Agrupaciones juveniles paceñas piden la suspensión del Referéndum

El dia de ayer 28 de julio de 2008, las agrupaciones juveniles paceñas:

BASTA YA!!!
UNION PACEÑA DE LA JUVENTUD
ACCION JOVEN BOLIVIA

pidieron que la CORTE NACIONAL ELECTORAL suspenda el Referéndum Revocatorio.

Sólo queda dar batalla

Dentro de la mayor incertidumbre estamos entrando en la recta final de lo que será el descabellado referéndum revocatorio. Al parecer, son pocas las chances para que el disparate se cancele. Mientras escribimos estas líneas, sabemos que la Corte Nacional Electoral (CNE), reunida en sala plena, ha desechado toda posibilidad de postergar o suspender la consulta anticonstitucional. Poco podrán hacer, seguramente, las cortes de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, si respaldan a la de Chuquisaca que se declaró contraria al referéndum. Y menos podrán los alegatos de los juristas y el decreto de la señora Salame.
Pase lo que pase, en los pocos días que quedan por delante para la consulta, ya no vale la pena que nos quejemos más o que esperemos que este desaguisado se arregle por arte de birlibirloque. No sirve seguir insistiendo si fue una burrada la que hizo el Senado dándole todas las ventajas al MAS o que si el referéndum pondrá orden y pacificará el país. Esta consulta infame sólo va a parir más odio. Ese odio incontenible que profesa apasionadamente S.E. y que transmite todos los días, resentido, sin medirse, como ha sido su última arremetida, tan vulgar, contra el Prefecto de Cochabamba.
Así que a dejarse de protestar y a prepararse para la gran batalla que se aproxima. La oposición cuenta hoy con siete prefectos que le están haciendo ver la vida a cuadritos al Gobierno. Éste confía cambiar el escenario y dejar la situación con la cantidad inversa: siete para el oficialismo y dos para la oposición. Parece muy difícil que suceda, pero, fraude por medio, todo es posible, con los millones en cheques oprobiosos y la parición de cédulas quintillizas que se guardan en las incubadoras masistas y que serán decisivas.
Debemos hacer de cuenta que estamos ante un incendio o una inundación. Hay que salvar todo lo que se pueda. Y para eso hay que unirse contra el adversario común. Que se acaben las recriminaciones. Vamos contra quien ha decidido ponernos la pata encima y hacernos gemir. El tiempo que queda es escaso pero todavía se puede librar una formidable batalla. Si por un milagro se pudiera vencer a Evo Morales, éste igual no se iría del Palacio. Sabe que si pierde el poder hoy, no lo recupera más.
Si gana S.E., como parece, al día siguiente se instalarán en las prefecturas unos broncos masistas que, como primera medida, empezarán a desmontar todo cuanto se ha avanzado en el tema autonómico. Las luchas entre las prefecturas y los comités cívicos van a ser sin cuartel y el país entrará en una espiral de violencia, jamás vista. Ante estafa tan monumental, el pueblo no se quedará tranquilo. Ya huele a pólvora todo sitio donde visita S.E.
Queda, empero, la última carta, y es que el vocal Pinheiro renuncie a la CNE. Que la descabece. Que se las juegue. Ese podría ser el milagro.
*Manfredo Kempff S.es escritor y diplomático

Ideologías versus realidades

En una época como la que estamos viviendo en el país donde con ideologías trasnochadas se pretenden desconocer desastrosas experiencias del pasado y hechos contundentes de la realidad, no podían faltar las voces que exigen la eliminación del actual sistema de capitalización individual y el retorno al sistema de reparto en el sector de pensiones.
Convengamos que en ningún país se ha aplicado o aplica un sistema de pensiones de jubilación perfecto. Sin embargo, es evidente que unos son mejores que otros como es el caso del sistema de capitalización individual en relación al de reparto.
En el sistema de reparto, los trabajadores activos aportaban mensualmente recursos a una bolsa común de la cual se hacían retiros para pagar las pensiones de los trabajadores jubilados. Si un trabajador se jubila con una pensión equivalente al 100% de su último salario y los trabajadores activos aportan un 10% de un salario similar, se requerirían 10 trabajadores activos para cubrir la pensión de ese trabajador jubilado. Pero todo sistema de pensiones debe ser administrado por alguien (recauda los aportes y paga las jubilaciones), lo que tiene un costo. Supongamos que el administrador es transparente y que no se roba nada de los aportes (exactamente lo contrario a lo que hacían los administradores en el anterior sistema de reparto) y que el costo es del 5% (en el anterior sistema de reparto el costo de administración, en algunos casos, llegó a superar el 20%). Bajo los supuestos anteriores, en el sistema de reparto se requerirían 10,5 trabajadores activos que aporten mensualmente para pagarle la pensión de jubilación a un jubilado.
Ahora bien, como se observa en Alemania, Francia, España y Japón, para mencionar sólo algunos países donde el sistema de reparto está en una creciente crisis, cuando una economía se desarrolla suelen presentarse dos efectos sobre la población. Por un lado, tienen menos hijos, lo que disminuye en el tiempo el potencial de trabajadores activos que hacen aportes y, por otro lado, viven más años, lo que demanda mayores recursos para pagar la jubilación, recursos que cada vez son menores por el primer efecto mencionado. Al haber cada vez más jubilados que viven más años y menos trabajadores aportantes, la relación de 10,5 trabajadores activos por un jubilado no es posible de mantener (en España la relación se encuentra en 2 a 1), razón por la cual el sistema de reparto entra en quiebra y el Estado debe cubrir el creciente déficit cobrando más impuestos a los trabajadores y/o aplicando medidas alternativas, como extendiendo la edad a partir de la cual una persona se puede jubilar.
Los sectores que añoran el sistema de reparto argumentan que éste es más solidario que el sistema de capitalización individual, porque quienes trabajan cubren la jubilación de quienes ya no lo hacen. Sin embargo, se olvidan de la triste realidad de un país pobre como Bolivia, donde las personas que perciben menores ingresos viven menos años que las personas que perciben más ingresos. En consecuencia, de retornarse al sistema de reparto en el país, las personas de menos ingresos terminarán financiando la jubilación de las personas de más ingresos. Interesante concepto de solidaridad.
Por sus connotaciones sociales, económicas y financieras, el tema de pensiones requiere ser estudiado, analizado y tratado con seriedad y responsabilidad. El pago de rentas adecuadas a los ciudadanos que han reunido los requisitos para jubilarse, la posibilidad de incrementar el ahorro interno de largo plazo, así como ampliar y mejorar el financiamiento de las actividades productivas, son aspectos cuya significativa importancia supera ampliamente los intereses particulares de ciertos sectores (como el sector del magisterio que tendría algunas obligaciones emergentes del anterior sistema pendientes con el Estado) o el planteamiento de posiciones ideológicas, que al no complementarse con un poco de información, no sólo pretenden desconocer las matemáticas básicas, sino que pueden producir efectos exactamente contrarios a los que, ´al parecer´, se persiguen.
*Armando Álvarez A.es analista económico y financiero. Ex gerente general de la Bolsa Boliviana de Valores

MARCELO, LUCHO Y ERNESTO

Los tres fueron parte de la historia de Bolivia, los tres fueron asesinados, a pesar que dos nacieron en el extranjero pero sus muertes los convirtieron en bolivianos, los tres nacieron de familias burguesas, Ernesto no conoció a ninguno de los dos, Marcelo asistió al entierro de "lucho" un 24 de marzo, cuatro meses después él es asesinado y lo entierran de la misma forma que Ernesto en una tumba olvidada, sin cruz, sin flores, sin rezos, los tres fueron muertos por el glorioso ejército de Bolivia, hoy décadas después esos generales que fueron los tenientes en la muerte de Lucho y Marcelo son los generales de Evo, los que otorgan el libre albedrío a la esquizofrenia de Evo, esos militares a los que no les tembló el dedo para asesinar a Ernesto, a Lucho y Marcelo hoy espectan y asesoran la creación de organizaciones de jóvenes vagabundos y delincuentes que con plata de la "nacionalización" de YPFB conformaron brigadas de asaltantes de la dignidad asesinos a sueldo de los valores democráticos que a nombre de Evo y del "cambio" (y como cambiamos) son la nueva versión de la violencia por encargo, yo creo que las organizaciones de maleantes y criminales siempre existieron desde épocas remotas y en la política de la misma forma, lo inaceptable es que las bestias de Evo usen los nombres de Marcelo Quiroga Santa Cruz, de Luís Espinal y Ernesto Guevara para bautizar sus bandas de malhechores. Hoy alguien escribió: "Si hubiera entrado a la escuela, que fuera de Evo si en vez de sembrar y vender la hoja estigmatizada hubiera sembrado soya, que fuera de Evo si hubiera tenido una mujer, hijos y una familia, que hubiera sido de Evo si en vez de la corneta, de la pelota, hubiera aprendido a trabajar por un salario, que fuera de Evo si en vez de resentimiento odio y rabia contenida hubiera tenido una legitima reivindicación de luchas sociales, que hubiera sido de Evo si en vez de cholo hubiese sido indígena, que hubiera sido de Evo si en vez de dejarse sodomizar con Chávez se hubiera dejado seducir por su pueblo", yo le respondo hubiera sido el nuevo Mandela que tuviera a los bolivianos alineados para transformar el país, sería la esperanza latinoamericana, no estuviéramos los cruceños buscando desmarcarnos del odio, del atraso, de la vergüenza, de todo lo putrefacto que rodea este gobierno, con Evo no me interesa la patria, usa a los héroes para convertirlos en villanos, hoy ser parte de las brigadas de Ernesto, del Che y de Lucho es sinónimo de ser bandido, de ser delincuente, eso hace Evo de nuestras nuevas generaciones, hace caminos para los perdedores, para los que aspiran a ser Evo que es una especie de camino fácil para que sin estudiar, sembrando veneno, bloqueando el trabajo y pateando a la gente la patria sea de ellos. Definitivamente Evo es un cáncer que camina, ya hizo metástasis en cada partícula de la institución de la patria, muchos se apresuran a contagiarse pues es una opción para no enfrentar el desastre, es hora que nos detengamos a pensar que existimos muchos que no estamos contaminados, que no debemos aceptar dócilmente sus locuras, es hora de organizarse no para cambiar al hombre sino para que nuestros hijos tengan una oportunidad, y mi bronca hoy es con los imbéciles que se atrevieron a poner el nombre de grandes hombres a sus brigadas de cobardes asalariados

Constituir el tribunal

La polémica sobre el valor del decreto del 22 de agosto, firmado por la Dra. Silvia Salame, única magistrada del Tribunal Constitucional, ordenando a la Corte Nacional Electoral la suspensión cautelar del referéndum revocatorio del 10 de agosto, ha vuelto a poner sobre el tapete la grave situación en que se encuentra Bolivia en relación al respeto a la vigente Constitución Política del Estado (CPE).
Una de las grandes conquistas de la democracia política es el estado de derecho que garantiza a la sociedad civil una convivencia justa y pacífica. La Doctrina Social de la Iglesia advierte: ´Es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia, que lo mantengan en su justo límite. Es éste el principio del ´Estado de derecho´, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres´ (CDSI 408). Un avance en este ámbito es el reconocimiento de la primacía de la CPE por encima de otras normas jurídicas, a la cual deben someterse las autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales.
Allí donde se respete la Constitución, los ciudadanos y las instituciones tienen la seguridad de que sus legítimos derechos no serán violados impunemente. Por el contrario, cuando un gobierno, sea del signo que sea, pretende imponer su autoridad por encima de la CPE, se corre el riesgo de caer en la barbarie de los avasallamientos o imposiciones de fuerza, aplastando la justicia y el derecho.
En conformidad con esa doctrina, la actual CPE establece su supremacía: ´La CPE es la Ley suprema del ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones´ (Art. 228).
Para garantizar eficazmente esa supremacía se reconoce al Tribunal Constitucional como órgano ´independiente y sometido sólo a la Constitución´, con sede en la ciudad de Sucre, compuesto por cinco magistrados, designados por el Congreso Nacional por dos tercios de votos de los miembros presentes (Art. 119). Tiene la atribución principal de juzgar sobre la inconstitucionalidad de leyes, decretos y cualquier género de resoluciones no judiciales (Art. 120, 1a).
En la actual situación de Bolivia crece la sospecha de que el Gobierno, basándose en la supuesta legitimidad de haber sido elegido por la mayoría absoluta de los votos, especialmente de la población indígena y de las clases sociales más empobrecidas a las que trata de favorecer, pretende acumular el poder político para, así, implantar su anunciado proyecto socialista comunitario. Una prueba bastante evidente fue la renuncia de los magistrados del Tribunal, quienes acusaron al Gobierno de acoso político para provocar la práctica anulación de ese órgano judicial.
Por todo ello se ve la urgente necesidad de que el Gobierno y las restantes fuerzas políticas hagan todo lo posible para que cuanto antes se constituya el Tribunal de acuerdo con lo dispuesto en la vigente CPE (Arts. 119-121). Sólo de esa manera el Gobierno podrá despejar la sospecha de totalitarismo que cada vez más pesa sobre él. Si quiere pasar a la historia como democrático, debe, posponiendo otros proyectos políticos, incluyendo el revocatorio, instruir a sus parlamentarios para que el Congreso designe a los magistrados que faltan para que el Tribunal pueda sesionar.
Mientras, la extendida duda de inconstitucionalidad no sólo sobre el revocatorio sino también sobre el mismo procedimiento por el cual se aprobó el proyecto de nueva CPE. De otra parte, también es necesario que los estatutos autonómicos se sometan al veredicto del Tribunal. Únicamente así Bolivia podrá volver a la vigencia del estado de derecho.
*Miguel Manzanera es sacerdote.

Cooperativistas sancionaran a quienes no voten por Evo

Los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia decidieron instruir a sus afiliados que voten a favor del presidente Evo Morales en el referéndum revocatorio del 10 de agosto, bajo la advertencia de que serán sancionados quienes no cumplan la orden sindical.
“Tenemos las sanciones correspondientes, las cooperativas serán sancionadas de acuerdo a lo que mandan nuestros estatutos”, anunció ayer el dirigente de este sector, Andrés Villca.
Explicó que la decisión fue adoptada en el último congreso orgánico del sector. “La primera resolución es dar el pleno respaldo a la gestión del presidente Evo Morales. Unánimemente, todas las cooperativas afiliadas deben dar el Sí en el referéndum revocatorio del 10 de agosto”.

Gasto millonario en la campaña

Un estudio de la empresa Publimarket difundido ayer por la red Unitel revela que en 10 días el Gobierno y las bases del Movimiento al Socialismo (MAS) gastaron 725.580 dólares en la campaña televisiva a favor del presidente Evo Morales.
El estudio tomó en cuenta a nueve redes televisivas en las que se promueve la campaña oficialista, excepto la gubernamental Televisión Boliviana, que durante esos días emitió 29.285 segundos de publicidad, cuyo costo comercial, tomando en cuenta que el promedio es de 6 dólares por segundo, ascendería a 175.710 dólares americanos.
De acuerdo con el trabajo, en estos 10 días del mes de julio se difundieron 123.900 segundos de publicidad a favor del Jefe de Estado, lo que significa que a diario tres horas y 40 minutos fueron utilizados por estos mensajes, pagados por instituciones gubernamentales y organizaciones sociales como la Confederación Sindical de Colonizadores, la Confederación de Indígenas del Oriente de Bolivia y la Federación de Mujeres Campesinas.
Por ejemplo, el martes 22 de julio, en cuatro canales de televisión, excepto el gubernamental canal 7, se difundieron 135 minutos de publicidad.
El prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, declaró a la red Unitel, una de las incluidas en el estudio, que “deja mucho que pensar el gasto millonario” que está realizando el oficialismo frente al revocatorio.