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martes, 1 de julio de 2008

¿Grandes mentes que piensan lo mismo?

Roberto Lenín Sandóval, recientemente declarado prócer de La Calancha por haber sido indebidamente aprehendido por Inteligencia del Estado, es un timador a pierna suelta que fue ungido por la oposición como el ´primer preso político en democracia´. Semejantes credenciales le llegaron, seguramente, cuando caminaba a cometer sus engaños a las oficinas de la cándida Savina Cuéllar.
En lugar de entrar a los tribunales por sus estafas en Guanay y Trinidad —según dijeron sus víctimas a La Razón— fue acusado de alzamiento armado, sedición, terrorismo y nada menos que magnicidio, pliego acusatorio que ni John Wilkes Booth o Lee Harvey Oswald merecieron. Las pruebas que el Gobierno presentó para fundamentar el caso se redujeron a imágenes del sujeto iracundo y desbocado, haciendo un berrinche frente a la vagoneta del Ministro de Defensa, agrediendo a la moral y las buenas costumbres, pero propinando nada más que un susto a don Walker San Miguel.
Con el respeto que el ministro se merece, y a pesar de su muy alta autoestima, si hubiera muerto en las manos de Roberto Lenín la imputación tendría que haber sido por asesinato común y no por magnicidio. Pero, más allá de aquello, el atropellamiento arrebatado de San Miguel y Rada redimieron a un sinvergüenza, formándolo como héroe nacional ante su desubicada acusación formal.
Sin embargo, queda claro hoy que la actuación de los impetuosos ministros respondía a la simple búsqueda de un magnicida que le permita al país olvidarse de la desaparición del Estado, ante el riego de la desaparición de su presidente.
Hace unos días, dos jóvenes cruceños en camino a la caza de perdices —Junior Fernando Vaca Méndez y Carlos Yovani Domínguez— fueron aprehendidos por, otra vez, Inteligencia del Estado y acusados —no podría ser de otra manera— de magnicidio. Las pruebas que el Gobierno presentó esta vez fueron más creativas, aunque no menos ridículas. Los mismos ministros mostraron un fusil Mauser que nunca fue disparado ni remotamente cerca del Presidente y que, de haberlo hecho desde las azoteas del cine Center, a casi 700 metros del Primer Mandatario, sus balas hubieran caído vergonzosamente lejos de la víctima —probablemente hiriendo a un varita— pues ha de saberse que el aparato era obsoleto y todo menos preciso, aún a pesar de su mira dizque telescópica.
Para caracterizar al magnicida, las autoridades de gobierno mostraron los tatuajes del torso desnudo de uno de los acusados con la esperanza de mostrar al imputado como un Charles Manson nacional. De no haber sido por las grasas del individuo las imágenes hubieran cumplido su cometido, pero una barriga cuidada por la cerveza da más a la risa que al espanto. La comunidad tatuada se ha de haber sentido agredida, sin embargo, ante el prejuicio y el dislate del Gobierno.
Pero, como dice la vieja ironía inglesa, ´las grandes mentes piensan siempre igual´, los juiciosos aparatos de seguridad nacional regresaron a las andadas para generar en Yacuiba una ola de terror que lleve a la gente a quedarse en su casa y a no votar en el referéndum estatutario de Tarija. En este caso, un oficial de élite del Ejercito Nacional, en misión ultra secreta, de la unidad antiterrorista F10 —entrenado por lo más conspicuo del Ejército venezolano— chocó su auto con el de una viejecita mientras huía del canal de televisión que acababa de bombardear. Notablemente, el oficial dejó un reguero de pruebas que incriminaron a la Inteligencia del Estado con su fechoría, pues fue a cometer sus infracciones bien acicalado con su carnet de identidad, credenciales de la Casa Militar, del Ejército Nacional, del grupo antiterrorista, currículum vitae y sin pasamontañas.
Se entiende así la ironía del adagio pues, como hemos visto en estos tres casos, los torpes raramente difieren.
*Rafael Loayza B.es sociólogo y periodista.

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