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viernes, 31 de octubre de 2008

Editorial La Patria: El estado de derecho

Un conflicto de poderes en medio de una maraña judicial” como calificó a la situación actual un parlamentario de Oruro, tiene mucho que ver con el Estado de Derecho que está siendo vulnerado con una serie de argumentos que al ser manejados políticamente están generando reacciones de rechazo y también de confrontación entre segmentos de nuestra sociedad civil.Hay que convenir que fuera del problema específicamente de Pando, el tema de su Prefecto, la detención tipo secuestro de muchos ciudadanos y su exilio en un cuartel militar próximo a La Paz, es necesario analizar el Estado de Derecho que rige en el país y distinguir con claridad el cuestionamiento legítimo y democrático a disposiciones judiciales, entendiendo que su acatamiento es parte legal de cualquier proceso, lo contrario es violar la Ley.Si bien es cierto que algunas decisiones del Tribunal Constitucional o de otra instancia superior pueden ser cuestionadas por no ser adecuadas o correctas y disponerse abiertamente su desacato e incumplimiento que de prevalecer por la presión de un poder del Estado, alienta el quiebre del Estado de Derecho afectando además la independencia judicial.El incumplimiento a disposiciones legales emitidas por una instancia jerárquica del Poder Judicial no puede ser rechazada, por tanto su ejecución es de orden perentorio y en caso de no cumplirse abre la posibilidad de que se actúe al margen de la Ley, lo que significa desacato y consiguiente sanción a los que resultasen culpables de trasgresión a las garantías constitucionales.En el caso específico del recurso legal interpuesto por la defensa del Prefecto de Pando y que surtió efecto legal, se están utilizando algunas argucias y no menos “chicanas” desde el frente oficial para evitar el traslado de un inculpado sin juicio desde un penal en La Paz a jurisdicción del Fiscal General en Sucre.Lamentablemente autoridades en cargo viceministerial eluden el cumplimiento de medidas precautorias dictadas en instancia jurídica superior alegando ciertas fallas de procedimiento que en realidad sólo deberían ser cuestionadas, anuladas o corregidas en la instancia del Tribunal Constitucional que como se sabe no está funcionando por no tener quórum suficiente al no designarse a sus miembros titulares y suplentes.Dada la actual situación de manoseo y trasgresión a las disposiciones legales es cuando hace más falta el Tribunal Constitucional que debería ser repuesto con voluntad política en el Congreso para garantizar los derechos ciudadanos en su generalidad, sin exclusiones y menos con fallos parcializados o con otras medidas que alteran el orden constituido.Si no se respeta el Estado de Derecho y se mantiene el estado de caos y de anarquía, lo que sucede es que ante el estupor de la ciudadanía se están poniendo en riesgo las leyes que son base y fundamento de la democracia, el desacato anunciado por una autoridad de mando medio es nada más que una muestra de la “judicialización de la política” con fines estrictamente partidarios, que no corresponden, valga la redundancia a un Estado de Pleno Derecho. Vale la pena recordar que en régimen democrático, como el vigente, no es admisible que el Gobierno actúe como único juez, censor de fallos judiciales y de los actos de los ciudadanos, determinando sin juicio previo la culpabilidad de quienes no comulgan con su línea política, lo que se constituye en una seria amenaza a las libertades conferidas en la Carta Magna, la vigente y la nueva.
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