Las sombras del fraude

Las graves irregularidades detectadas en el Padrón Electoral amenazan en convertir al referéndum revocatorio del próximo 10 de agosto en un ejercicio inútil, puesto que serán tantas las dudas sobre su legalidad que antes de aliviar los conflictos políticos podrían acentuarlos con el evidente peligro para la unidad del país. A los cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la Ley que convoca a referéndum revocatorio de mandato del Presidente, Vicepresidente y ocho prefectos del país, ahora se añaden el descubrimiento de 35.502 registros dobles en el Padrón Electoral, la participación de ciudadanos venezolanos en la digitalización de cédulas de identidad y la entrega gratuita de carnés en sedes del MAS, entre otras muchas irregularidades. Las denuncias están respaldadas por pruebas que ponen en aprietos a la Corte Nacional Electoral (CNE) que, ante la encrucijada, tiene limitadas posibilidades de acción para tratar de salvar la confianza en el revocatorio en un momento de alta tensión política y social en el país. La reelaboración del Padrón Electoral se presenta como la única alternativa para devolver la confianza ciudadana, aunque esta solución podría tener como principal obstáculo la proximidad del 10 de agosto, día previsto para el verificativo del revocatorio de mandato. Con este nuevo conflicto generado a raíz de las denuncias, la CNE ha llegado a mínimos de credibilidad sólo comparables a aquellos tiempos cuando "la banda de los cuatro" había convertido a la institución en una fábrica de fraudes electorales. El desprestigio también se ha nutrido de la pérdida de autoridad de la dirección nacional sobre las cortes departamentales en las regiones autonómicas, donde se han realizado las consultas sobre estatutos sin el visto bueno de la unidad central. Con todos estos antecedentes, asistimos a la descomposición de otra institución que durante los últimos años fue uno de los pilares de la estabilidad institucional del país. Junto al Tribunal Constitucional, la Corte Electoral había logrado en años de trabajo convertirse en una institución confiable libre de la arbitrariedad y miopía política, características lamentables de un país cuya institucionalidad ha estado muchas veces sometida a la voluntad del caudillo de turno. Pese a este escenario poco optimista, existen algunas razones para pensar que el sentido común pueda imponerse y evitar que la destrucción institucional del Estado boliviano continúe y llene de incertidumbre a los bolivianos. Reconduciendo a la legalidad el proceso del referéndum revocatorio, los líderes políticos tienen una excelente oportunidad para demostrar su honestidad y su deseo de consolidar su liderazgo con reglas claras de juego.