Este blog ha sido creado para que los paceños nos quitemos el estigma de que somos masistas. LA PAZ NO APOYA AL MAS, La Paz no apoya los afanes totalitarios del gobierno de Evo Morales. Bienvenidos los nuevos lectores: LA PAGINA SE ACTUALIZA DIARIAMENTE
jueves, 24 de julio de 2008
PREOCUPANTE: El MAS forma en Chapare a juventud por el cambio
El MAS forma en Chapare una organización denominada "Juventud por el Cambio", que desde la anterior semana comenzó a capacitarse en la población de Chimoré, en el marco de un proyecto de conformar células con estas características en el resto del país. Una emisora de radio del lugar informó el pasado 19 de julio que el encuentro fue dirigido por el colombiano Francisco "Pacho" Cortez, presunto guerrillero de ese país y que afrontó detención y juicio en Bolivia. Dirigentes masistas consultados sobre esta persona, dijeron no saber nada del asunto, aunque sí confirmaron la capacitación a los jóvenes. La emisora informaba sobre la realización de un congreso en el que participaban jóvenes del trópico y de las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, El Alto, La Paz y Oruro y aunque no explicó los temas que se consideraban en el evento, sí se dejó en claro que ese día estaría presente el colombiano. Cortez fue detenido junto a dos líderes cocaleros de Bolivia, en la ciudad de El Alto y encarcelado en Chonchocoro en 2003, durante el último gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Fue acusado de intentar formar grupos terroristas en el país, pues, según la denuncia, formaba parte de grupos irregulares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El 7 de diciembre la jueza Nancy Altuzarra determinó la libertad del colombiano bajo fianza de 100 mil bolivianos equivalentes a más de 12 mil dólares, residencia fija en La Paz y arraigo. Su juicio duró más de dos años y no se le llegó a probar nada. Durante los primeros meses del gobierno de Evo Morales, recibió el status de refugiado político, concedido por la Comisión Nacional del Refugiado del Ministerio de Relaciones de Exteriores de Bolivia. Los Tiempos preguntó a dos líderes masistas de Cochabamba sobre la organización de estos grupos juveniles y ellos dieron dos versiones diferentes. Además, ambos sostuvieron que no tenían ningún dato respecto a la presencia de Cortez en Chapare el anterior fin de semana. OTROS GRUPOS Además de la Juventud por el Cambio del MAS, en el país existen otros grupos de jóvenes que intervienen en eventos políticos, como la Unión Juvenil Cruceñista de Santa Cruz; la Juventud Qhochala y los Jóvenes por la Democracia, en Cochabamba además de los Estudiantes de la Universidad San Francisco Xavier, que participaron en enfrentamientos en los tres departamentos en los que operan desde 2006. Prevén que haya peleas El dirigente Marco Carrillo dijo que los grupos juveniles del MAS son formados para "apoyar el proceso de cambio desarrollando acciones y planes en el área urbana y rural para socializar los logros del Gobierno". Explicó que son jóvenes de la universidad pública. Contradiciendo esta explicación, el secretario ejecutivo de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico de Cochabamba, Julio Salazar, sostuvo que la Juventud por el Cambio es una iniciativa de aproximadamente 4 mil jóvenes que "se reúnen para definir cómo organizarse frente a la amenaza de los jóvenes de la oligarquía cruceña y de la juventud de Cochabamba" porque, según explicó, en algún momento habrá enfrentamientos. Sobre la presencia de Cortez en Chimoré, respondió: "no tengo ninguna información, no sé… no sé de qué jóvenes me está hablando porque hay hartos grupos de jóvenes como los de nuestros colegios que se van preparando psicológicamente preocupados por este racismo y fascismo en Santa Cruz".
Sucre: Cívicos advierten con medidas si no se suspende el revocatorio
El Comité Interinstitucional de Chuquisaca y el Comité Cívico de Cochabamba, repudiaron ayer las ofensas inferidas contra la magistrada Salame y expresaron una vigorosa defensa del Tribunal Constitucional. Asimismo, exigieron a la Corte Nacional Electoral cumplir con el decreto emitido por el máximo órgano de control constitucional, en consecuencia, suspender el referéndum revocatorio del 10 de agosto. En un pronunciamiento público emitido anoche, los cívicos chuquisaqueños exigieron al Gobierno Nacional que se someta a la ley y renuncie a la "aventura" de conducir al país a más confrontaciones, en referencia al referéndum convocado para el 10 de agosto. También censuraron el hecho de que el Gobierno no haya dejado de "utilizar a la instituciones del Estado" y criticó que la Corte Nacional Electoral se preste para cumplir un deshonroso papel de "instrumento político del Gobierno". Por su parte, los cívicos de Cochabamba, tras una reunión de varias entidades, se declararon en estado de emergencia, con la advertencia de asumir medidas de presión en los próximos días si el órgano electoral nacional no vuelve a la legalidad y frena el revocatorio que no va a solucionar la crisis que enfrenta el país, contrariamente la va a agravar. En coincidencia con esta posición de los cívicos, en Tarija, el alcalde Óscar Montes Barzón, dijo, que lo mejor para el país es suspender definitivamente el Referendo Revocatorio para evitar conflictos posteriores que afectarán a Bolivia. Montes considera que no tiene sentido el revocatorio, más aún cuando no representa una solución a la crisis política, social y económica del país a corto plazo. Ante la posición de la magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, de paralizar el Referendo Revocatorio por inconstitucional, el Alcalde tarijeño dijo que unos festejan y otros permanecen con los nervios crispados, por lo que considera serán quienes orienten al pueblo boliviano sobre los siguientes pasos a dar.
Jueza prohibe a Cerrudo acercarse a periodistas
La jueza Cautelar Mercedes Siles impuso ayer medidas sustitutivas para el activista del Movimiento Al Socialismo (MAS), el peruano Adolfo Cerrudo, además de determinar su arraigo le prohibió acercarse a los medios de comunicación y a los trabajadores de la prensa. Cerrudo fue sometido a una audiencia de medidas cautelares en las que la titular del Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal, dispuso la libertad de Cerrudo, quien acusado por varios periodistas que fueron víctimas de una serie de agresiones por parte de esta persona que incluso amenazó con violar a una comunicadora de La Razón. No obstante, ahora Cerrudo debe también presentar garantías personales y firmar el libro de asistencia del Ministerio Público, todos los lunes de 9:00 a 10:00. Su abogado, Víctor Rojas, dijo que la jueza obró de acuerdo a Ley. Tal como había adelantado, la fiscal asignada a la investigación del caso, Virginia Crespo, no solicitó la detención preventiva del activista oficialista y solicitó medidas sustitutivas y argumentó que los delitos por los cuales Cerrudo fue acusado no tienen pena privativa de libertad. La audiencia de medidas cautelares de Cerrudo, se suspendió el lunes 21 de julio pasado ante la ausencia del imputado que no había asistido por no haber sido notificado de manera oficial. La querella penal contra Cerrudo fue presentada el 17 de marzo pasado.
Federacin de Empresarios Privados de Oruro: Bolivia perdió respeto a la institucionalidad
Se ha perdido la institucionalidad en el país y lamentablemente ese hecho nos está conduciendo a un vacío y eso hace que no se de cumplimiento a la normativa legal vigente en el país”, manifestó el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Oruro, Luis Ramiro García.Indicó que lo ocurrido con la magistrada Susana Salame Farjat, con respecto al fallo que hiciera de suspender el referéndum revocatorio, no es otra cosa que una petición legítima, ya que todo ciudadano tiene que basarse en lo que es el principio de la legalidad y la constitución de los actos que uno realiza.La magistrada del Tribunal Constitucional decidió suspender el martes, el referéndum revocatorio, intento que fue calificado por el gobierno como un acto “cantinflesco” por el gobierno, por su falta de sustento legal y amenazó que será sometida a un proceso penal acusada de prevaricato.Ante las amenazas del gobierno, García señaló que si el proceso del referéndum revocatorio no es constitucional se debería tomar muy en cuenta la recomendación de Salame, pues de no hacerlo, se podría conducir a un desconocimiento de los resultados que pueda tener el referéndum.“Nosotros consideramos que lo que debe hacer cada magistrado y persona de leyes es el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, las leyes y toda la normativa legal vigente, lamentamos que se haya tomado algún tipo de reacciones adversas, ya que eso resta seriedad a un dignatario de Estado, descalificando a una profesional que ha sido elegida para cumplir funciones en una de las instituciones más importantes del país”, aseveró.Mencionó que el referéndum revocatorio es un acto que no está cumpliendo lo que dice la Constitución Política del Estado, ya que posee vacíos jurídicos y presentará problemas a futuro, por lo que el referéndum no debería llevarse a cabo.
Marcando diferencias
Desde el primer momento que su imagen se hizo pública, Savina Cuéllar impresionó por la singular mezcla de vivacidad, madurez y prudencia discursiva. ¡Todo lo contrario al estilo presidencial! Como el Presidente, hoy es Prefecta gracias al voto mayoritario del pueblo chuquisaqueño, y su recorrido como dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, como Asambleísta y disidente del MAS nos deja lecciones que no pueden pasar por alto. Evo Morales y Savina Cuéllar no son sólo auténticos hijos de la revolución del 52, sino también hacen parte de una generación heredera de los procesos de movilidad social, inclusión y cambios, con luces y sombras, gestados en el país en la última mitad del siglo XX. La lucha por la vida y la superación de sus siete hijos, hacen de Savina, el vivo reflejo de quien supo enfrentar los desafíos planteados a miles de mujeres antes y durante los 25 años de democracia, democracia cuyo legado el presidente Evo Morales desvaloriza y niega sistemáticamente. Si bien se hace énfasis en su condición de campesina quechua, la flamante Prefecta es mucho más que ello, es una mujer que supo enfrentar el desafió de insertarse y adaptarse, en condiciones de discriminación, a la vida urbana y citadina. No sorprende, por tanto, que en su primer mensaje como Prefecta electa, haya hecho énfasis en el reencuentro entre campo y ciudad, en superar tensiones, que el proyecto del MAS intenta profundizar. Su trayectoria, el esfuerzo por capacitarse —se alfabetizó a los 16 años en el CEMA de Sucre— y ejercer el activismo sindical simultáneamente a sus roles de jefe de hogar es testimonio de la terca perseverancia por doblegar las limitaciones que impiden a las mujeres ejercer plenamente su ciudadanía política. El combinar responsabilidades familiares y políticas es algo ajeno a la experiencia personal del Primer Mandatario cuya máxima aspiración —de acuerdo a una entrevista— es retornar algún día a su cato de coca con una “quinceañera”. ¿No será ésta una faceta de la vida de ambos que marca diferencias a tiempo de matizar pragmatismo, responsabilidad y radicalismo ideológico? En todo caso, Savina sabe lo que es tener una hija profesional que se vio obligada a migrar a España en busca de oportunidades. ¡Otra diferencia! Pese a la extraordinaria e indudable inteligencia de ambos, ninguno tuvo el privilegio ni la oportunidad de cultivarla en la escuela y en otros centros de formación académica. No faltan quienes usan este argumento para señalar el peligro de manipulación por entornos inconvenientes. No obstante, pareciera que en términos de inteligencia emocional, Savina tiene menos tendencia a sucumbir en la arrogancia, en la ironía descalificadora de propios y ajenos, en la autovictimización manipulativa y la incontinencia verbal del Presidente que dice y se desdice de un día a otro produciendo las turbulencias a las que estamos acostumbrados. Sin prejuzgar lo bueno y lo malo de ser “cocalero”, Savina, como la mayoría de campesinos, no está obligada a las lealtades y riesgos políticos y sociales asociados directa e indirectamente a esa actividad. Su condición de mujer, campesina y quechua destruye la hipótesis oficial de que las reivindicaciones indígenas son sólo posibles a partir de la lealtad étnica y política al evismo, su instrumento y proyecto político. Finalmente, al contrario del Presidente, Savina, combina el discurso en quechua y español, habla de Dios sin complejos y reniega contra todo tipo de violencia, entre ellas la que cegó la vida de tres jóvenes chuquisaqueños, que bien pudieron ser sus hijos. En suma, la Prefecta, marca diferencias que no son poca cosa.
* Socióloga erikabrockmann@yahoo.com.mx
* Socióloga erikabrockmann@yahoo.com.mx
Alcalde de Oruro: Referéndum revocatorio traerá más división y enfrentamientos
“El referéndum revocatorio traerá a los bolivianos más división y enfrentamientos y no va a solucionar ningún problema y más bien la crisis política se agudizará si se realiza”, aseveró el presidente del Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria (Mcsfa) y alcalde municipal, Edgar Bazán Ortega.Asimismo, indicó que como agrupación, nunca estuvieron de acuerdo con la realización del referéndum que “será un gasto insulso de dinero, porque es inconstitucional, por ende ilegal, además de injusto”.“Favorece ciento por ciento al presidente (Evo) Morales y desfavorece en un 200 por ciento a los prefectos, en esas circunstancias siendo inconstitucional e ilegal, yo me hago una pregunta y pregunto a los orureños: los perdedores y los ganadores aceptarán los resultados del referéndum revocatorio del 10 de agosto?, no nos hagamos ilusiones ninguna de las partes van a aceptar”, afirmó Bazán.El líder de esa agrupación ciudadana recomendó que se debe escuchar a la ministra del Tribunal Constitucional, Susana Salame, que “sugirió al presidente de la Corte Nacional Electoral José Luis Exeni, militante del Movimiento Al Socialismo, que suspenda este referéndum que traerá muchos problemas a los bolivianos”, señaló.Expresó también su preocupación por la situación del país, que no es nada halagüeña, según Bazán, pues los ánimos de los bolivianos están cada vez menos tolerantes, lo que puede tener funestas consecuencias para todos quienes viven en este país.Según los rumores sobre la postulación de Bazán como prefecto, éste señaló que cumplirá con su gestión y que en ningún momento pensó en ser candidato a ese cargo.“Voy a cumplir con la voluntad de todos los orureños y orureñas de quienes en diciembre de 2004 hemos recibido un apoyo contundente, por lo que no queremos defraudarlos, Bazán será alcalde municipal hasta el 31 de diciembre del año 2009, fecha en la que vamos a cumplir los 5 años de gestión”, aseguró.
Discusión engañosa
El Gobierno y la COB se muestran enzarzados en una discusión que parece destinada a dejar en la sombra al problema de fondo del proyecto de Ley de Pensiones del MAS: su intención de que el Estado se apropie, al menos, de la administración de los ahorros jubilatorios de más de un millón de bolivianos.
El juego parece bien sincronizado, con convocatorias a la prensa y declaraciones altisonantes, además de un paro cobista al que, ¿cuándo no?, se sumaron rápidamente sectores aficionados al descanso permanente y costeado con recursos públicos. El Gobierno aparece entonces como defensor de los recursos depositados en el Fondo de Capitalización Individual (FCI), contra una COB decidida a que ellos pasen a formar parte de una bolsa común.
El Ejecutivo señala que no puede permitir que esos $us 3.300 millones del FCI sean expropiados y de paso, como si se tratara de una garantía y de un generoso intento de protección de ese dinero de particulares, que se hará cargo de ellos. Distrae la atención del hecho de que su ley también se asemeja a una confiscación.
Parecería un plan en el que ante un proyecto de radicalidad insólita se plantea otro de un extremismo, en apariencia menor, de modo que a la víctima no le quede otro camino que elegir el mal menos lesivo. En este caso, que el Estado se haga cargo de la administración de su dinero. ¿Entre amputar la mano y amputar el brazo, que preferiría el paciente?
Pero lo cierto es que ninguno de los proyectos es admisible, porque ambos disponen de un dinero que no es ni de la COB ni del Gobierno; son fondos particulares, de personas con nombre y apellido, depositados con la esperanza de una vejez digna.
Si el Gobierno, que aparece afanado por hacerse de los $us 3.300 millones —tras apropiarse de otros activos privados, incluidas las acciones de los bolivianos en las capitalizadas, y hasta disponer de las reservas internacionales—, realmente tiene la intención de proteger los recursos del FCI debería empezar por consultar a sus dueños. Su debate con la COB se asemeja al de vecinos que se amenazan con toda suerte de males en una pelea sobre una propiedad ajena.
Lo que corresponde es garantizar que el FCI permanezca donde está y a lo sumo crear otra opción, la estatal que se quiere, ante la posibilidad de que alguno de los ahorristas en las AFP decidiera correr el riesgo de dejar su dinero en unas manos que no han mostrado mayor esmero y pericia en administrar recursos públicos.
En cuanto a los sectores no aportantes a las AFP, parece razonable que sigan siendo apoyados con recursos públicos. Pero el Gobierno debe optimizar la administración de los $us 400 millones que se destinan a las jubilaciones de los antiguos trabajadores y ampliar razonablemente el monto para atender a obreros, campesinos y otros que no podrán gozar de una renta digna. En el uso de esos recursos de todos es donde radica la solidaridad que reclama la COB, que no puede pretender que quienes aportan a las AFP paguen con el FCI lo que ya ayudan a costear con sus impuestos.
Para ello, el Gobierno debería dejar de incurrir en la concesión de decenas de millones de dólares en bonos clientelares y dádivas a sindicatos afines y usar el dinero de la población en un sistema jubilatorio para los que no lo tienen, con unos criterios de eficiencia y transparencia que, por ahora, se extrañan en su administración.
*Álvaro Zuazo es periodista.
El juego parece bien sincronizado, con convocatorias a la prensa y declaraciones altisonantes, además de un paro cobista al que, ¿cuándo no?, se sumaron rápidamente sectores aficionados al descanso permanente y costeado con recursos públicos. El Gobierno aparece entonces como defensor de los recursos depositados en el Fondo de Capitalización Individual (FCI), contra una COB decidida a que ellos pasen a formar parte de una bolsa común.
El Ejecutivo señala que no puede permitir que esos $us 3.300 millones del FCI sean expropiados y de paso, como si se tratara de una garantía y de un generoso intento de protección de ese dinero de particulares, que se hará cargo de ellos. Distrae la atención del hecho de que su ley también se asemeja a una confiscación.
Parecería un plan en el que ante un proyecto de radicalidad insólita se plantea otro de un extremismo, en apariencia menor, de modo que a la víctima no le quede otro camino que elegir el mal menos lesivo. En este caso, que el Estado se haga cargo de la administración de su dinero. ¿Entre amputar la mano y amputar el brazo, que preferiría el paciente?
Pero lo cierto es que ninguno de los proyectos es admisible, porque ambos disponen de un dinero que no es ni de la COB ni del Gobierno; son fondos particulares, de personas con nombre y apellido, depositados con la esperanza de una vejez digna.
Si el Gobierno, que aparece afanado por hacerse de los $us 3.300 millones —tras apropiarse de otros activos privados, incluidas las acciones de los bolivianos en las capitalizadas, y hasta disponer de las reservas internacionales—, realmente tiene la intención de proteger los recursos del FCI debería empezar por consultar a sus dueños. Su debate con la COB se asemeja al de vecinos que se amenazan con toda suerte de males en una pelea sobre una propiedad ajena.
Lo que corresponde es garantizar que el FCI permanezca donde está y a lo sumo crear otra opción, la estatal que se quiere, ante la posibilidad de que alguno de los ahorristas en las AFP decidiera correr el riesgo de dejar su dinero en unas manos que no han mostrado mayor esmero y pericia en administrar recursos públicos.
En cuanto a los sectores no aportantes a las AFP, parece razonable que sigan siendo apoyados con recursos públicos. Pero el Gobierno debe optimizar la administración de los $us 400 millones que se destinan a las jubilaciones de los antiguos trabajadores y ampliar razonablemente el monto para atender a obreros, campesinos y otros que no podrán gozar de una renta digna. En el uso de esos recursos de todos es donde radica la solidaridad que reclama la COB, que no puede pretender que quienes aportan a las AFP paguen con el FCI lo que ya ayudan a costear con sus impuestos.
Para ello, el Gobierno debería dejar de incurrir en la concesión de decenas de millones de dólares en bonos clientelares y dádivas a sindicatos afines y usar el dinero de la población en un sistema jubilatorio para los que no lo tienen, con unos criterios de eficiencia y transparencia que, por ahora, se extrañan en su administración.
*Álvaro Zuazo es periodista.
El MAS monta un fraude
Hay que ser muy ingenuo o tonto para no darse cuenta de que el MAS está montando un fraude a favor de la permanencia en el poder del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García.
Evo, en una envalentonada para probar apoyo electoral, convocó a un referéndum revocatorio a su mandato en cuya papeleta incluye a ocho prefectos departamentales.
Dónde se ha visto que un gobierno monte en una casa de campaña un programa llamado ´Existo yo, existe Bolivia´, donde se dé identificación gratuita a gente de escasos recursos sin utilizar la información del Departamento de Identificación de la Policía y financiado y asesorado por funcionarios del Gobierno venezolano que trabajaron de noche. Una vergüenza sin nombre para obtener votos. Prueba clara es que el Padrón Electoral creció en 9% este año, el número de votantes aumentó a 377.000 y hay doble carnetización. Tal ha sido la presión de la oposición, que la Corte Nacional Electoral ha eliminado del Padrón 35.502 personas que estaban inscritas dos veces bajo homónimos y en distintas mesas electorales. En el pasado, se usó el mismo Padrón Electoral y no hubo anomalías.
Entretanto, Evo hace campaña utilizando el aparato estatal, reparte cheques venezolanos —otra vergüenza— y entrega obras a sus bases. Una gran ventaja ante los prefectos, a pesar de que ellos están consolidados porque arrasaron con el voto en los referendos para los estatutos autonómicos.
En general, los referendos son para gobiernos no consolidados, para democracias endebles, para dictadores como Chávez y Evo que quieren eternizarse en el poder y adueñarse de un país. Dicho referéndum nació tramposo y no mejorará la crisis; al contrario, aumentará la polarización de los bolivianos. Es ilegal e inconstitucional porque no está contemplado en la CPE. Es más, el Presidente y el Vicepresidente sólo necesitan el 46% de los votos para mantenerse en el poder, en cambio los prefectos entre el 52 y 62%. Esto prueba que el Gobierno, además, busca ventaja en los porcentajes.
Según encuestas, Morales y García serían ratificados, aunque con menor votación en los departamentos autonómicos. Esto porque la mayoría del voto está concentrada en La Paz, El Alto y Evo cuenta con los cocaleros del Chapare, bastiones del MAS. Por su lado, los prefectos de la Media Luna también serían ratificados ya que están afianzados y la autonomía es un proceso irreversible.
Lo correcto sería realizar una auditoría de la carnetización gratuita y del Padrón Electoral. La OEA hizo un informe incompleto y aprobó el Padrón, a pesar de sus irregularidades. Falta de seriedad.
Por tanto, es necesario suspender el referéndum revocatorio por la falta de transparencia y garantías que ha provocado que los bolivianos no confíen en el sistema electoral. Incluso el Presidente de la CNE es hombre de Evo. Hasta la magistrada del Tribunal Constitucional recomienda que no se realice. Si ahora hay denuncias y quejas de fraude, me imagino de los que nos enteraremos después.
*Verónica Ormachea G. es periodista y escritora.
Evo, en una envalentonada para probar apoyo electoral, convocó a un referéndum revocatorio a su mandato en cuya papeleta incluye a ocho prefectos departamentales.
Dónde se ha visto que un gobierno monte en una casa de campaña un programa llamado ´Existo yo, existe Bolivia´, donde se dé identificación gratuita a gente de escasos recursos sin utilizar la información del Departamento de Identificación de la Policía y financiado y asesorado por funcionarios del Gobierno venezolano que trabajaron de noche. Una vergüenza sin nombre para obtener votos. Prueba clara es que el Padrón Electoral creció en 9% este año, el número de votantes aumentó a 377.000 y hay doble carnetización. Tal ha sido la presión de la oposición, que la Corte Nacional Electoral ha eliminado del Padrón 35.502 personas que estaban inscritas dos veces bajo homónimos y en distintas mesas electorales. En el pasado, se usó el mismo Padrón Electoral y no hubo anomalías.
Entretanto, Evo hace campaña utilizando el aparato estatal, reparte cheques venezolanos —otra vergüenza— y entrega obras a sus bases. Una gran ventaja ante los prefectos, a pesar de que ellos están consolidados porque arrasaron con el voto en los referendos para los estatutos autonómicos.
En general, los referendos son para gobiernos no consolidados, para democracias endebles, para dictadores como Chávez y Evo que quieren eternizarse en el poder y adueñarse de un país. Dicho referéndum nació tramposo y no mejorará la crisis; al contrario, aumentará la polarización de los bolivianos. Es ilegal e inconstitucional porque no está contemplado en la CPE. Es más, el Presidente y el Vicepresidente sólo necesitan el 46% de los votos para mantenerse en el poder, en cambio los prefectos entre el 52 y 62%. Esto prueba que el Gobierno, además, busca ventaja en los porcentajes.
Según encuestas, Morales y García serían ratificados, aunque con menor votación en los departamentos autonómicos. Esto porque la mayoría del voto está concentrada en La Paz, El Alto y Evo cuenta con los cocaleros del Chapare, bastiones del MAS. Por su lado, los prefectos de la Media Luna también serían ratificados ya que están afianzados y la autonomía es un proceso irreversible.
Lo correcto sería realizar una auditoría de la carnetización gratuita y del Padrón Electoral. La OEA hizo un informe incompleto y aprobó el Padrón, a pesar de sus irregularidades. Falta de seriedad.
Por tanto, es necesario suspender el referéndum revocatorio por la falta de transparencia y garantías que ha provocado que los bolivianos no confíen en el sistema electoral. Incluso el Presidente de la CNE es hombre de Evo. Hasta la magistrada del Tribunal Constitucional recomienda que no se realice. Si ahora hay denuncias y quejas de fraude, me imagino de los que nos enteraremos después.
*Verónica Ormachea G. es periodista y escritora.
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