Editorial La Prensa: En la ruta de lo ilícito

Eso de infringir la ley es algo que en este Gobierno acusa una extrema recurrencia. Casi no hay semana en que la gente afín al Movimiento Al Socialismo no agregue nuevas perlas a su largo rosario de contravenciones. El último de esos atropellos a la legalidad es la forma en que viene contraviniendo leyes expresas en que se basa una resolución de la Corte Nacional Electoral del 21 de noviembre de 2008, que prohíbe terminantemente la aplicación de recursos económicos y uso de bienes públicos en campañas electorales. Se trata de un principio sin cuya observancia se resiente el que corresponde al de la igualdad de oportunidades que debe regir en toda justa electoral. La paridad desaparece de la competencia político-partidaria cuando el partido de Gobierno echa mano de los recursos y medios de comunicación del Estado para ganar terreno al adversario en una campaña por el voto ciudadano. La falta, además, de jurídico-penal (malversación de fondos públicos) es también ética. Según varios trascendidos periodísticos, el Gobierno se vale de la Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (Repac) a fin de incurrir en el referido ilícito. Con aquella sigla se conoce a la institución creada para que “socialice” la Constitución Política del Estado elaborada en Sucre y sancionada en La Glorieta excluyendo a los partidos de la oposición. Después de hacer eso durante el tiempo que funcionó la fracasada Asamblea Constituyente, la Repac gasta cuantiosos recursos no sólo en tareas de divulgación del texto de la Ley Fundamental que irá a referendo dirimidor y ratificatorio el 25 de enero del próximo año, sino también en campañas por radio, prensa y televisión a favor del Sí. Una cosa es proporcionar a la ciudadanía material que le ilustre sobre el tipo de país que diseña el proyecto de nueva Constitución, a fin de que la información le induzca a votar en una u otra dirección en la consulta de enero, y otra muy diferente es instarle abiertamente a que vote por el Sí, que es lo que hace la Repac con recursos que finalmente proceden de los bolsillos de los contribuyentes al fisco, por la vía impositiva. La Repac debutó con un presupuesto de casi 10 millones de bolivianos en la Asamblea Constituyente de Sucre, sobre los que no se han dado a conocer aún los resultados de una fiscalización desde el respectivo ámbito jurisdiccional. A esa suma se agregan ahora los 4 millones que le asignó el Poder Ejecutivo para un trabajo de “socialización” de la Constitución Política del Estado, que más que tal es una propaganda abierta para el Sí, algo considerado irregular hasta por la Corte Nacional Electoral (CNE). Definitivamente y como en el caso expuesto, el Gobierno sigue impertérrito en su marcha por la ruta de lo ilícito.
http://www.laprensa.com.bo/noticias/15-12-08/15_12_08_edit1.php

Al abrir el proyecto de CPE

En el principio (perdón, San Juan), el proyecto de Constitución del MAS nos trae un prólogo irremediablemente cursi para su evangelio, un documento que pretende erigir en la ley suprema de Bolivia. Si el buen gusto en el uso del idioma y el respeto a sus reglas fuesen razón suficiente para descartarlo, sería el caso para decir No a ese borrador. Por mal escrito y por cursi.Leamos las primeras líneas del prólogo: “En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra Amazonia, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores…”. Ocurre que esas primeras palabras llevan al lector, obligado a leer el documento que puede regir su vida por mucho tiempo, a imaginarse un mundo plácido del que surgen montañas armónicamente como en un ballet y no al de la realidad: la de fuerzas tectónicas descomunales en plena acción para formar esas montañas. ¿Y quién dijo a los inspirados redactores que el frío y desolado altiplano era un jardín verde y florido? Así se va la primera página de los 411 artículos. No voy a entrar en la sustancia y sólo vadearé dos artículos de este documento. El art. 1: “Bolivia se constituye en Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”. Uno, que hasta aquí ya agotó el aliento, tiene que volver a respirar profundamente antes de continuar y preparar las turbinas del cerebro porque empiezan los problemas. No sabemos si el Derecho es atributo del Estado unitario o si el Derecho es plurinacional comunitario y un rosario de adjetivos. Si el derecho es del Estado unitario, todo está bien. Si es del plurinacional etc., estamos fritos, porque no sabría decir en cuál de esos derechos yo tengo cabida. La verdad es que como no hay coma alguna en “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”, debo suponer que estaré dentro de esta ensalada que nadie, nadie ha explicado comprensiblemente qué es. La redacción es agresivamente confusa y dilatada. Más problemas se vienen en el art. 2.: “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originario campesino y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno y a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y a la ley”. Primer problema: no sé cómo han determinado la existencia precolonial (antes de 1492) de todas las naciones cobijadas dentro de lo que llamamos Bolivia. No existe estudio antropológico, que yo conozca, capaz de decirme con certeza los orígenes de los pobladores americanos, mucho menos de los de la Amazonia boliviana. ¿No existe la posibilidad de que algunas de ellas surgiesen de la fusión natural de unas tribus con otras? ¿O es que hay estudios genéticos que les aseguran un linaje propio? Si los hubiere, ¿quién autorizó hacerlos? Luego, ¿qué es ancestral? El término es muy vago para ser incluido categóricamente en un proyecto de Constitución. ¿Y quién asegura que tuvieron ‘dominio’? Sin desmerecer los grandes atributos de los pueblos indígenas, a los redactores de este proyecto les faltó modestia o pecaron de arrogancia y hacen un flaco favor a quienes en apariencia quieren servir.
http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-12-15/vernotacolumnistas.php?id=081214231043

Juan Carlos Urenda: estado centralista con autonomías

El proyecto de Constitución aprobado en el Congreso Nacional propone una novedosa forma de Estado en la que coexisten regímenes territoriales autónomos con un Gobierno central acaparador y desmesurado, fórmula ‘a la boliviana’ que puede generar un Estado contradictorio en sí mismo y, por lo tanto, fallido.El grado de autonomía de las entidades territoriales se mide por las competencias que les son asignadas. En el caso de las autonomías departamentales, es cierto que el proyecto establece una estructura básica compuesta por gobiernos departamentales, encabezados por un gobernador, y una Asamblea Legislativa con facultad de dictar leyes departamentales. Pero ¿de qué sirve esa estructura si el proyecto no otorga a los gobiernos departamentales las competencias necesarias para que puedan funcionar de manera autónoma? Lo que pasa es que ni el partido de Gobierno ni los partidos centralistas que acordaron el proyecto creen verazmente en la autonomía, por eso ni la ‘comisión clandestina’ ni la de ‘negociación’ trataron las competencias de los regímenes autónomos departamentales. Lo que sí trataron con cuidado fueron las competencias del Gobierno central, que suman nada menos que 63, distribuidas en privativas indelegables, exclusivas, compartidas y concurrentes, creando lo que probablemente sea el catálogo constitucional competencial para el Gobierno central más extenso y sobredimensionado del mundo (España, por ejemplo, tiene sólo 32 competencias exclusivas para el Gobierno central). En todas esas competencias, el nivel central tiene la potestad de dictar leyes nacionales que, naturalmente, definirán las competencias de forma centralizada. Los proyectistas perdieron de vista aspectos centrales de los regímenes autónomos. Por ejemplo, no concedieron a los gobiernos departamentales competencias para definir políticas públicas en educación y salud, materias básicas de todo régimen autónomo. Es más, en estas materias hay un retroceso con relación a la legislación actual, porque el proyecto establece que inclusive la gestión de las tareas de educación y salud es una labor compartida entre el Gobierno central y los departamentales. Esto es centralismo puro en las competencias más sensibles para la población. Asimismo, la autonomía departamental está atada a una ‘ley marco de autonomías’, que establece los mecanismos de elaboración de los estatutos, la transferencia de competencias y nada menos que el régimen económico-financiero de las competencias autonómicas. Luego mantienen los cinco niveles de gobierno: el nacional, los departamentales, los regionales (pudiendo acceder a ellos las provincias), los municipales y los indígenas. Los gobiernos regionales no harán otra cosa que cercenar competencias y recursos a los gobiernos departamentales, y los cinco niveles de gobierno garantizan la ingobernabilidad. Hubo, pues, una conversión sin fe en las autonomías y el resultado es un régimen de autonomías departamentales que contiene el germen de su propia ineficiencia y anulación, concebido precisamente por los representantes de los departamentos donde ganó el No por dicha forma de Estado. Por eso está mal hecho.
* Abogado constitucionalista
http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-12-15/vernotacolumnistas.php?id=081214231209

Gobierno se molesta por inicio de campaña por el NO a la NCPE

http://www.elmundo.com.bo/Secundarianew.asp?edicion=15/12/2008&Tipo=Politica&Cod=7791

Los periodistas le dicen a Evo basta ya de agresiones!!

http://www.la-razon.com/versiones/20081215_006487/nota_250_730661.htm