Editorial Los Tiempos: Juricidad en jaque

Curiosamente, en la ostensible situación de anomia que vive el país; es decir, cuando el ordenamiento jurídico está en jaque, tanto el gobierno del Movimiento al Socialismo como varios de sus adversarios, pretenden aferrarse a la ley, presentando en todo caso un cuadro digno de figurar en los registros de hechos inverosímiles que ciertas entidades internacionales se ocupan de llevar con asiduidad y esmero. Y es que en circunstancias determinadas, la norma resulta conveniente a uno y otro fin, mientras que en términos generales, no sólo es desconocida, sino pisoteada, tratándose de países desorganizados e incultos como el nuestro, a diferencia de lo que sucede en otras latitudes. Es tal ese estado de cosas que si el propio Presidente de la República confiesa palmariamente que a sabiendas suele proceder al margen de la legalidad, para que luego sus abogados legalicen sus actos, o si sin ruborizarse convoca a no respetar la legislación que califica de neoliberal, cualquier extremo puede esperarse de la sociedad civil, a pesar de lo que ello implica y del costo que demandará revertir a partir del momento en que Bolivia decida incorporarse al mundo civilizado. Así se explica, pues, que quien más y quien menos, se sienta en libertad de hacer lo que le venga en gana, como es factible comprobar cotidianamente con los bloqueos de caminos y las marchas callejeras por todo y por nada; que un equipo militar antiterrorista, dependiente del mismo primer mandatario, según un ex Comandante del Ejército, atente contra un medio de comunicación; que los linchamientos al igual que los atracos se produzcan a plena luz del sol, o que la violencia intrafamiliar, inclusive, sea corriente y natural. Eso en lo pequeño, si se quiere, por cuanto en lo grande, la falta de un mínimo de apego a la ley y la lógica, es más llamativa aún, cual denotan, por citar algo, el juicio criminal incoado por la inefable Ministra del ramo a la vocal del Tribunal Constitucional que osó recordar la jurisprudencia del organismo a propósito del referendo revocatorio, y la amenaza del Vicepresidente de procesar en similar vía a los integrantes de las cortes departamentales electorales que tratan de que el malhadado evento sea suspendido. Ahora bien y por contrapartida, parlamentarios, autoridades regionales, altos funcionarios del sistema eleccionario y hasta ciudadanos de a pie opuestos a semejante descomposición, se hallan también empeñados en promover recursos legales sobre dicho plebiscito y otras medidas gubernamentales arbitrarias, siendo así que el estado de derecho es una figura ajena a la presente realidad, para desgracia de los bolivianos y sus maltrechas instituciones, esperanzados quizá en que la juridicidad acabe por restituirse a despecho de todo cuanto se viene practicando en favor de la preeminencia del más fuerte.