¿Y el desempate?

Luego del referéndum revocatorio, ocurrió lo que se temía: Bolivia ha confirmado que tiene dos visiones claramente contrapuestas que han agudizado su confrontación al recibir cada una la confirmación de que gozan del respaldo ciudadano, unos mayoritariamente en provincias y otros en las capitales urbanas.
La distribución geográfica de los resultados de la consulta muestra que el discurso regional y las consignas de contenido racista han logrado efecto en los bolivianos. Nuestro país se ha dividido en posiciones que parecen irreconciliables en tanto no ocurra un cambio de timón en los actores enfrontados, que, como se esperaba, han leído los resultados de la consulta de acuerdo con sus intereses, obviando el alto porcentaje obtenido por sus contrarios, hecho que dificulta vislumbrar el final de la crisis.
Lo cierto es que el presidente Morales obtuvo un amplio respaldo en provincias y un significativo rechazo en las capitales urbanas, señal de su alejamiento de las clases medias, sector importante e incluso definitorio en un proceso de transformación como el que pretende liderizar. Por otro lado, cívicos y prefectos cosecharon el resultado inverso, comprobando que, en sus propios territorios, sus propuestas pueden quedar cercadas por los habitantes del área rural y quedar el país otra vez atrapado en una situación de empate catastrófico crónico, que sólo es posible desequilibrar por dos vías: la violenta o la concertada.
En este contexto, mientras prefectos y Gobierno se reunían en La Paz, nuevamente sobre la base de una pésima y negligente preparación del diálogo, el Prefecto y el Comité Cívico de Santa Cruz enviaron la señal post referéndum de que habrían optado por la vía violenta y que utilizarían la bandera del IDH para arrastrar al pueblo cruceño hacia la confrontación contra el gobierno de Morales.
En el otro frente, con un respaldo masivo en las urnas, el Gobierno ha reaccionado mostrando síntomas de que no irá por la vía de la concertación, ya sea porque no tiene desde su visión la necesidad de hacerlo o porque no cuenta con la capacidad necesaria para lograrlo; si por el contrario, su opción fuera concertar, una de las primeras acciones debería ser el inevitable cambio de ministros. Es decir, el cambio de funcionarios desgastados por acciones confrontadoras, como los casos de Quintana o de Rada que, con los hechos de Santa Cruz, en contra de los discapacitados, ratificó por enésima vez que no tiene capacidad para estar a cargo de la fuerza pública en periodos democráticos.
En aras de la paz, es imprescindible que el Presidente de la República incorpore a su gabinete bolivianos que contribuyan a la conciliación y, al mismo tiempo, ayuden al proceso de cambio que abraza la mayoría de los bolivianos al entender que este es necesario para el desarrollo equitativo y pacífico pensando en un futuro sostenible. Nuevos ministros son indispensables, pues se precisa de interlocutores que generen el respeto y la necesaria credibilidad que el actual gabinete ha perdido, inhabilitándose así para una solución dialogada. Esta es la única manera de construir una mesa de negociación y lograr acuerdos con sectores de la Media Luna que estén dispuestos a soluciones contrarias a voces separatistas que, hoy por hoy, se entremezclan peligrosamente con las reivindicaciones justas de las regiones.
*José Luis Bedregal V.

En el gobierno de Evo murió la misma cantidad de gente que en el gobierno de Banzer

2006 al 31 diciembre 2007, se registraron 27 muertes, la misma cantidad que en el mandato constitucional del general Hugo Banzer, 6 agosto 1997 - 6 agosto 2001, según el informe "Impunidad: una práctica del poder. Violaciones a los derechos humanos en Bolivia 1970-2007", entregado ayer por el Observatorio de Derechos Humanos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo a través del viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, no reconoce ningún asesinato porque son casos que están en investigación. Afirmó que el Ejecutivo no tuvo ninguna participación en el deceso de 16 personas en los enfrentamientos entre trabajadores en Huanuni, el 5 de octubre de 2006, tampoco con los tres fallecidos en Sucre, el 24 y 25 de noviembre de 2007, por las protestas contra el proyecto de nueva Constitución. El informe incluye al policía "sin techo" que murió el 9 de junio de 2006 en Oruro, y a los dos cocaleros en Yungas de Vandiola (Cochabamba). Los tres muertos en la ciudad de Cochabamba, en enero de 2007, dos afines al Gobierno y un joven identificado con la corriente del prefecto Manfred Reyes Villa. El 17 de abril de 2007 fallece una persona por líos en el Chaco tarijeño y el 28 de septiembre muere un estudiante de la normal de Vacas, en Arani Cochabamba. De las 27 víctimas de la gestión democrática de Banzer, el documento menciona que entre abril y junio de 1998 hubo 12 muertos en el trópico cochabambino, y dos por quemaduras en dependencias policiales de La Paz y Cochabamba. En los dos primeros años de la actual administración el informe reconoce que se cometieron "violaciones a los derechos humanos de hecho y por omisión relacionados con el Gobierno Nacional, los gobiernos prefecturales y municipales". Investigación Los datos están consignados en el informe de 2.121 páginas y tres tomos, que Guillermo Vilela, director del Observatorio de Derechos Humanos y Políticas Sociales y la Fundación Julio Tumiri, entregó ayer a la oficial para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Alicia Londoño; al representante de la OEA, Bernhard Griesinger y al viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez. El informe da fechas, nombres de víctimas, lugares y resumen de hechos, y refiere que en los últimos 37 años (entre 1970 y 2007) un total de 6.681 personas fueron asesinadas, desaparecieron de manera forzosa o fueron desterradas en Bolivia. Durante la dictadura (1970-1982) el número de víctimas llega a 4.877 personas, 4.190 hombres y 687 mujeres; en democracia 1.804 personas, 1.654 hombres y 150 mujeres. Además 819 victimadores están libres. Para Vilela los últimos 37 años, los gobiernos de facto y democráticos se caracterizan por mantener la impunidad sobre las violaciones a los derechos humanos, cuando deberían "viabilizar los mecanismos para lograr la reparación y justicia con las víctimas". Vilela denunció que en el país, existe un a "impunidad estructural" ante las "permanentes violaciones de derechos humanos", un "carácter de impunidad en el Estado boliviano en su conjunto" porque "no se reparan los daños de las víctimas, ni se ha procesado a los culpables" de esas violaciones de derechos humanos. Vilela exigió que estos errores "se subsanen" y que de una vez se apliquen sanciones a los culpables para "reparar las injusticias". GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), nueve muertos. El número de víctimas fue de 517, entre asesinados, detenidos, heridos y confinados. Jaime Paz Zamora (1989-1993), cuatro asesinados, en total 45 víctimas. Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), 31 muertos, 106 víctimas. Hugo Banzer (1997-2001), 27 asesinados, total 321 víctimas Jorge Quiroga (2001-2002), 20 asesinados, total 110 víctimas Sánchez de Lozada (2002-2003), 121 asesinados, total 597 víctimas (en la denominada Guerra del Gas 67 muertos y más 400 heridos). Carlos Mesa (18 octubre 2003-9 junio 2005), un asesinado, 13 víctimas.
Fuente:
http://www.lostiempos.com/noticias/21-08-08/21_08_08_nac7.php

Bloqueo de rutas y el no envío de carne enfurece a gobierno de Morales

Una medida de bloqueo instruida como una seguidilla después del paro cívico del martes, donde los cinco departamentos del Conalde participaron disciplinadamente, en el bloqueo solo fue de tres los departamentos de Pando Beni y Santa Cruz que cerraron la ruta durante toda la jornada de este pasado miércoles. La medida se completada con otras que seguirán de manera sorpresiva en los siguientes días puesto que los dirigentes se niegan a revelarlas debido al secreto de la estrategia. Ayer el departamento de Beni decidió dejar de enviar Carne a los departamentos del occidente especialmente a La Paz como parte de la protestas que se llevan adelante para reclamando el IDH La decisión de no venderle carne al occidente es una determinación del gremio en sus conjunto según la explicación del lider de Fagabeni Cristian Sattori brindadas a los medios de informacion desde Trinidad. Imágenes difundidas por canales locales mostraron que el bloqueo se inició con ayuda de tractores y una vigilia con un grupo de choque de la denominada Unión Juvenil Cruceñistas, armados con palos. En Beni y Pando se mantenían cortes esporádicos, según informó la policía. El martes, cinco de las nueve capitales departamentales de Bolivia paralizaron paros, convocados por líderes opositores el que se inició de manera contundente en esta ciudad del oriente, principal bastión de la oposición. El comercio, la banca, los mercados, las oficinas públicas y privadas cerraron sus puertas. Tampoco hubo transporte público y la circulación de vehículos fue muy escasa. Morales expresó el miércoles que "se ha visto que esas protestas sólo fueron en las ciudades... la gente que tiene mucha plata convocó a paro obligando a la gente pobre que pare, pero ellos no paran" en alusión al presidente del comité cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, quién es dueño de un fábrica aceitera. El paro del martes derivó en esporádicos choques con palos y piedras entre simpatizantes del gobierno y opositores en una barriada de esta ciudad, en el resto de las capitales la medida de protesta se desarrollo sin violencia. Según Morales, se trata de "grupos reducidos, pero cada vez más violentos". La protesta fue convocada por el Consejo Nacional Democrático (Conalde) que agrupa a los opositores, ante la negativa del gobierno a devolver unos 25 millones de dólares de la renta petrolera que el Ejecutivo tomó de los presupuestos regionales para pagar un subsidio anual a las personas de la tercera edad. Las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija impulsan un proceso autonómico en rebeldía al gobierno de Morales, quien calificó de "ilegal" y aseguró que su mandató garantizará una autonomía para los pueblos y no hacia para grupos de logias. Otra región que se sumó al Conalde es la de Chuquisaca cuya prefecta es una dirigente campesina disidente del partido de gobierno, Savina Cuellar y ahora opositora a Morales.

Observadores sugieren que se audite el Padrón

El grupo de observadores civiles que hizo seguimiento al proceso de votación en el referéndum revocatorio de mandato del 10 de agosto, recomendó ayer una “auditoría técnica exhaustiva” del Padrón Nacional Electoral (PNE), antes de que se realice un nuevo proceso electoral en el país.
“Dados los cuestionamientos de algunos actores políticos al Padrón Electoral, el órgano electoral deberá proceder a invitar a un organismo externo, especializado e independiente, para que efectúe una auditoría técnica exhaustiva para verificar su confiabilidad. Ingresar a un nuevo o próximo evento electoral sin esta condición, podría debilitar la confianza pública en los resultados del mismo”, señala un informe que ayer fue presentado por Juan José Díez de Medina, presidente de Bolivia Transparente, la organización que hizo el control.
Asimismo, la iniciativa ciudadana de observación electoral recomendó al organismo electoral que mejore los sistemas de información electoral, “a fin de que todos los ciudadanos que fueron depurados tengan la oportunidad de reclamar o reinscribirse nuevamente y reducir los casos de ciudadanos que no pueden votar por falta de información”.
Díez de Medina entregó este miércoles al presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Exeni, las recomendaciones y el informe sobre la observación.
En las recomendaciones también destaca la propuesta para que se realice una “pronta y transparente” designación de los dos vocales que faltan en la Corte Nacional y que el Congreso designe a las autoridades del Tribunal Constitucional, porque, según los observadores, sus funciones de control “permitirán arbitrar y dar mayores certidumbres a los procesos electorales”.