Diputado demanda a la Fiscalía General juicio contra Evo Morales

El diputado tarijeño Fernando Barrientos (Podemos) presentará, este lunes, ante la Fiscalía General de la República, una proposición acusatoria contra el presidente Evo Morales, por supuestas irregularidades en la construcción de la carretera Tarija-Bermejo y Tarija-Potosí.La acusación también alcanza al ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Oscar Coca y la presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Patricia Ballivián.El diputado opositor explicó que los delitos de los que se acusa al Jefe de Estado y sus dos colaboradores son por dictar resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes establecidos en los artículos 153, 146, 224 y 154 del Código Penal.Esos dos tramos carreteros que son ejecutados por la empresa contratista Queiroz Galvao, que, según la acusación de Barrientos, incumplió el contrato de construcción, lo que llevó al Gobierno en septiembre de 2007 a rescindir dicho contrato.El DS 29275 de 13 de Septiembre de 2007 reconoce que la empresa Queiroz Galvao incurrió en graves irregularidades e incumplimiento de contrato, por lo que la ABC determinó asumir acciones tendientes a precautelar los intereses del Estado, procediendo a la Resolución de Contrato suscrito con esa empresa.Sin embargo, esta determinación queda sin efecto con la emisión del decreto 29515 de 12 de abril de 2008 y de la Resolución ABC/015/2008 de 14 de abril de 2008 y da paso a la suscripción del contrato ABC Nº 099/08 GCT-ADD-PROEX-CAF, de 12 de mayo de 2008, que señala que la ABC efectuará las gestiones necesarias para dejar sin efecto, ante la Fiscalía del Distrito de Potosí, el secuestro de la maquinaria, campamentos y otros bienes de Queiroz Galvao y su liberación definitiva, por lo que se declara y compromete a la injerencia -por parte de la ABC- en las decisiones asumidas por el Ministerio Público en defensa del Estado y la Sociedad, y poder revertir las mismas a favor de esa empresa.Según Barrientos, el daño económico al país por la ejecución de las obras en la ruta Tarija-Bermejo incluido el túnel falso de Alarache y los trabajos en la carretera Tarija-Potosí, alcanzan a más de 400 millones de dólares, lo que significa un daño civil y debe haber resarcimiento económico por parte de los responsables.
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