Editorial de La Razón: Por un padrón electoral confiable

En la última semana ha salido a la luz pública una variopinta gama de elementos que alimentó la pérdida de confianza de la ciudadanía en el Padrón Electoral. Cuando esto ocurre, no hay explicaciones ni razonamientos que puedan recomponer una situación ilegal, como la del referéndum revocatorio; punto extremo que, además, se presta a probables apelaciones ante la justicia ordinaria o el Tribunal Constitucional con el fin de invalidar los resultados de esa consulta, prevista para el domingo 10 de agosto.
La disminución del período o la cesación de los cargos del Presidente, el Vicepresidente y los prefectos no figura en la Constitución vigente. Se requiere de una ley interpretativa que incorpore cualquier modificación al mandato constitucional.
La Carta Magna dispone, en su artículo 233, lo siguiente: “Es facultad del Congreso dictar leyes interpretativas de la Constitución. Estas leyes requieren dos tercios de votos para su aprobación y no pueden ser vetadas por el Presidente de la República”. Este procedimiento no se ha cumplido, por tanto, la Ley del referéndum revocatorio es nula de pleno derecho.
Acerca del Padrón Electoral, luego de una minuciosa labor de las nueve cortes departamentales electorales del país, se identificaron 35.502 registros dobles, lo que en opinión de Jorge Lazarte, ex vocal de la Corte Nacional Electoral, es motivo suficiente para generar incredulidad en los resultados del revocatorio, si es que finalmente éste se concreta pese al manto de ilegalidad que lo envuelve.
De acuerdo con la diputada Ninoska Lazarte, de Podemos, otras anomalías que ella misma ha constatado en el Padrón Electoral se han producido como efecto del proceso de digitalización de carnets de identidad en el que participaron funcionarios venezolanos. Esto implica una clara injerencia extranjera. La digitalización se realizó en horarios nocturnos y de madrugada, sin el rigor técnico necesario, como lo hizo constar la Dirección de Identificaciones.
Otra irregularidad es la entrega de carnets gratuitos en una sede partidaria del MAS, en Cochabamba. Allí se constató que se formaban filas para obtener tan importante documento.
Todo esto siembra dudas sobre el actual Padrón Electoral, por más que ahora se alienten revisiones o auditorías; la única posibilidad que queda, para lavar la imagen de este proceso y desestimar las crecientes sospechas de fraude, es levantar uno nuevo. En 1991, cuando se instaló el nuevo sistema electoral, con vocales designados por el Congreso, esa tarea empezó en septiembre y hubo elecciones municipales en diciembre. Ambos procesos se cumplieron en poco más de tres meses.
La situación actual no es la misma. El número de electores casi se duplicó, por lo que la elaboración de un nuevo registro ciudadano podría demandar un tiempo de aproximadamente cuatro meses. De esa forma, el referéndum revocatorio tendría que postergarse, quizá, para fines de año.
No hay apuro para que la consulta sea el 10 de agosto; igualmente, como se han cansado de advertir los analistas más serios del país, y también La Razón desde este mismo espacio, el revocatorio no resolverá la crisis política nacional. Pero, de persistir tal irracionalidad, lo primordial es contar con un Padrón Electoral que tenga la indispensable confianza pública.