TEMOR A LA VERDAD

El Gobierno actual dispone de bien financiados ‘grupos de choque’ en todas las regiones del país. Fueron organizados y congregados bajo el mando de un ente de filiación masista, desde niveles de Secretarías de Estado. Nada menos que un ex ‘defensor’ de los derechos humanos y propugnador de la paz social fue inicialmente el encargado de coordinar las acciones de los denominados ‘movimientos sociales’ contra los adversarios del régimen. Naturalmente que al Gobierno no le resultó muy problemático que campesinos de base pasaran a formar parte de las respectivas brigadas. Se trata de gente pobre que a cambio de prebendas económicas o de tipo asistencial, hace siempre cuanto le ordenan hacer quienes así les favorecen. Sin remontarnos a los tiempos coloniales, cuando las masas de nativos, sobre todo las del altiplano, a cambio de granjerías servían por igual a patriotas y realistas, recordemos cómo el método le resultó particularmente eficaz a Bautista Saavedra, avanzada ya la República, para hacerse de sus temidas ‘ovejas de Achacachi’ (los ‘ponchos rojos’ de la época). El MNR utilizó la Reforma Agraria de 1953 para lo mismo. Los indígenas dejaron de ser tales para convertirse en ‘campesinos’ igualados en una agremiación ‘sindical’ que el MNR dirigía desde el Ministerio de ‘Asuntos Campesinos’ y su ‘Comité Político Nacional’. Aimaras y quechuas pasaron de la servidumbre semifeudal a la que les sometían los latifundistas, al pongueaje político de la jerarquía movimientista. Barrientos Ortuño heredó este tipo de sujeción y lo aprovechó al máximo. Su gobierno tenía las plantas bien puestas en el poder militar (Fuerzas Armadas alineadas en torno suyo) y en la estructura sindical campesina que dirigía su partido.Los ‘movimientos sociales’ del MAS, básicamente compuestos por ‘indígenas’ (denominativo que hizo reflotar el ultra indigenismo de las ONG infiltradas en el Gobierno de Evo Morales) constituyen ahora la pieza clave de la estrategia del partido de Gobierno hacia la hegemonía política total. Prácticamente se han convertido en una fuerza paralela a la institución militar. Acaso los más asistidos ( a través de las respectivas delegaciones presidenciales) tanto económicamente como en cuestiones de logística ) sean los que conforman los enclaves masistas en Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. Cada vez que se agrava la ya prolongada crisis política que vive el país, son utilizados por el Gobierno a modo de peones y alfiles contra el adversario, en el tablero de la contienda. Casi siempre la presencia de altas autoridades de Gobierno precede a estas movidas, delatando así que los ‘movimientos sociales’ no actúan por cuenta propia, sino en cumplimiento de instrucciones superiores. Ministros y altas autoridades de Gobierno estuvieron en Pando antes de que allí estallara la violencia que produjo el baño de sangre que todos lamentamos. Ingresaron a Pando brigadas masistas que chocaron con lugareños organizados para defenderse. Los invasores disponían de armas y municiones que no les cayeron del cielo. Alguien se las suministró para que tiraran a matar, como lo hicieron, provocando la replica regional que terminó enlutando a Cobija y algunas de sus zonas rurales próximas. Por último, para colmo, el desembarco de tropas ‘especiales’ en el aeropuerto de Cobija que sin más ni más dispararon contra civiles, provocando un muerto y varios heridos. A contrapelo de tan luctuosos hechos, el Gobierno dice que no es responsable absolutamente de nada y le echa toda la culpa al prefecto Leopoldo Fernández, acusándole de “genocidio”, delito por cual le amenaza con imponerle una condena de 30 años de cárcel. Semejante sindicación le sirve de cortina de humo respecto a su propia y obvia responsabilidad. Esta es algo que cualquiera con dos dedos de frente que vaya a Cobija a investigar los trágicos sucesos lo puede establecer en tiempo récord. El Gobierno tiene plena conciencia de ello y, por eso, cortó con tropas militares el ingreso a Cobija de periodistas de varios medios de prensa que llegaron al aeropuerto para la cobertura informativa de rigor.
http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-09-22/editorial.php

PANDO: Becerra y Quintana dieron armas a los campesinos

Conforme avanzan las investigaciones poco a poco empiezan a esclarecerse algunos hechos.
Franz Franco, responsable del Servicio Departamental Agropecuario dependiente de la Prefectura, contó a El Nuevo Día algunos detalles de los hechos. Todo comenzó en tres Barracas, cuando cívicos pandinos se trasladaron hasta esa comunidad a persuadir el avance a Cobija de campesinos. Para este cometido, cavaron zanjas en medio camino en la ruta a la localidad de Tachuelita. En ese lapso, cinco representantes del sector masista comprometieron su retirada.
A la altura de la estancia Cedro, del ex alcalde Miguel “Chiquitín” Becerra, aliado del MAS, los campesinos se armaron de rifles y escopetas y comenzaron a disparar. Fue en la madrugada del 11 de septiembre cuando cayó muerto el ingeniero Pedro Oshiro y Alfredo Céspedes.
Oshiro era de Porvenir y los pobladores fueron a enfrentar a los masistas y vengar su muerte. Franco relata que fue tomado como rehén y estuvo a punto de ser linchado. El choque fue después y las consecuencias impredecibles. Entre las víctimas aparecieron estudiantes normalistas que fueron acarreados desde La Paz, explicó el prefecto Leopoldo Fernández, antes de ser enviado a la cárcel.
Con esa misma versión coincide el dirigente cívico, Edberto Mayne y el diputado Wálter Arrázola dice que hay un video que prueba la manipulación del gobierno a los campesinos.
Sin embargo, el gobierno muestra un video en el que supuestamente los campesinos masistas eran acribillados y obligados a tirarse al río Tahuamanú, versión con la que coincide la delegada presidencial en Pando, Nancy Texeira.
La investigación que se lleva adelante es supervisada por el representante en Bolivia del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos, Vegard Bye, quien viajó a Cobija por encargo de los países amigos que también supervisan el diálogo para la pacificación de Bolivia.
los hechos
Antes del 11 de septiembre• En Pando tomaron tres instituciones en el marco de la presión que ejercían cinco departamentos por la devolución del IDH.
Reacción • Según varios testimonios el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y el ex alcalde Becerra reunieron a los campesinos y les entregaron armas de fuego.
Enfrentamiento • Fue el 11 de septiembre. El primer muerto fue Oshiro del Servicio de Caminos prefectural y el pueblo de Porvenir salió a enfrentar a los masistas que pretendían llegar hasta Cobija.
Once muertos • En Porvenir murieron: Pedro Oshiro y Alfredo Céspedes, Bernardino Racua, Nora Montero, Dumay Villanueva, Agripino Vargas, Roberto Rodríguez, Herman Justiniano, Alfonso Cruz, Wilson Castillo y Johnny Cori.
En el aeropuerto • Durante el ingreso de los militares a Cobija para el cumplimiento del Estado de sitio murieron el pastor Antonio Rivero y el militar Ramiro Tiñini.
Desaparecidos • El gobierno hablaba de 600, pero la Federación de Campesinos dice que son 45.
Confinados a La Paz • Son Hugo Apaza , Gualberto Juan Mugido Ruiz, Felipe Bigabriel, Gabriel Delgadillo, Antonio Salinas, Rubén Franco, Mirtha Sosa, Adhemar Herrera, Juan Claudio Franco, Oswaldo Valdivia y Néstor Da Silva.
Detenidos • El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández está en la cárcel de San Pedro, pero hay otros como Becerra que están libres
http://elnuevodia.info/versiones/20080921_007585/nota_249_674878.htm

Conflictos sociales dejaron al menos 47 muertos en el gobierno de Evo Morales

A dos años y ocho meses de gobierno de Evo Morales, al menos 47 personas perdieron la vida producto de la violencia y enfrentamientos entre los denominados sectores sociales afines al MAS y sectores opositores al Ejecutivo. Morales Aima asumió la presidencia el 22 de enero de 2006. Cinco meses después confrontó su primer conflicto que provocó el primer muerto de su administración. El 9 de junio de 2006 Santiago Orocondo, integrante del Movimiento Sin Techo murió en Papelpampa, Oruro.La violencia tiene su origen en el conflicto que subsiste entre el presidente Morales y los prefectos de cinco regiones de país (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca) vinculado con los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), las autonomía regionales y la aprobación del texto de la nueva Constitución aprobado en medio de violentas confrontaciones en Sucre. El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) Rolando Villena, reveló que esa institución no cuenta con un cuantificación de las muertes ocurridas en estos dos años y ocho meses del gobierno del MAS.“No tenemos ese dato, sería aventurado dar una cifra (...) estamos haciendo el trabajo en la comisión jurídica para establecer la causa de estas muertes, los móviles y las secuelas”, se limitó a decir el presidente de la APDHB.La ANF realizó una cronología entre junio de 2006 - septiembre 2008 que confirma que al menos 47 personas (hombres, mujeres y niños) fallecieron en diferentes hechos luctuosos por pugnas políticas y conflictos sociales.Los datos confirman la investigación hecha por la organización internacional Human Rights Watch, dedicada a la protección de los derechos humanos y que se reflejan en su página web.CRONOLOGIA 2006-2008El 9 de junio de 2006 Santiago Orocondo, integrante del Movimiento Sin Techo muere en Papelpampa, Oruro.El 2 de octubre de 2006, mueren dos cocaleros producto de una confrontación con efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).El 5 de agosto de 2006 en Caihuasi, Oruro, mueren los mineros Hernán Montero y Roberto Cáceres, ambos por impacto de bala, por la represión policial.El 5 y 6 de octubre de 2006, se registraron enfrentamientos violentos entre mineros asalariados y cooperativistas en el cerro Posokoni en Huanuni (Potosí). El conflicto terminó con la muerte de 12 personas.El 12 de noviembre de 2006, quedó herido el policía Juan Carlos Quenallata al tratar de desbloquear una ruta en Caihuasi, producto de las heridas el uniformado falleció el lunes 13 de noviembre.El martes 14 de noviembre de 2006, en la carretera Villa-Sajta Ivirgarzama, el chofer de una vagoneta atropelló a Benigno Ramiro Alcalá y Betsabé Flores Castro, marchistas indígenas que partieron del oriente con destino a La Paz exigiendo al Congreso la aprobación de las modificaciones a la Ley INRA.El 11 de enero de 2007 el Gobierno convocó a los movimientos sociales a tomar la Prefectura cochabambina, que estaba a cargo de Manfred Reyes Villa. El resultado del enfrentamiento entre los simpatizantes de Reyes Villa y de Evo Morales, fue la muerte de Cristian Urresti por un linchamiento y el cocalero Juan Ticacolque.El 25 de febrero, el cocalero Luciano Colque (48 años), falleció producto de una herida de bala en los enfrentamientos del 11 de enero en Cochabamba, tras permanecer en terapia intensiva durante casi 40 días.El 17 de abril, Herman Ruiz Torres (37 años) murió producto de un impacto de bala, tras la intervención militar en Villamontes, donde los pobladores exigían al Gobierno instale una vicepresidencia de YPFB en el departamento y a la Prefectura de Tarija resuelva el lío limítrofe entre las provincias Gran Chaco y O’Connor que pugnan por el catón Chimeo, donde se encuentra el pozo Margarita X-1, considerado el mayor reservorio de gas natural del país.El 28 de septiembre, el enfrentamiento entre policías y militares contra estudiantes de la Normal Ismael Montes, ubicado en el municipio de Vacas, generó la muerte de Osmar Flores Torres (21 años) a causa de un impacto de bala que le reventó la cara y salió por la nuca. El conflicto se originó por la demanda de traslado de esa casa de estudios a la localidad de AraniEl 24 de noviembre de 2007 en el sector de la Calancha, en Sucre, grupos de la población se levantan para evitar la sesión de la Asamblea Constituyente que debía aprobar la nueva Constitución. Producto de tres días de enfrentamientos murieron el abogado Gonzalo Durán, el universitario Juan Carlos Serrado y José Luis Cardozo.El 16 de enero de 2008 el estudiante Rolando Gira Meruvia, es linchado por cocaleros afines al MAS. Según el informe de la Human Rights Foundation- Bolivia, dice que Gira de 24 años fue golpeado, envuelto en una bolsa y enterrado vivo porque “hablaba como camba”.El 24 de marzo de 2008 en Santa María, entre Oruro y Cochabamba, son asesinados por campesinos afines al MAS, Edwin Mollinedo y José Ordóñez. Según la investigación, Mollinedo era el padre del dirigente cooperativista minero Boris Mollinedo.Otro caso grave ocurrió en Pucarani, en el altiplano paceño, donde el enfrentamiento del 27 de marzo pasado, entre dos facciones políticas del MAS que se disputan el poder en el municipio, derivó en la muerte del radialista Carlos Quispe.El 12 de agosto en La Paz fallece Freddy Siñani, uno de los discapacitados que estaba en huelga de hambre protestando por el incumplimiento del Gobierno en el pago de un bono de equidad prometido por Evo Morales en la campaña 2005.La madrugada del 11 de septiembre se produce un violento enfrentamiento entre cívicos y campesinos afines al MAS ocurrido en las poblaciones de Filadelfia y Porvenir, en Pando, con un saldo de 15 civiles muertos, 37 heridos y 106 desaparecidos.El 18 de septiembre muere el “unionista” Edson Abad Ruiz Aguayo, herido en un enfrentamiento con movimientos sociales afines al MAS registrado en la población de Tiquipaya.En todos los casos el Gobierno y la oposición ofrecen versiones contradictorias de estos luctuosos hechos, sin que hasta la fecha se esclarezcan gran parte de estas muertes por parte del Ministerio Público.

Diálogo: Oposición advierte "capitulación" de prefectos

El presidente de la República Evo Morales presionó ayer en la madrugada a los prefectos de la media luna para conseguir un acuerdo político que facilite la convocatoria a un referéndum de aprobación de su proyecto constitucional el 1 de octubre. El Primer Mandatario expresó su deseo de que ese compromiso sea suscrito antes de su viaje a Estados Unidos, Nueva York, donde asistirá a una reunión de la Organización de las Naciones Unidas.Los prefectos autonomistas, a través de su representante, el prefecto de Tarija, Mario Cossío, respondieron que el gobierno debe cumplir su compromiso de suspender, al menos por un mes, la campaña política y propagandística de aprobación de su proyecto constitucional aprobado en Oruro en diciembre del año pasado.Para los representantes del Conalde “las mesas de diálogo deben seguir trabajando y presentar un primer informe de avance el próximo jueves”.El Prefecto Cossío reiteró que sus colegas del Conalde tienen la intención de “impulsar” la aprobación de una “nueva Constitución Política del Estado”, pero después de realizar una revisión y corrección de varios aspectos contradictorios del proyecto.Según Cossío, esa “revisión” no debe realizarse desde los extremos, “no es posible revisar toda la Constitución, como tampoco es posible tomar en cuenta solo el capítulo de las autonomías”.Esa respuesta fue calificada como una posible “claudicación” de los prefectos de la media luna, por la oposición congresal.El jefe nacional de Podemos, el ex presidente de la República Jorge Tuto Quiroga, pidió ayer “consecuencia y firmeza” a los prefectos del Consejo Nacional Democrático (Conalde) para defender la autonomía y denunciar los atropellos e ilegalidades que el MAS cometió en el camino hacia la aprobación de su proyecto constitucional.“El gobierno quiere que las regiones claudiquen, se arrodillen, les han puesto una pistola en la cabeza a los prefectos y con marchas y cercos a Santa Cruz quiere que los prefectos acepten su proyecto constitucional”, dijo Quiroga.Según el ex Primer Mandatario denunció que el MAS quiere “maquillar la autonomía y reelegir a perpetuidad al Presidente Morales”. El gobierno ha roto su compromiso de garantizar la paz social y mantiene un cerco a Santa Cruz mientras atropella los derechos constitucionales de un prefecto autonómico elegido por voto popular en Pando, el prefecto Leopoldo Fernández, dijo Quiroga.En la misma dirección, el jefe nacional de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, reclamó a los prefectos del Conalde “una paciencia estratégica para no claudicar ante el MAS y no viabilizar su proyecto constitucional”.Según Doria Medina, el proyecto constitucional del MAS, atenta contra la igualdad jurídica de los ciudadanos y establece una ciudadanía privilegiada para los pueblos indígenas.Los prefectos de la media luna también cuestionaron la propuesta de contradicción entre “justicia comunitaria” y “justicia ordinaria”, y la “desaparición del Estado boliviano” en el proyecto que pretende definir a Bolivia como un Estado plurinacional de 36 naciones.Los prefectos no aprobarán con los “ojos cerrados” la convocatoria a referéndum constitucional en una semana, insistió Cossío. Para el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, los prefectos buscan una maniobra dilatoria con la propuesta de evaluación de los avances de las mesas de trabajo. El representante del gobierno insistió en decir que el MAS está dispuesto a flexibilizar su proyecto de autonomía para incorporar las propuestas de los departamentos autonómicos, pero exigió que el Conalde apruebe la propuesta de aprobación del referéndum constitucional el 1 de octubre.“No les estamos pidiendo que aprueben la nueva Constitución, les estamos pidiendo que convoquemos a un referéndum de convocatoria a la consulta, mientras hacemos las modificaciones a la nueva Constitución”, dijo Yaksic.
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