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martes, 16 de diciembre de 2008
Ministro Presidente
En Bolivia hemos descubierto una nueva figura política, la del “Ministro Presidente”. Se trata de un ministro que tiene más peso y es más importante que el Presidente de la República. Me estoy refiriendo al Ministro de la Presidencia, defendido a capa y espada por el presidente Evo Morales frente a las imputaciones que formuló el ex presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional contra esa autoridad en las que le atribuye su participación en actividades delictivas relativas al contrabando de mercaderías.
En el contexto de un escándalo político como el del presente caso, en lugar de ser el Ministro de la Presidencia el fusible del Presidente de la República; Evo Morales, con su defensa anticipada y apasionada del ministro, se convierte en el fusible de Juan Ramón Quintana. ¿Qué sucedería con el Presidente de la República si, después del debido proceso legal, la justicia llegara a la conclusión —afirmada en una sentencia con calidad de cosa juzgada— de que el Ministro de la Presidencia es culpable y responsable de los hechos que le atribuye el ex presidente Ejecutivo de la Aduana?
El análisis de este caso presenta dos planos: i) el jurídico y ii) el político.
En el plano jurídico, el Ministro de la Presidencia, como el Prefecto del departamento de Pando o como cualquier otro ciudadano que es imputado por la comisión de un delito, tiene el derecho constitucional a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada que declare su culpabilidad. Como paradoja, el Ministro de la Presidencia encabezó un linchamiento mediático del Prefecto de Pando, pasándose por la tapa la presunción de inocencia. En este momento le calza como anillo al dedo a este ministro el lema de “trata a los demás como quisieras ser tratado”, o el de “la justicia tiene que estar por encima y al margen de la manipulación política”.
El Ministro de la Presidencia no puede estar por encima de la ley y la justicia. Cuando decide por sí y ante sí que no se someterá a una investigación porque se considera inocente, se atribuye indebidamente un privilegio que no lo tiene ni el Presidente de la República y menos cualquiera de los ciudadanos de a pie que vivimos en este amado país; ante la menor infracción de tránsito, tenemos que pagar la multa que corresponde.
Resulta imperiosa la investigación independiente e imparcial de estos hechos (también de los hechos de Pando; una investigación no tiene por qué tapar a la otra) porque se tiene que dar una señal clara y contundente a la sociedad de que el Estado no está dispuesto a ser cooptado por la delincuencia organizada del contrabando.
En el plano político, como señal de transparencia para la investigación, es lamentable que Evo Morales no hubiera destituido al Ministro de la Presidencia como lo hizo anteriormente con otros funcionarios de menor jerarquía. Distinta fue la actitud de Barack Obama con el Gobernador del Estado de Illinois o la de Alan García con su jefe y ministros del gabinete.
*Carlos Alarcón es abogado constitucionalista.
http://www.la-razon.com/versiones/20081216_006488/nota_246_731280.htm
En el contexto de un escándalo político como el del presente caso, en lugar de ser el Ministro de la Presidencia el fusible del Presidente de la República; Evo Morales, con su defensa anticipada y apasionada del ministro, se convierte en el fusible de Juan Ramón Quintana. ¿Qué sucedería con el Presidente de la República si, después del debido proceso legal, la justicia llegara a la conclusión —afirmada en una sentencia con calidad de cosa juzgada— de que el Ministro de la Presidencia es culpable y responsable de los hechos que le atribuye el ex presidente Ejecutivo de la Aduana?
El análisis de este caso presenta dos planos: i) el jurídico y ii) el político.
En el plano jurídico, el Ministro de la Presidencia, como el Prefecto del departamento de Pando o como cualquier otro ciudadano que es imputado por la comisión de un delito, tiene el derecho constitucional a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada que declare su culpabilidad. Como paradoja, el Ministro de la Presidencia encabezó un linchamiento mediático del Prefecto de Pando, pasándose por la tapa la presunción de inocencia. En este momento le calza como anillo al dedo a este ministro el lema de “trata a los demás como quisieras ser tratado”, o el de “la justicia tiene que estar por encima y al margen de la manipulación política”.
El Ministro de la Presidencia no puede estar por encima de la ley y la justicia. Cuando decide por sí y ante sí que no se someterá a una investigación porque se considera inocente, se atribuye indebidamente un privilegio que no lo tiene ni el Presidente de la República y menos cualquiera de los ciudadanos de a pie que vivimos en este amado país; ante la menor infracción de tránsito, tenemos que pagar la multa que corresponde.
Resulta imperiosa la investigación independiente e imparcial de estos hechos (también de los hechos de Pando; una investigación no tiene por qué tapar a la otra) porque se tiene que dar una señal clara y contundente a la sociedad de que el Estado no está dispuesto a ser cooptado por la delincuencia organizada del contrabando.
En el plano político, como señal de transparencia para la investigación, es lamentable que Evo Morales no hubiera destituido al Ministro de la Presidencia como lo hizo anteriormente con otros funcionarios de menor jerarquía. Distinta fue la actitud de Barack Obama con el Gobernador del Estado de Illinois o la de Alan García con su jefe y ministros del gabinete.
*Carlos Alarcón es abogado constitucionalista.
http://www.la-razon.com/versiones/20081216_006488/nota_246_731280.htm
El informe que mancilla Bolivia
Por: Edmundo Rocabado V. (*)Todos pensábamos que la presencia de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Bolivia iba a ser un instrumento para consolidar la democracia y sometimiento a la legalidad, aparte de fortalecer los derechos humanos; sin embargo, la institución se desfiguró emitiendo el informe de conclusiones con evidente parcialización sobre los acontecimientos sangrientos ocurridos en pando el pasado 11 de septiembre.La redacción de aquel documento fue encargada a una comisión encabezada por el argentino Rodolfo Mattarollo, quien aprovechando de su afinidad política con el gobierno boliviano, dio rienda suelta a serie de suposiciones sin reflejar con claridad e imparcialidad los sucesos que ensangrentaron al país.
El informe es una absurda intromisión a nuestro ordenamiento jurídico; mancilla y hiere a los bolivianos y a los que están en labor de magistrados al calificar como “masacre, crímenes de lesa humanidad y delitos comunes” lo ocurrido en Pando, sin tomar en cuenta las denuncias que pudieron aportar los que no son adherentes al MAS, partido de gobierno, pero que también sufrieron excesos de campesinos militares y policías.Descaradamente Mattarollo afirma que no se tomó en cuenta testimonios de la oposición por ser “inverosímiles”; pero ¿cuánta verdad recogió el argentino y sus acompañantes que comparten ideológicamente con masistas? Esta pregunta permanecerá en la mente de periodistas que no hacemos demagogia, que no nos parcializamos con nadie, sino, defendemos la verdad, la honestidad y luchamos siempre en contra de gobiernos arbitrarios, prepotentes, abusivos; gobiernos que buscan “padrinos’ para seguir cometiendo excesos, violar derechos humanos; padrinos extranjeros que se atribuyen derechos para juzgar e inducir a gobernantes cómo establecer sentencias, desconociendo que nuestro país tiene leyes para todo caso o delito, leyes amparadas por la Constitución Política del Estado.También es lamentable que el Ministerio Público bajando la cerviz de sus integrantes ante la presión del Ejecutivo, utilizarán el informe de Unasur como prueba de las investigaciones que realiza, sabiendo que el documento es parcial y reprobado por enorme sector de la ciudadanía y partidos de oposición.La prensa nacional y los periodistas, a quienes, equivocadamente, nos estigmatizan y los califican como aliados de la derecha, a través de editoriales y opiniones de prestigiosos analistas, critican el informe de Unasur, afirmando que el documento tiene “tendencia partidista dominante de quienes conforman esa comisión”. Prosiguen: “lo que hizo Unasur es algo que desagrada a los organismos internacionales y hace flaco servicio al gobierno” (diario Opinión de Cochabamba).Añade: refiriéndose a los miembros de la comisión “ocultar o quizá nunca lo intentaron porque sus más audaces posiciones ideológicas y sus compromisos”.El Presidente Morales reconoció que Unasur no goza de legalidad y no ha sido reconocida su funcionamiento; entonces, ¿hacia dónde vamos?, ¿quiénes nos quieren manejar? y ¿quiénes quieren hace suyas nuestras leyes? Preguntas que flotan sin respuesta, tampoco creeemos que ningún país del Mundo puede aceptar cualquier intervención descara a su nacionalidad.Ese informe de marras tiene muchas lagunas y emite juicios sin valor real y en ningún párrafo hace mención a la presencia en Pando del Ministro de la Presidencia que puso la leña para encender la hoguera, menos testimonia la muerte violenta de Pedro Oshiro, uno de los primeros muertos aquel fatídico día.(*) Periodista
http://lapatriaenlinea.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1338&Itemid=33
El informe es una absurda intromisión a nuestro ordenamiento jurídico; mancilla y hiere a los bolivianos y a los que están en labor de magistrados al calificar como “masacre, crímenes de lesa humanidad y delitos comunes” lo ocurrido en Pando, sin tomar en cuenta las denuncias que pudieron aportar los que no son adherentes al MAS, partido de gobierno, pero que también sufrieron excesos de campesinos militares y policías.Descaradamente Mattarollo afirma que no se tomó en cuenta testimonios de la oposición por ser “inverosímiles”; pero ¿cuánta verdad recogió el argentino y sus acompañantes que comparten ideológicamente con masistas? Esta pregunta permanecerá en la mente de periodistas que no hacemos demagogia, que no nos parcializamos con nadie, sino, defendemos la verdad, la honestidad y luchamos siempre en contra de gobiernos arbitrarios, prepotentes, abusivos; gobiernos que buscan “padrinos’ para seguir cometiendo excesos, violar derechos humanos; padrinos extranjeros que se atribuyen derechos para juzgar e inducir a gobernantes cómo establecer sentencias, desconociendo que nuestro país tiene leyes para todo caso o delito, leyes amparadas por la Constitución Política del Estado.También es lamentable que el Ministerio Público bajando la cerviz de sus integrantes ante la presión del Ejecutivo, utilizarán el informe de Unasur como prueba de las investigaciones que realiza, sabiendo que el documento es parcial y reprobado por enorme sector de la ciudadanía y partidos de oposición.La prensa nacional y los periodistas, a quienes, equivocadamente, nos estigmatizan y los califican como aliados de la derecha, a través de editoriales y opiniones de prestigiosos analistas, critican el informe de Unasur, afirmando que el documento tiene “tendencia partidista dominante de quienes conforman esa comisión”. Prosiguen: “lo que hizo Unasur es algo que desagrada a los organismos internacionales y hace flaco servicio al gobierno” (diario Opinión de Cochabamba).Añade: refiriéndose a los miembros de la comisión “ocultar o quizá nunca lo intentaron porque sus más audaces posiciones ideológicas y sus compromisos”.El Presidente Morales reconoció que Unasur no goza de legalidad y no ha sido reconocida su funcionamiento; entonces, ¿hacia dónde vamos?, ¿quiénes nos quieren manejar? y ¿quiénes quieren hace suyas nuestras leyes? Preguntas que flotan sin respuesta, tampoco creeemos que ningún país del Mundo puede aceptar cualquier intervención descara a su nacionalidad.Ese informe de marras tiene muchas lagunas y emite juicios sin valor real y en ningún párrafo hace mención a la presencia en Pando del Ministro de la Presidencia que puso la leña para encender la hoguera, menos testimonia la muerte violenta de Pedro Oshiro, uno de los primeros muertos aquel fatídico día.(*) Periodista
http://lapatriaenlinea.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1338&Itemid=33
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