tal como se dan aromas diferentes entre los humanos. No se requiere don de Grenouille, protagonista de la novela El Perfume de Patrick Susskind, para percibir que las personas huelen diferente, no sé si por dieta o por raza; quizá ambos. Recuerdo a una gringuita que observó que mi cuerpo olía a acero, ojalá toledano; ella emanaba aroma de leche y romero. Envidio a un compositor brasileño celebrando el "corpo cheiroso" de una mulata. Ah, la fragancia a cusi y tarope de la cambita saliendo del arroyo a la hora de la oración. En el léxico de los tiempos, es k"ara un amigo que se califica paceño y bolivarista por la gracia de Dios y para envidia de todos ustedes. No le cayó bien que en bando de alguna fiesta fuese nombrado cónsul de Indianápolis en la Llajta. Algún hipócrita fariseo tildará de racismo ese estereotipo liviano de arrimados que confluyeron primero a la hoyada paceña, luego a la creación artificial en que dividieron la gran Chuquiago. Hoy tienen a la sede de gobierno cautiva de sus montoneras oclusivas. En sufrido tiempo de cartonero, bastaron travesías en busetas públicas a cobrar a mis clientes en ese inmenso caserío, para fijar en mis fosas nasales su pungitivo aroma, que un ocurrente Paulovich llama la variante aymara del perfume Jean Patou. Ni estereotipo prejuicioso ni racismo desbocado se sustrae a evidencia olfativa de la suciedad incivilizada que dejaron a su paso por La Paz y en pleno centro neurálgico de la sede de gobierno y sus alrededores, las hordas subvencionadas y aleccionadas por el mismísimo Evo Morales. Desde el inicio de su marcha en Caracollo para chantajear la aprobación de su Constitución, hasta su bailoteo triunfal frente al Palacio Quemado. De tal olorosa situación comentaba un amigo desde límpidos aires de Portland, en Estados Unidos. Se preguntaba que si el gobierno sufragó agua, comida, viáticos, banderas, camaretas y pasacalles, cuando no infusiones de té y alcohol para calentar efusión partidista, ¿por qué no suministró inodoros portátiles para paliar la contaminación líquida y sólida de turbas que, no siendo querúbicas, orinan y defecan? La prensa comentó de la veintena de toneladas de basura que los marchistas excretaron en la Plaza Murillo, que ahora bien podía llamarse Plaza Tufillo. Fotos registran el desparpajo de media centena de mineros rociando manguerazos no para lavar la catedral metropolitana. ¿Y las cholas tapadas por sus polleras que se sientan a salpicar y pedorrear adonde fuera? Según la Alcaldía de La Paz, cinco baños municipales estaban abiertos gratuitamente para los marchistas. Imagínense, si fueron cien mil daba a veinte mil por baño; digamos que la mitad tomaron dos minutos para el número uno: se necesitaban más de 800 días. Digamos que la otra mitad tomó cinco para el número dos: necesitaban más de 2.000 días. De todas maneras, el mandamás se lavó las manos diciendo que los marchistas "no utilizan estos baños porque buscan ir al lugar más cercano". Y los paceños felices con el buqué... No llego a desear, como mi amigo en Oregón, que un ataque de diarrea general frente al palacio de gobierno hiciera que los diarios del mundo arrancaran con titulares como "La Paz invadida por decenas de miles que hacen el número dos, y Evo no proporciona inodoros". De todas maneras, tal es la infatuación con el narcisista indigenista boliviano, que algún reportero propondría envasar el aroma para hacerlo ingrediente secreto de alguna loción, que alguna viuda francesa bautizaría Evocacauxo algo así. No faltará socialista de cafetín y corazón sangrante que salga al frente con que los efluvios de la Plaza Murillo son la fragancia de la pobreza. Yo, que concuerdo con que tal triste condición humana tiene aroma, respondo que cuando acabe la quimera populista de Evo Morales, apuesto a que habrán aumentado los espectros del norte de Potosí pidiendo limosna en las calles. Porque no será con marchas estridentes que cesará la inflación. Ni con bloqueos malolientes que se crearán empleos. Salvo las pegas de asalariados pongos políticos a los que se permite mancillar plazas; y las nóminas de sus pares étnicos y de clase los humildes barrenderos, casi siempre mujeres que limpian las cochinadas en la madrugada. Propongo que como Nueva York se subtitula la Gran Manzana, París la Ciudad Luz y Río de Janeiro la Cidade Maravilhosa, la sede de gobierno de Bolivia sea promovida como la Ciudad del Aroma. Y los que inicien los trámites sean los ilusos que movieron cielo y tierra para que otorguen el Nóbel de la Paz a Evo, más sus adulones de la Alcaldía paceña. Ya que está probado que la Ciudad del Aroma es una versión moderna de la sitiada por Túpac Katari, y la nueva Constitución sanciona zonceras como 36 idiomas oficiales, ¿por qué rehúsan dar a la Ciudad Blanca, Sucre, la capitalidad plena? Claro, habría que blindarla contra las montoneras. Cito dos ejemplos. Decía Allende que se hería a Chile y a todos los chilenos si las huelgas duraban largo tiempo. ¿Acaso no rige lo mismo para bloqueos, marchas y cercos, "pacíficos" hasta que un cobarde lanza sopapo a mansalva a una diputada de oposición? Una sencilla y laboriosa Bachelet arenga que nada puede estar por encima de la ley: ¿le vale un pepino al imitador yesca de Hugo Chávez? En este país de ilusiones, vaticino que el celebérrimo Evo Morales será uno más de la galería de antihéroes que mantienen al país en la miseria y la inestabilidad, sin que la ignorancia interna y la obnubilación externa permitan ver su verdadera faz. winstonest@yahoo.com.mx
http://www.lostiempos.com/noticias/31-10-08/31_10_08_pv1.php

Editorial La Patria: El estado de derecho

Un conflicto de poderes en medio de una maraña judicial” como calificó a la situación actual un parlamentario de Oruro, tiene mucho que ver con el Estado de Derecho que está siendo vulnerado con una serie de argumentos que al ser manejados políticamente están generando reacciones de rechazo y también de confrontación entre segmentos de nuestra sociedad civil.Hay que convenir que fuera del problema específicamente de Pando, el tema de su Prefecto, la detención tipo secuestro de muchos ciudadanos y su exilio en un cuartel militar próximo a La Paz, es necesario analizar el Estado de Derecho que rige en el país y distinguir con claridad el cuestionamiento legítimo y democrático a disposiciones judiciales, entendiendo que su acatamiento es parte legal de cualquier proceso, lo contrario es violar la Ley.Si bien es cierto que algunas decisiones del Tribunal Constitucional o de otra instancia superior pueden ser cuestionadas por no ser adecuadas o correctas y disponerse abiertamente su desacato e incumplimiento que de prevalecer por la presión de un poder del Estado, alienta el quiebre del Estado de Derecho afectando además la independencia judicial.El incumplimiento a disposiciones legales emitidas por una instancia jerárquica del Poder Judicial no puede ser rechazada, por tanto su ejecución es de orden perentorio y en caso de no cumplirse abre la posibilidad de que se actúe al margen de la Ley, lo que significa desacato y consiguiente sanción a los que resultasen culpables de trasgresión a las garantías constitucionales.En el caso específico del recurso legal interpuesto por la defensa del Prefecto de Pando y que surtió efecto legal, se están utilizando algunas argucias y no menos “chicanas” desde el frente oficial para evitar el traslado de un inculpado sin juicio desde un penal en La Paz a jurisdicción del Fiscal General en Sucre.Lamentablemente autoridades en cargo viceministerial eluden el cumplimiento de medidas precautorias dictadas en instancia jurídica superior alegando ciertas fallas de procedimiento que en realidad sólo deberían ser cuestionadas, anuladas o corregidas en la instancia del Tribunal Constitucional que como se sabe no está funcionando por no tener quórum suficiente al no designarse a sus miembros titulares y suplentes.Dada la actual situación de manoseo y trasgresión a las disposiciones legales es cuando hace más falta el Tribunal Constitucional que debería ser repuesto con voluntad política en el Congreso para garantizar los derechos ciudadanos en su generalidad, sin exclusiones y menos con fallos parcializados o con otras medidas que alteran el orden constituido.Si no se respeta el Estado de Derecho y se mantiene el estado de caos y de anarquía, lo que sucede es que ante el estupor de la ciudadanía se están poniendo en riesgo las leyes que son base y fundamento de la democracia, el desacato anunciado por una autoridad de mando medio es nada más que una muestra de la “judicialización de la política” con fines estrictamente partidarios, que no corresponden, valga la redundancia a un Estado de Pleno Derecho. Vale la pena recordar que en régimen democrático, como el vigente, no es admisible que el Gobierno actúe como único juez, censor de fallos judiciales y de los actos de los ciudadanos, determinando sin juicio previo la culpabilidad de quienes no comulgan con su línea política, lo que se constituye en una seria amenaza a las libertades conferidas en la Carta Magna, la vigente y la nueva.
http://lapatriaenlinea.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2552&Itemid=33

La esencia del proyecto del MAS

Entre los 411 artículos del proyecto de Constitución Política del Estado propuesto por el MAS, hay dos que significan la quinta esencia del plan político que aspira a consolidarse en enero próximo. Se trata de los artículos 135 y 136, contenidos bajo el rótulo de “Acción Popular” en la Sección VI, los mismos que en la anterior versión llevaban los números 136 y 137. Lo que dicho de manera sintética se establece a través de ellos es que “la Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos. (…) Podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza (…) sin que sea necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir”. Así, nada más ni nada menos, se da rango constitucional a la acción de las turbamultas que, como nos consta en virtud del rol protagónico que juegan en la vida nacional desde hace algunos años, se yerguen en jueces supremos de cuanto se hace o deja de hacer en nuestro país. La importancia de esta disposición radica en que permite, sin necesidad de “agotar la vía judicial”, que cualquier persona o grupo de personas, con la única condición de proceder en nombre de los derechos “del pueblo”, exija, mediante acciones de hecho, el cumplimiento de cualquiera de la infinidad de derechos que se ofrecen entre los artículos 15 y 107, además de los diseminados a lo largo del texto en cuestión. No importa que la inmensa mayoría de esos derechos esté lejos de las reales posibilidades materiales del país. Por ejemplo, quien quiera hacer valer su derecho al trabajo, podrá tomar, en nombre de la “Acción Popular”, una empresa pública o privada para hacerlo cumplir, y ningún empresario podrá negarse a satisfacer esa demanda, pues hacerlo será interpretado como una violación al texto constitucional. De igual manera se podrá exigir vivienda o salud. Ahora bien, si a tan enorme potencial explosivo se agrega lo dispuesto en los artículos 241 y 242 bajo el título de “Participación y control social”, el cuadro se completa. Nos encontramos, pues, ante una obra maestra de ingeniería política mediante la cual, sin decirlo de manera explícita, se crea un cuarto poder del Estado que, por las atribuciones que se le da y los medios de acción directa que se ponen a su disposición, resulta en la práctica superior a cualquiera de los otros tres. En los hechos, eso significa que el Poder Ejecutivo, como ya ocurre, se dota de un formidable instrumento para someter a su voluntad a los otros dos, el Legislativo y el Judicial, y también a cualquier ciudadano, con lo que todas las demás disposiciones que supuestamente garantizan la vigencia del Estado de Derecho, quedan reducidas a la condición de meras declaraciones líricas.
http://www.lostiempos.com/noticias/31-10-08/editorial.php

Apertura de mercados venezolanos crea falsas expectativas en Bolivia

http://lapatriaenlinea.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2584&Itemid=32

Editorial La Razón: Nadie pone freno a los abusos contra los periodistas

http://www.la-razon.com/versiones/20081031_006442/nota_245_701210.htm

Mas detenciones en Pando ponen en alerta a la población

Una nueva serial de detenciones en Pando son cuestionadas, puesto que acusan al Gobierno nacional de intentar provocar a la población para que se levante y se amplíe el Estado de Sitio en la región. Familiares de los detenidos se mantienen en una total incertidumbre, esperan que el trato en el cuartel de Viacha no sea violento y respeten sus garantías constitucionales. La detención de los funcionarios públicos durante estos últimos días, radica en una supuesta relación en la participación de la violencia desatada en la localidad de El Porvenir, además de haber alentado el Estado de Sitio. Los últimos siete detenidos llegaron ayer desde Cobija hasta la ciudad de La Paz al promediar las 19:30, resguardados en medio de una fuerte custodia policial, quienes fueron trasladados inmediatamente hasta el cuartel de Viacha, donde actualmente los mantienen como confinados. La mayoría son funcionarios del Gobierno Departamental de Pando, al respecto, el senador de la región, Paulo Bravo, manifestó su preocupación ante las intensas detenciones, resaltando que más allá de todo, no se puede detener a personas que fueron electas por el soberano, esto en relación a los alcaldes de Bolpebra y de El Porvenir.
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http://www.elmundo.com.bo/Secundarianew.asp?edicion=31/10/2008&Tipo=Politica&Cod=7656

ALGUIEN LE ROBO DOS MILLONES DE DOLARES A EVO MORALES

Una señora que responde al nombre de Misiel Alma Rodríguez de oficio hoy lavandera que hasta hace poco trabajaba en el surtidor sudamericana de propiedad del gerente de la cooperativa del mismo nombre (y quien es a la vez el financiador del proyecto de construcción de las viviendas demolidas), las compró del Banco de la Unión y tres meses después la Señora Misiel Alma Rodríguez vende las viviendas en 17 millones de bolivianos al financiador del proyecto, la cooperativa Sudamericana, la señora Misiel Alma Rodríguez en una operación de tres meses se ganó dos millones de dólares, que los pagará el Presidente Evo Morales con dinero de la capitalización y esto debe investigarse. ¿Que censuramos el derribo de las casas?, vehementemente, que exigimos una investigación sin apresuramientos y dentro de la seriedad, que la ley es una cosa y la falta de criterio y la imbecilidad es otra y la demolición fue una imbecilidad, es como si este ciudadano estacione su vehículo en una acera no permitida y venga la autoridad y a titulo de que está prohibido estacionar queme mi vehículo, eso es una irracionalidad y el que me quemó el auto me paga, pero no puedo aprovechar para pretender cobrar por mi autito brasilero modelo 1979 como una Hammer 2009, esto también es un abuso. Que este escándalo de la demolición nos traerá novedades que serán escandalosas de cómo el estado es estafado, que corrió sobornos en Warnes, que solo se pagó el 30 % de los impuestos catastrales, que las viviendas no son aptas para el precio ni para vivir con dignidad, el hecho que sea para personas de escasos recursos no significa que se los humille de dicha forma y se los haga pagar por una vivienda que no vale el 30% del costo. Seguimos con las vinculaciones, a la empresa constructora de dichas viviendas hace pocos meses le fue demolida una ampliación que realizaba al surtidor del gerente o dueño de la cooperativa que casualmente financió las viviendas, dichas ampliaciones fueron demolidas por ilegalidades por el Arq. Yamil Morales -ex director de edificaciones del gobierno Municipal-, que existe un documento del colegio de arquitectos donde señala que el propietario y arquitecto de la empresa constructora que firma como tal, no es arquitecto Aparece en escena el viceministro de Vivienda, José Lambertín, llegó con la prepotencia clásica de los collas que siguen creyendo que los cambas somos una aldea colonizada donde llegan a sopapear, llegó este personaje ofreciendo mandamientos como en Pando sin que la ley exista, señalando que se derrumbaron 220 casas, y eso es una falta a la verdad que la maldita moto niveladora solo derrumbó 94 viviendas del bloque frontal primero y el bloque lateral con casi el 80% de avance de la obra gruesa, un medio de comunicación estableció mediante filmación (PAT) 107 casas derrumbadas, el Vice-ministro sin ir a constatar "en sitio" presenta una querella por 220 viviendas, sería bueno que contabilice las viviendas y se encontrará con 113 viviendas las cuales no fueron tocadas ni dañadas, esto no fue porque los responsables de la demolición no lo hubieran deseado sino que los adjudicatarios aparecieron y corretearon a los municipales. ¿Saben por qué se frustró el proyecto autonómico?, porque nos ganó la constitución del MAS, por la actitud oportunista de algunos cruceñazos que no encontraron mejor oportunidad para aniquilar al alcalde cruceño sin detenerse a observar lo que sucedió, había que ver sangre y para eso actuaron eficazmente para lograr obtener aguas a sus molinos, uno cosa es no callarse o ser cómplice y otra hacerles el juego a los vice-ministros que llegan prometiendo cárcel para el Alcalde, como si esto fuera una dependencia del gobierno, o la dirección de caminos de la prefectura de Cobija.
http://www.elmundo.com.bo/Editorialnew.asp?edicion=31/10/2008

Las cortes hallan miles de votos que fueron irregulares

Un proceso regionalizado de revisión interna del padrón, instruido por la Corte Nacional Electoral (CNE), detectó hasta la fecha cerca de 10.000 votos irregulares en Pando, Beni y Tarija, según revelaron ayer autoridades de estos tres departamentos.
El proceso de control, que se constituye en un anticipo a la auditoría encargada a los organismos internacionales, como parte de los requisitos para realizar el referéndum constitucional del 25 de enero, aún se encuentra en medio camino, pero los primeros resultados confirman que hubo irregularidades en la votación del 10 de agosto, cuando se realizó el referéndum revocatorio de mandato para el Presidente, el Vicepresidente y los prefectos .
Sólo en Beni, se detectaron 7.000 casos irregulares, que incluyen a personas que votaron en ese proceso y que no aparecen en el Registro Civil, y otras que realizaron doble votación, según informó ayer a La Razón la vocal de la Corte Departamental Electoral (CDE) de esa región, Zulema Gutiérrez.
“Nosotros estamos haciendo una revisión interna (del padrón) y hemos recibido el apoyo de un funcionario de la Corte Nacional, con el que estamos realizando un trabajo coordinado de verificación de datos. hemos detectado más de 7.000 casos irregulares y continuamos con esta tarea”, aseveró la autoridad beniana.
El padrón departamental del Beni registra a 148.770 ciudadanos habilitados para votar, lo que significa que el 4,7% se encuentra observado. “En este caso son personas que no han sido encontradas en el Registro Civil, en una verificación que hacemos manualmente”, explicó Gutiérrez.
Además, dijo que hay casos de ciudadanos con problemas de errores de transcripción en sus datos y otros con doble carnet de identidad. “Por eso hemos solicitado a Identificaciones que nos proporcione datos de la carnetización gratuita que han realizado, para poder comparar con el padrón, pero no hemos recibido respuesta, pese a la solicitud”.
En el caso de Pando ocurre algo similar. El presidente de la CDE de ese departamento, Elías Valdez, dijo que se detectaron irregularidades en el 6% del padrón departamental, que llega a 34.000 ciudadanos inscritos.
“Nosotros hemos hecho el cruce de datos entre el Padrón Electoral y el Registro Civil, y hemos encontrado 2.000 casos con carnets duplicados y también personas que si bien están (inscritas) en el Padrón Electoral, no están en el Registro Civil”, señaló.
Anunció que esa información será entregada a la comisión internacional encargada de la auditoría a nivel nacional.
En Tarija, la Corte Departamental detectó 800 casos sospechosos que decidió analizar para determinar si son irregulares. “Estamos haciendo algunas verificaciones con estos casos de homónimos perfectos, homónimos casi perfectos y otros, por instructivas de la Corte Nacional...son cerca de 800 casos que tenemos, que se están revisando y verificando su documentación”, explicó el presidente de la CDE, Miguel Ángel Guzmán.
Al igual que en el caso de Beni y Pando, el vocal dijo que aún no recibieron la visita de la comisión internacional encargada de la auditoría. Tampoco llegaron los auditores a Oruro ni a Chuquisaca, según verificó La Razón.
La vicepresidenta de la Corte Departamental de Oruro, Tania Zamorano, informó que también realizan el trabajo de control del padrón, aunque a diferencia de las otras cortes, “hasta la fecha no se han detectado casos irregulares”. Calculó que su labor concluirá dentro de una semana.
En otras cortes departamentales también avanza el proceso de verificación previo a la auditoría internacional. En Santa Cruz existen denuncias sobre miles de presuntos votos irregulares emitidos durante el referéndum revocatorio de mandato, al igual que en La Paz, donde fue revocado de su cargo el ex prefecto José Luis Paredes.
ANTECEDENTES
Denuncia • El equipo jurídico de la Prefectura de La Paz denunció que pudo detectar 70.000 casos de inscripciones irregulares en el Padrón Electoral, entre ellas dobles inscripciones y homónimos perfectos repetidos varias veces.
OEA • La OEA detectó en el referéndum revocatorio irregularidades como la violación del voto secreto, la difusión de propaganda en recintos electorales y casos de ciudadanos que no sufragaron pese a cumplir requisitos.
Parlamento • La diputada Ninoska Lazarte (Podemos) hizo reiteradas denuncias sobre irregularidades que detectó en el sistema de carnetización. Incluso llegó a sacar un documento de identidad con otro nombre.
Recinto • Poco antes de que se realice el referéndum revocatorio de mandato, La Razón reveló que se entregaban cédulas de identidad en oficinas de campaña del Movimiento al Socialismo en la ciudad de Cochabamba.
http://www.la-razon.com/versiones/20081031_006442/nota_247_701227.htm

Santa Cruz: Civicos anunciaron una intensa campaña por el NO

http://www.elmundo.com.bo/Secundarianew.asp?edicion=31/10/2008&Tipo=Politica&Cod=7655