La Ley de Preferencias Arancelarias para la Lucha Contra el Narcotráfico (Atpdea), fue ampliado por un año, para países como Perú y Colombia, mientras que a Bolivia y Ecuador solo se les amplió por 6 meses, a partir de enero de 2009, porque la producción de coca en Bolivia ha aumentado de 12.000 hectáreas a 28.000 hectáreas, en dos años y medio.El gerente de la Cámara de Industrias, José Peñaranda, explicó que la ley se basa en la lucha contra el narcotráfico y la reducción de la producción de hoja de coca en Bolivia, sin embargo en los últimos dos años y medio la ley 1008 no ha cumplido con su función.“La Ley 1008 establece que son 12.000 hectáreas legales de producción de coca, las que deben existir, pero en dos años y medio se ha subido a una producción de más de 28.000 hectáreas en producción de coca y eso hace que se incumpla la ley y a la vez Bolivia incumple acuerdos internacionales, reconocidos por las Naciones Unidas y por países con los que teníamos compromisos de hacer una lucha frontal contra el narcotráfico, lo que no se está cumpliendo”, explicó.Señaló que esa es una de las principales causas para la descertificación de Bolivia y ese es el paso necesario para que Bolivia pueda acceder a la ampliación del Atpdea.“Mientras no se levante la descertificación no se podrá acceder ni siquiera a esos seis meses de ampliación ofrecidos por el Congreso norteamericano, ni acceder a que se termine durante los dos últimos meses del 2008 el tema del Atpdea, por lo que estamos en serios problemas, si bien existe un comité para representar la posición boliviana, pero esa delegación cuenta con 8 minutos para explicar lo inexplicable, es decir explicar por qué de 12.000 hectáreas de cultivo hemos saltado a 28.000 hectáreas”, aseveró.Peñaranda dijo que dentro de esa delegación deberían ir los encargados directos de la lucha contra el narcotráfico, por tratarse el tratado específicamente de la lucha contra las drogas. Agregó que gracias a esa descertificación en el país se ven las consecuencias, como ser el despido de personal sobretodo en empresas y fábricas de la ciudad de El Alto, ya que en su mayoría son las directamente afectadas.
http://lapatriaenlinea.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1873&Itemid=32
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miércoles, 22 de octubre de 2008
Oruro: Alcalde duda que el MAS cumpla con modificaciones a su Constitución
Aún cuando se modificó más de un centenar de artículos del proyecto de Constitución Política del Estado (CPE), del Movimiento Al Socialismo (MAS), el alcalde, Edgar Bazán Ortega, y dirigente del Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria, pone en duda que estas sean cumplidas.Bazán dijo que la pregunta del millón, era si el MAS, pondrá a disposición el texto constitucional que fue corregido y si será puesto a consideración de los bolivianos el 25 de enero, para que sea aprobado o rechazado.“Yo personalmente dudo mucho, porque en Oruro, se aprobó supuestamente en detalle la Constitución, pero el MAS cambió el proyecto de Constitución aprobado en Oruro, en dependencias de la Lotería Nacional, desgraciadamente el MAS tiene doble discurso, ojalá que no se proceda con esta Constitución de la misma forma”, manifestó.Dijo desconocer los artículos que fueron modificados, pero que si son más de cien artículos es interesante el trabajo realizado, aunque ahora se debe conocer qué artículos se modificaron, aplicando una ley interpretativa, que tampoco es legal, porque el Congreso Nacional, no tiene facultad para revisar o modificar el texto constitucional.Por lo que conoció a través de los medios de comunicación, dijo que un aspecto positivo sobre la reelección del presidente, como había planificado el MAS, no fue concretado, porque las fuerzas políticas con representación parlamentaria, aceptaron una sola reelección, que significa que se adelantan las elecciones generales para el 6 de diciembre de 2009.Explicó que el presidente Evo Morales, puede presentarse para ser reelecto por un solo periodo, pero ya no por las sucesiones de reelecciones como estaba planteado originalmente en el proyecto de Constitución del MAS.“Me parece interesante, porque será solamente un solo periodo, segunda cosa lo que podemos rescatar de este acuerdo político es que el referéndum va el 25 de enero, para aprobar o desaprobar el texto constitucional del MAS”, dijo la autoridad edil.
http://lapatriaenlinea.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1867&Itemid=32
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Lizandro Coca Olmos: Héroes o violadores
Lo he dicho al menos una vez, no puedo evitar ser humano y, por lo tanto, abrigar alguna esperanza de que esta vez de verdad hayamos llegado a un acuerdo aceptable. ¿Perfecto? Me encantaría, pero sé que no es posible porque en primer lugar, una negociación, pacto o acuerdo, necesariamente implica perder parte de lo que hubiese sido necesario para considerar la situación alcanzada "perfecta", y en segundo lugar porque al ser parte de la minoría, obviamente tengo que admitir que la mayoría, aunque con la obligación de respetarme, se ha ganado la posibilidad de tener mayor "juego de cintura" en el baile. Pero no estaré convencido de las supuestas bondades del acuerdo alcanzado hasta leer con mis propios ojos y analizar las modificaciones hechas al texto constitucional, que supuestamente ha dejado de ser del MAS para convertirse en el texto constitucional de los bolivianos. Para empezar, me ha alegrado saber que, manteniendo la idea de plurinacionalidad, se ha restituido la Nación Boliviana como aglutinador e identificador nacional. ¿Por qué mi desconfianza? No es para menos. Después de ver a Luís Vásquez Villamor nada más y nada menos que junto a Félix Rojas, el primero, coautor del desastre que hemos vivido y que nos ha destrozado nuestros nervios y nuestros hígados durante más de dos años, irresponsable, puesto que siendo presidente de una comisión de constitución, nunca hizo los esfuerzos suficientes y necesarios por la restitución del Tribunal Constitucional, siendo un abogado constitucionalista nada más y nada menos, y el segundo, que nos salió con la frase estúpida de que "así es la república de Bolivia, al que no le guste que se vaya". Luís Vásquez diciendo que está "tranquilo con Bolivia y tranquilo con su conciencia" definitivamente, ¿hay alguien a quien le inspiren confianza? Tengo que ver las modificaciones personalmente para saber si de verdad podemos respirar con mayor tranquilidad, y tenga usted la seguridad de que se lo diré. Sin embargo una cosa debe quedar clara: Aunque dichas modificaciones hubiesen logrado mitigar casi totalmente las barbaridades que nos proponía el texto original, los procesos por los que hemos tenido que pasar, incluido este último acuerdo y lo hecho en esta última sesión del congreso, siguen siendo una atroz muestra de delincuencia política. Ayer escuchaba a Ricardo Pol en la red uno decir que "ésta sería la última violación a la Constitución vigente" ¿¡!? ¿Después de que éste ya casi ha dejado de ser un gobierno "constitucional" (y no lo digo sólo por el Ejecutivo, sino también por el Legislativo), después de haberla quebrantado como les dio la gana, después de haberla manipulado, interpretado y reinterpretado, ¿le están diciendo a la Constitución de 1967: "te vamos a violar esta vez más mamita, última vez, ya va a venir otra a reemplazarte"? Ciertamente va a ser un gran alivio para ella el dejar de ser víctima de los vejámenes de los políticos y, si pudieran hablar entre constituciones, seguramente le diría a la siguiente que no se meta con los políticos bolivianos porque son unos degenerados constitucionales. Al final terminaremos legalizando los delitos de los políticos, en nombre de la paz, de la unidad, de la "fiesta democrática" tendremos que aceptar que los violadores queden impunes, que los delincuentes pretendan mostrarse como héroes salvadores de la República, pacificadores y grandes legisladores, que los causantes de los muertos, los destructores de la institucionalidad, nos miren con sus caras de "deber cumplido" y quieran ser reelectos en cargos públicos para las elecciones de diciembre del próximo año. Y que se entienda bien, no estoy en contra de la reconciliación entre bolivianos, eso es algo invaluable que espero que llegue, estoy en contra de que el ato de sinvergüenzas que trabajan tanto en Palacio de Gobierno como en el Congreso, se muestren como buenos tipos, y nosotros les creamos que son buenos tipos. Siguen siendo los más ineptos e incompetentes gobernantes que hemos tenido en los últimos 25 años, y la prueba clara es que para lograr un acuerdo, han necesitado más de dos años, más de una cincuentena de muertos, perseguidos políticos, presos políticos, una guerra sucia mediática patética, actos de irresponsabilidad, acciones dictatoriales, declaraciones absurdas, y en fin, cientos de hechos que les tenemos que aguantar y por los que, en lugar de recibir sueldos de nuestros impuestos, deberían pagarnos a nosotros. Habrán hecho un gran trabajo si lograron dotarle algo de racionalidad al texto constitucional del MAS, pero será muy poco comparado con todas las idioteces que se mandaron en el proceso, seguirán siendo los responsables de que Bolivia haya estado al borde de la destrucción. Y todavía no se alegren mucho, que aun tengo que revisar sus susodichas modificaciones. lizandrocolmos@gmail.com www.lizandrocolmos.blogspot.com
http://www.lostiempos.com/noticias/22-10-08/22_10_08_pv5.php
http://www.lostiempos.com/noticias/22-10-08/22_10_08_pv5.php
El debate sobre cuatro modificaciones
El presidente del Colegio de Abogados, Bernardo Wayar; el analista Carlos Alarcón y el subdecano de la Corte Suprema, Jaime Ampuero, coincidieron en que la decisión establecida en el texto de la Constitución que irá a referéndum, de que las autoridades del Poder Judicial serán elegidas por voto popular, es un golpe a su independencia y echa por tierra los méritos y antecedentes.
El subdecano Ampuero señaló que “lo mejor que se ha hecho es instituir la carrera judicial y que no tiene sentido la elección de jueces, vocales y magistrados por el voto popular. No es posible que, a partir de la nueva Constitución, los jueces tengan que salir a hacer campaña para que se vote al cargo al que postulan”, puntualizó la autoridad y expresó su deseo de que se revise el tema.
Para el analista Carlos Alarcón, “no es un sistema conveniente para la independencia judicial. Hubiese sido mejor que se defina elegir por voto a los miembros del Consejo de la Magistratura, y que ellos nombren a los jueces, tanto del Tribunal Constitucional, del Supremo de Justicia y del Agrario Ambiental, por medio de los méritos y antecedentes, para designar a los mejores, no en función a criterios políticos o electorales”.
El presidente del Colegio de Abogados, Bernardo Wayar, destacó el hecho de que la negociación que concluyó ayer en el Congreso eliminó la revocatoria de mandato de las autoridades elegidas por voto popular. “Eso es positivo, pero se mantuvo el voto, aunque ahora es el Poder Legislativo el que recibirá la lista para llevar adelante la votación”.
Sin embargo, lamentó que “igual, es un órgano político el que debe decidir cuáles serán los candidatos para la elección. No es una buena fórmula, no debería someterse al voto la elección de las autoridades del Poder Judicial. El sistema debería quedarse como está actualmente, o tal vez hacer que órganos como los colegios de abogados, universidades o la sociedad civil sean los que los designen”.
El control social pierde poder y no tomará decisiones, solamente vigilará
Dos parlamentarios, uno del Movimiento al Socialismo (MAS) y otro de Poder Democrático y Social (Podemos), coincidieron en que, con las modificaciones al proyecto de Constitución, el control social no tomará decisiones y sólo vigilará las acciones de la función pública.
“Ahora el control social quedó reducido a un control ciudadano para velar por la transparencia de la función pública. Por tanto, son una especie de juntas que vigilarán esas acciones”, afirmó ayer el senador por Podemos Luis Vásquez.
Por su parte, el jefe de la bancada del MAS de la Cámara de Diputados, César Navarro, argumentó que el control social está compuesto por la sociedad civil que controla el Estado.
Asimismo, “el control social no tiene como finalidad tomar decisiones conjuntamente el Estado, sino cuadyuvar en la toma de decisiones. Inicialmente (en el texto no modificado), el control social tomaba decisiones”, precisó Navarro.
Al margen de la toma de decisiones, el texto constitucional calificaba al control social como un ente que fiscalizaba todos los poderes. “Era un poder encima de los otros poderes”, señaló Vásquez.
Del mismo modo, el control social tenía que fiscalizar tanto al sector público como al privado, tenía el derecho de vetar, de promover la revocatoria de mandato, recibía y aprobaba informes, podía cambiar sentencias judiciales y modificar leyes de la República, precisó.
“Actualmente, este control quedó reducido, se le restringió totalmente el ámbito público y privado”, señaló posteriormente el senador de Podemos.
Sin embargo, Navarro remarcó que el control social fiscalizará a las instituciones privadas que administran los recursos públicos del Estado.
Acerca de los mecanismos de fiscalización, el legislador afirmó que se decidió que “el Estado definirá los mecanismos de participación (del control social)”. Señaló que las funciones a adoptar estarán sujetas a una reglamentación posterior.
Según opositores, los indígenas ya no recibirán un tratamiento especial
En el nuevo texto constitucional que tuvo modificaciones, los indígenas ya no recibirán un tratamiento especial respecto a la ciudadanía, porque se cumplirá el principio de igualdad para todos los ciudadanos bolivianos, según Podemos.
“De lo que se trata es de igualar los conceptos de ser humano. La ciudadanía involucra el sentido a pertenecer a un país. Por tanto, hablamos de los bolivianos y bolivianas que nacieron en Bolivia y de los hijos de bolivianos que viven en el exterior”, afirmó el senador de Podemos Luis Vásquez.
Antes de sufrir modificaciones, el texto de la nueva Constitución Política del Estado “daba un tratamiento especial para los indígenas de una manera casi unidimensional y principalmente para el indígena. Ahora, todos estamos en el mismo nivel”, explicó el congresista.
Argumentó que el ser humano, más que indígena o no, “goza de los mismos derechos”. Por otro lado, señaló que se tratará de generar un proceso positivo donde los indígenas “puedan ser objeto de un estímulo por parte del Estado”.
Aclaró que ese beneficio no significa que los indígenas gozarán de privilegios en comparación con los demás miembros de la sociedad. “Todos serán tratados en igualdad de condiciones”, remarcó el senador Vásquez.
Este medio trató de comunicarse con cuatro congresistas del Movimiento al Socialismo (MAS) para obtener su percepción al respecto; sin embargo, ninguno contestó el teléfono celular.
Vásquez explicó que al ejercicio de la ciudadanía “le falta muchos detalles”. Dijo que ese derecho no sólo involucra el derecho de votar a los 18 años de edad y ser elegido, sino analizar y dejar en claro las garantías para el individuo.
Anunció que esos detalles estarán sujetos a una evaluación posterior, pero con la garantía de que todos los ciudadanos serán tratados como seres humanos.
Los periodistas expresan dudas sobre la inclusión de la Ley de Imprenta
El artículo 107 señala que los principios de veracidad y responsabilidad se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley; sin embargo, de acuerdo al director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan Javier Zeballos, y al comunicólogo Antonio Vargas, no se especifica a qué ley se refiere.
“En cuanto a la Ley de Imprenta, tenemos nuestras dudas, porque dicen que serán autorregulados por los códigos de ética y su ley, pero no sabemos qué ley. Queremos entender que es la Ley de Imprenta, pero por otro lado también hay un artículo donde se dice que quedan eliminados los fueros especiales y esta ley es un fuero especial. Habría que aclarar exactamente a qué se refiere”, manifestó Juan Javier Zeballos.
El artículo 181 (ahora 180) establece que la jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. Con este punto, de acuerdo a Zeballos, “se eliminaría entonces la Ley de Imprenta, por ser ésta un fuero”.
Sin embargo, según José Antonio Aruquipa, periodista y constituyente de Podemos, la modificación a la Carta Magna brinda un “blindaje constitucional” a la Ley de Imprenta.
“El artículo establece que el ejercicio del periodismo se regirá dentro de los códigos de ética y la ley. Cuando se refiere a la ley, se refiere a la Ley de Imprenta, y esto es un gran logro”, afirmó.
Según el comunicólogo Antonio Vargas, la terminología utilizada no fue clara; añadió que “otra vez, se deja abierta la posibilidad de darle un cuerpo normativo”.
“Lo que pasa es que está haciendo una mención a la Ley de Imprenta sin mencionarla directamente. No sabemos a cuál ley se refiere, ese es el problema específico. Otra vez se deja abierta la posibilidad de poder introducir un cuerpo normativo que limite la libertad de expresión”, dijo.
http://www.la-razon.com/versiones/20081022_006333/nota_249_695008.htm
El subdecano Ampuero señaló que “lo mejor que se ha hecho es instituir la carrera judicial y que no tiene sentido la elección de jueces, vocales y magistrados por el voto popular. No es posible que, a partir de la nueva Constitución, los jueces tengan que salir a hacer campaña para que se vote al cargo al que postulan”, puntualizó la autoridad y expresó su deseo de que se revise el tema.
Para el analista Carlos Alarcón, “no es un sistema conveniente para la independencia judicial. Hubiese sido mejor que se defina elegir por voto a los miembros del Consejo de la Magistratura, y que ellos nombren a los jueces, tanto del Tribunal Constitucional, del Supremo de Justicia y del Agrario Ambiental, por medio de los méritos y antecedentes, para designar a los mejores, no en función a criterios políticos o electorales”.
El presidente del Colegio de Abogados, Bernardo Wayar, destacó el hecho de que la negociación que concluyó ayer en el Congreso eliminó la revocatoria de mandato de las autoridades elegidas por voto popular. “Eso es positivo, pero se mantuvo el voto, aunque ahora es el Poder Legislativo el que recibirá la lista para llevar adelante la votación”.
Sin embargo, lamentó que “igual, es un órgano político el que debe decidir cuáles serán los candidatos para la elección. No es una buena fórmula, no debería someterse al voto la elección de las autoridades del Poder Judicial. El sistema debería quedarse como está actualmente, o tal vez hacer que órganos como los colegios de abogados, universidades o la sociedad civil sean los que los designen”.
El control social pierde poder y no tomará decisiones, solamente vigilará
Dos parlamentarios, uno del Movimiento al Socialismo (MAS) y otro de Poder Democrático y Social (Podemos), coincidieron en que, con las modificaciones al proyecto de Constitución, el control social no tomará decisiones y sólo vigilará las acciones de la función pública.
“Ahora el control social quedó reducido a un control ciudadano para velar por la transparencia de la función pública. Por tanto, son una especie de juntas que vigilarán esas acciones”, afirmó ayer el senador por Podemos Luis Vásquez.
Por su parte, el jefe de la bancada del MAS de la Cámara de Diputados, César Navarro, argumentó que el control social está compuesto por la sociedad civil que controla el Estado.
Asimismo, “el control social no tiene como finalidad tomar decisiones conjuntamente el Estado, sino cuadyuvar en la toma de decisiones. Inicialmente (en el texto no modificado), el control social tomaba decisiones”, precisó Navarro.
Al margen de la toma de decisiones, el texto constitucional calificaba al control social como un ente que fiscalizaba todos los poderes. “Era un poder encima de los otros poderes”, señaló Vásquez.
Del mismo modo, el control social tenía que fiscalizar tanto al sector público como al privado, tenía el derecho de vetar, de promover la revocatoria de mandato, recibía y aprobaba informes, podía cambiar sentencias judiciales y modificar leyes de la República, precisó.
“Actualmente, este control quedó reducido, se le restringió totalmente el ámbito público y privado”, señaló posteriormente el senador de Podemos.
Sin embargo, Navarro remarcó que el control social fiscalizará a las instituciones privadas que administran los recursos públicos del Estado.
Acerca de los mecanismos de fiscalización, el legislador afirmó que se decidió que “el Estado definirá los mecanismos de participación (del control social)”. Señaló que las funciones a adoptar estarán sujetas a una reglamentación posterior.
Según opositores, los indígenas ya no recibirán un tratamiento especial
En el nuevo texto constitucional que tuvo modificaciones, los indígenas ya no recibirán un tratamiento especial respecto a la ciudadanía, porque se cumplirá el principio de igualdad para todos los ciudadanos bolivianos, según Podemos.
“De lo que se trata es de igualar los conceptos de ser humano. La ciudadanía involucra el sentido a pertenecer a un país. Por tanto, hablamos de los bolivianos y bolivianas que nacieron en Bolivia y de los hijos de bolivianos que viven en el exterior”, afirmó el senador de Podemos Luis Vásquez.
Antes de sufrir modificaciones, el texto de la nueva Constitución Política del Estado “daba un tratamiento especial para los indígenas de una manera casi unidimensional y principalmente para el indígena. Ahora, todos estamos en el mismo nivel”, explicó el congresista.
Argumentó que el ser humano, más que indígena o no, “goza de los mismos derechos”. Por otro lado, señaló que se tratará de generar un proceso positivo donde los indígenas “puedan ser objeto de un estímulo por parte del Estado”.
Aclaró que ese beneficio no significa que los indígenas gozarán de privilegios en comparación con los demás miembros de la sociedad. “Todos serán tratados en igualdad de condiciones”, remarcó el senador Vásquez.
Este medio trató de comunicarse con cuatro congresistas del Movimiento al Socialismo (MAS) para obtener su percepción al respecto; sin embargo, ninguno contestó el teléfono celular.
Vásquez explicó que al ejercicio de la ciudadanía “le falta muchos detalles”. Dijo que ese derecho no sólo involucra el derecho de votar a los 18 años de edad y ser elegido, sino analizar y dejar en claro las garantías para el individuo.
Anunció que esos detalles estarán sujetos a una evaluación posterior, pero con la garantía de que todos los ciudadanos serán tratados como seres humanos.
Los periodistas expresan dudas sobre la inclusión de la Ley de Imprenta
El artículo 107 señala que los principios de veracidad y responsabilidad se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley; sin embargo, de acuerdo al director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan Javier Zeballos, y al comunicólogo Antonio Vargas, no se especifica a qué ley se refiere.
“En cuanto a la Ley de Imprenta, tenemos nuestras dudas, porque dicen que serán autorregulados por los códigos de ética y su ley, pero no sabemos qué ley. Queremos entender que es la Ley de Imprenta, pero por otro lado también hay un artículo donde se dice que quedan eliminados los fueros especiales y esta ley es un fuero especial. Habría que aclarar exactamente a qué se refiere”, manifestó Juan Javier Zeballos.
El artículo 181 (ahora 180) establece que la jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. Con este punto, de acuerdo a Zeballos, “se eliminaría entonces la Ley de Imprenta, por ser ésta un fuero”.
Sin embargo, según José Antonio Aruquipa, periodista y constituyente de Podemos, la modificación a la Carta Magna brinda un “blindaje constitucional” a la Ley de Imprenta.
“El artículo establece que el ejercicio del periodismo se regirá dentro de los códigos de ética y la ley. Cuando se refiere a la ley, se refiere a la Ley de Imprenta, y esto es un gran logro”, afirmó.
Según el comunicólogo Antonio Vargas, la terminología utilizada no fue clara; añadió que “otra vez, se deja abierta la posibilidad de darle un cuerpo normativo”.
“Lo que pasa es que está haciendo una mención a la Ley de Imprenta sin mencionarla directamente. No sabemos a cuál ley se refiere, ese es el problema específico. Otra vez se deja abierta la posibilidad de poder introducir un cuerpo normativo que limite la libertad de expresión”, dijo.
http://www.la-razon.com/versiones/20081022_006333/nota_249_695008.htm
Chuquisaca hará campaña por el NO a la nueva CPE
La prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, anunció que hará campaña por el No a la aprobación del texto constitucional que será puesto a consideración en el referéndum del 25 de enero del 2009, porque “es una Constitución manchada con sangre”, que excluye las demandas de esa región sobre la capitalidad plena y la autonomía departamental.
La autoridad rechazó el contenido y la forma en que el Congreso aprobó el proyecto del MAS. “Los chuquisaqueños no vamos a reconocer esa Constitución... No podemos rifar a nuestros tres muertos y más de 40 heridos”, resultado del enfrentamiento en La Calancha cuando se aprobaba el proyecto de Constitución en su etapa en grande.
Calificó a algunos diputados de Chuquisaca como “levantamanos” y que traicionaron los intereses de la región, y añadió que, en coordinación con el Comité Interinstitucional, se asumirán otras acciones.
El presidente del Comité Cívico, Jhon Cava, señaló que, personalmente, comparte el anuncio de la Prefecta. Aunque hoy, el directorio de la entidad analizará todo el proceso de negociación de ocho días que terminó con la promulgación de la ley por parte del presidente Evo Morales.
El lunes, el Comité Interinstitucional se reunirá para evaluar el desenlace de las negociaciones y el comportamiento de cada uno de los parlamentarios del departamento. Redacción Sucre
http://www.la-razon.com/versiones/20081022_006333/nota_249_695010.htm
La autoridad rechazó el contenido y la forma en que el Congreso aprobó el proyecto del MAS. “Los chuquisaqueños no vamos a reconocer esa Constitución... No podemos rifar a nuestros tres muertos y más de 40 heridos”, resultado del enfrentamiento en La Calancha cuando se aprobaba el proyecto de Constitución en su etapa en grande.
Calificó a algunos diputados de Chuquisaca como “levantamanos” y que traicionaron los intereses de la región, y añadió que, en coordinación con el Comité Interinstitucional, se asumirán otras acciones.
El presidente del Comité Cívico, Jhon Cava, señaló que, personalmente, comparte el anuncio de la Prefecta. Aunque hoy, el directorio de la entidad analizará todo el proceso de negociación de ocho días que terminó con la promulgación de la ley por parte del presidente Evo Morales.
El lunes, el Comité Interinstitucional se reunirá para evaluar el desenlace de las negociaciones y el comportamiento de cada uno de los parlamentarios del departamento. Redacción Sucre
http://www.la-razon.com/versiones/20081022_006333/nota_249_695010.htm
En tres regiones rechazan el pacto
El Comité pro Santa Cruz resolvió ayer rechazar el acuerdo alcanzado en el Congreso respecto al proyecto de texto constitucional y se declaró en sesión permanente para realizar un análisis jurídico de las modificaciones; las conclusiones y posición institucional se darán a conocer hasta el próximo viernes.
En el punto cuatro de la resolución de directorio, el comité decidió “rechazar enfáticamente la negociación del voto del pueblo ocurrida ayer en el Congreso Nacional”. “El pueblo cruceño ha votado mayoritariamente por la autonomía y por los estatutos autonómicos, y el acuerdo que hacen los partidos es para impulsar una Constitución ajena a ese mandato popular, una Constitución hecha con violencia y violando los derechos humanos”.
La entidad se declaró en sesión permanente, con el objetivo de realizar un análisis jurídico de las modificaciones congresales al proyecto de Constitución y dar una posición institucional sobre el mismo. Se informó que una comisión conformada por cuatro abogados constitucionalistas y miembros del directorio del comité emprenderá esta labor.
Una vez que se obtengan los resultados, "haremos una reunión ampliada y se llevará a cabo una Asamblea de la Cruceñidad”, indicó el vicepresidente del Comité Cívico, Luis Núñez.
Los miembros del Comité Cívico pro Santa Cruz resolvieron también declarar su respaldo al presidente de la entidad, Branko Marinkovic, que se encuentra en una gira internacional para dar a conocer “los beneficios del proyecto autonómico de Santa Cruz y, a la vez, denunciando las permanentes violaciones a los derechos humanos en el país”.
La entidad exigió que el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández y los confinados y presos sean puestos en libertad, además de la suspensión del estado de sitio en esa región.
Otros sectores lamentaron lo ocurrido e incluso hablaron de la ruptura del Consejo Nacional Democrático (Conalde).
El vicepresidente de la Asamblea Legislativa Cruceña, Delmar Méndez, destacó el papel de los congresistas de ese departamento y del Beni. “Es una pena lo que ha sucedido con los parlamentarios de Pando que han abandonado su causa y hubieran dejado el tema autonómico para negociar la vuelta de los confinados y la liberación de Leopoldo. Una pena por los tarijeños, sus razones tendrán, pero lo que ha habido fue una ruptura tácita del Conalde, pero no por eso vamos a sentirnos derrotados, vamos a seguir peleando”, manifestó.
Luis Núñez coincidió con Méndez y afirmó que la situación del Conalde es difícil. “Los parlamentarios de Pando y Tarija permanecieron en el hemiciclo y hay que ver qué explicación tienen”.
Para el prefecto Rubén Costas, el Conalde es un consejo democrático y no un partido político. “Ahora sólo quedamos tres prefectos (en el Conalde)... En base a esa resistencia democrática ahora debemos conformar un frente amplio, una gran alianza porque se vienen procesos electorales y habrá que defender la democracia, la libertad y la paz”.
El presidente de la Corte Departamental Electoral (CDE), Mario Orlando Parada, ratificó la posición de no llevar adelante ningún referéndum mientras no se audite el Padrón Electoral. “Queremos un padrón sano, limpio, legítimo y creíble, y para determinar algo en su momento lo resolverá en una sala plena”, sostuvo. Redacción Santa Cruz
http://www.la-razon.com/versiones/20081022_006333/nota_249_695009.htm
En el punto cuatro de la resolución de directorio, el comité decidió “rechazar enfáticamente la negociación del voto del pueblo ocurrida ayer en el Congreso Nacional”. “El pueblo cruceño ha votado mayoritariamente por la autonomía y por los estatutos autonómicos, y el acuerdo que hacen los partidos es para impulsar una Constitución ajena a ese mandato popular, una Constitución hecha con violencia y violando los derechos humanos”.
La entidad se declaró en sesión permanente, con el objetivo de realizar un análisis jurídico de las modificaciones congresales al proyecto de Constitución y dar una posición institucional sobre el mismo. Se informó que una comisión conformada por cuatro abogados constitucionalistas y miembros del directorio del comité emprenderá esta labor.
Una vez que se obtengan los resultados, "haremos una reunión ampliada y se llevará a cabo una Asamblea de la Cruceñidad”, indicó el vicepresidente del Comité Cívico, Luis Núñez.
Los miembros del Comité Cívico pro Santa Cruz resolvieron también declarar su respaldo al presidente de la entidad, Branko Marinkovic, que se encuentra en una gira internacional para dar a conocer “los beneficios del proyecto autonómico de Santa Cruz y, a la vez, denunciando las permanentes violaciones a los derechos humanos en el país”.
La entidad exigió que el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández y los confinados y presos sean puestos en libertad, además de la suspensión del estado de sitio en esa región.
Otros sectores lamentaron lo ocurrido e incluso hablaron de la ruptura del Consejo Nacional Democrático (Conalde).
El vicepresidente de la Asamblea Legislativa Cruceña, Delmar Méndez, destacó el papel de los congresistas de ese departamento y del Beni. “Es una pena lo que ha sucedido con los parlamentarios de Pando que han abandonado su causa y hubieran dejado el tema autonómico para negociar la vuelta de los confinados y la liberación de Leopoldo. Una pena por los tarijeños, sus razones tendrán, pero lo que ha habido fue una ruptura tácita del Conalde, pero no por eso vamos a sentirnos derrotados, vamos a seguir peleando”, manifestó.
Luis Núñez coincidió con Méndez y afirmó que la situación del Conalde es difícil. “Los parlamentarios de Pando y Tarija permanecieron en el hemiciclo y hay que ver qué explicación tienen”.
Para el prefecto Rubén Costas, el Conalde es un consejo democrático y no un partido político. “Ahora sólo quedamos tres prefectos (en el Conalde)... En base a esa resistencia democrática ahora debemos conformar un frente amplio, una gran alianza porque se vienen procesos electorales y habrá que defender la democracia, la libertad y la paz”.
El presidente de la Corte Departamental Electoral (CDE), Mario Orlando Parada, ratificó la posición de no llevar adelante ningún referéndum mientras no se audite el Padrón Electoral. “Queremos un padrón sano, limpio, legítimo y creíble, y para determinar algo en su momento lo resolverá en una sala plena”, sostuvo. Redacción Santa Cruz
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