La ratificación del primer mandatario como ejecutivo de las seis federaciones de cocaleros del Chapare pese a que hace poco expresó su deseo de dejar esa función, está llamada a permitir una mayor gravitación del sector en la vida nacional y, particularmente, en el quehacer político, según se desprende de lo ocurrido hasta la madrugada de ayer en el subtrópico cochabambino. No otra cosa significa, en efecto, la advertencia del Jefe del Estado en el sentido de que la problemática surgida en torno del referendo del 10 de agosto próximo, pudiera generar un levantamiento popular contra las cortes departamentales electorales, suceso que de darse en la realidad, incluiría qué duda cabe, a los aguerridos productores de la hoja, quienes en el ámbito regional al menos, dieron una muestra de su atrabiliario peso con ocasión del cerco y la ocupación de la ciudad capital en enero de 2007. Abona además esta presunción la complacencia presidencial, manifestada en la inauguración del congreso cocalero, el último sábado, con la determinación de los labriegos de expulsar a la agencia norteamericana de ayuda exterior, que hubo de materializarse enrareciendo más todavía las relaciones diplomáticas con la potencia del norte. La duplicidad de las tareas de gobernante y principal representante de un segmento de la sociedad civil conflictivo en razón de que su actividad se deja sentir dentro y fuera de las fronteras nacionales, atentas las connotaciones del circuito de la coca y la cocaína, fue siempre objeto de críticas y recomendaciones para que el Presidente le pusiera un alto, sin empero haber merecido respuesta de su parte, circunstancia que por lo que se ve, no variará hasta la culminación de su mandato. Ello implica que las huestes asentadas en aquella ubérrima zona, estarán prestas a respaldar toda acción que provenga de su dirigente en ejercicio simultáneo de la primera magistratura, movilizaciones en las que son expertas de por medio, como se ha observado en los últimos tiempos y es previsible que habrá de repetirse en adelante. Frente a esta corriente avasalladora, que por añadidura cuenta y contará con la suma de otros de los denominados "movimientos sociales", el resto del cuerpo social se siente acorralado, mientras la institucionalidad y el estado de derecho que debieran prevalecer en un régimen democrático, pasan a convertirse en simples enunciados, con consecuencias de momento insospechadas. Es así que las premoniciones de actos de fuerza y convulsión a propósito de la aludida consulta, no sólo llegan del subtrópico, sino también de las provincias circunvecinas, desde donde se amenaza, por citar un ejemplo, con echar al prefecto Reyes Villa a plan de chicotazos. Pero la reelección que nos ocupa plantea, asimismo, el riesgo de traducirse en una inusitada expansión de los cocales, inclusive en áreas protegidas, como acaba de denunciarse, más allá de la "racionalización concertada" y de las 28.900 hectáreas que en harto superan a las 12.000 admitidas por la legislación vigente, lo que representa un crecimiento del cinco por ciento el año anterior, de acuerdo con informe de la Organización de Naciones Unidas; extremo que acabaría por afectar la imagen del propio gobierno y del país todo en el seno de la comunidad internacional, donde la sola mención de Bolivia suele asociarse con la fabricación de la droga y el narcotráfico. Estamos, pues, ante un hecho a todas luces inconveniente.