Editorial La Razón. La insuficiente ayuda de la OEA

Es muy probable que a la mayoría de los bolivianos sólo les quede lamentar que la ayuda de la Organización de Estados Americanos (OEA) haya sido tan insuficiente para resolver las anomalías que existen en torno al referéndum revocatorio del 10 de agosto. Las personalidades que vinieron al país, en representación de aquel organismo, no tomaron en cuenta que en Bolivia fue eliminado el Tribunal Constitucional y que se apelaba a su ayuda en el entendido de que su labor sería el equivalente a esta carencia.
Ahora, la situación del país se ha tornado extremadamente crítica: poco antes o después del 10 de agosto, puede precipitarse en el abismo de la anomia o, peor todavía, en la violencia. La OEA, por ser la garante de la paz en la región, ha incurrido en una gravísima omisión al dejar que en Bolivia ocurra cualquier cosa, cuando estaba a tiempo y en la obligación de conseguir que la confrontación política sea resuelta de manera pacífica, sin inclinarse a favor de nadie pero, eso sí, con la suficiente autoridad como para armonizar los intereses en pugna.
De nada sirvió que los enviados de la OEA hubieran tenido la oportunidad de reunirse y dialogar extensamente con el presidente Evo Morales y sus colaboradores más inmediatos, así como con los prefectos y dirigentes de las organizaciones cívicas y partidarias de la oposición, para darse cuenta de que esa organización estaba frente a un conflicto de proporciones y que su responsabilidad era actuar, resolviendo las diferencias de las que se le informó.
Si las partes enfrentadas acudieron a su auxilio, no era para que los enviados de la OEA asumieran el rol pilatuno de escuchar pero no hacer nada. Causa estupor que, constatando que para llegar al referéndum revocatorio existen tantas aberraciones, no se le haya movido un pelo para intervenir y hacer que la consulta de agosto, en vez de ser equitativa y democrática, tenga todas las características de constituirse en un sarcasmo a la racionalidad más elemental.
¿Cómo es posible que a la OEA le parezca —sólo así se puede entender su comportamiento— que pueda realizarse el revocatorio, pese a que no se halla previsto en la Constitución? ¿Que la pregunta por el Sí favorezca, sin pizca de rubor, al oficialismo? ¿Que no haya la universalidad requerida en la cantidad de votos que deben contabilizarse a favor de unos y otros; consiguientemente, que se preste a un espurio escamoteo del pronunciamiento ciudadano? ¿Y que, para rematar, los resultados tengan que ser interpretados al gusto de los contendientes? Esto es tan evidente que la propia Corte Nacional Electoral, a pesar de estar parcializada, no se animó a dilucidar el entuerto y pidió que lo hagan otras instancias institucionales.
La misión de la OEA presidida por Eduardo Stein se limitó a exponer sus observaciones a la fórmula de revocatoria del mandato aprobada para el referéndum, a las preguntas de la papeleta de voto y, para sorpresa de muchos, avaló el Padrón Electoral, explicando que las denuncias que existían acerca de éste son “de tipo general y no pruebas específicas”.
No es la primera vez que la actual gestión de la OEA defrauda las expectativas que se depositan en ella desde Bolivia. De lo que no podrá desligarse este organismo multinacional es de la responsabilidad histórica que tuvo con este país.