En defensa de la dignidad del país

Las denuncias de público conocimiento acerca de la participación de la Embajada de Venezuela en el atentado dinamitero contra un canal de televisión en Yacuiba, el 21 del mes que concluye, víspera del referendo autonómico de Tarija, revisten extrema gravedad por el hecho en sí como por provenir del Presidente del Senado. Y es que el alquiler, por cuenta de dicha legación diplomática, del vehículo desde el cual un oficial del Ejército vinculado a la seguridad del Presidente de la República, lanzó la carga explosiva para después darse a la fuga y ser finalmente capturado gracias a su colisión con otro motorizado, no puede interpretarse sino como complicidad en una acción de terrorismo de Estado, según ha sido calificada por esferas políticas los últimos días. Más todavía, el caso confirma esa injerencia foránea en asuntos internos del país que se observa casi cotidianamente, sin que las autoridades de gobierno se preocupen siquiera en disimularla; lo que a su vez pone de manifiesto una dependencia inadmisible y nunca vista antes. En este sentido, es oportuno que la Cámara alta hubiese decidido investigarlo más allá de las tareas emprendidas por el Ministerio Público en el lugar donde se cometió el delito, de forma tal que se lo esclarezca y sea factible demandar al Ejecutivo que en resguardo de la soberanía nacional, tome las medidas que correspondan, a despecho de la posición asumida por más de uno de sus representativos, para restarle importancia o echale tierra encima como si no pasara nada. Es tiempo de que alguien salga en defensa de la dignidad de Bolivia y los bolivianos, como se lo haría en cualquier otra parte ante una situación de esta naturaleza.