El revocatorio deriva en una guerra de juicios y amenazas

Las dudas y cuestionamientos que se ciernen sobre la constitucionalidad del referéndum de revocatoria de mandato han provocado la formación de una maraña judicial de amenazas de procesos contra los vocales de la Corte Nacional Electoral (CNE) y las cortes departamentales que rechazan la consulta.El gobierno, a través del vicepresidente Alvaro García Linera, anunció un juicio de responsabilidades contra los vocales que se nieguen a administrar el revocatorio.“El Congreso Nacional no descansará ni un solo minuto, hasta obtener una sentencia que sancione a estas personas que están infringiendo la ley”, dijo el Vicepresidente. El Segundo Mandatario se refirió así a la posición expresada por el presidente de la corte departamental de Santa Cruz Mario Orlando Parada que se negó a asistir a una reunión con el presidente de la CNE, José Luis Exeni, el día de ayer.Parada a nombre de la Corte cruceña presentó una demanda contra el revocatorio ante el Tribunal Constitucional.ADVERTENCIAGarcía Linera dijo que los vocales departamentales deben dejar de lado sus intereses personales y políticos “porque serán pasibles a sanciones (…) y serán enjuiciados con responsabilidad civil, por el daño económico al Estado y por delito penal”.Para el Segundo Mandatario el daño económico provocado por la suspensión del revocatorio será de 69 millones de bolivianos. Pero si eso pasaba en La Paz, en Sucre el diputado por Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo, presentaba una demanda contra el presidente de la CNE, José Luis Exeni y su colega Jerónimo Pinheiro, por desacato a resoluciones constitucional y por dictar resoluciones contrarias a la Constitución.Murillo dijo que Pinheiro debe renunciar a la CNE para mantener coherencia con su posición de solicitud de suspensión del referéndum de revocatoria de mandato.Desde la prefectura de La Paz, el abogado Eduardo León, mostró copias de al menos 40 mil casos de doble identidad y adulteración de documentos como “reverendas pruebas de un fraude” que supuestamente el MAS pretende perpetrar el 10 de agosto.León dijo que “Exeni debe comenzar a correr el 11 de agosto porque lo vamos a perseguir hasta meterlo a la cárcel de San Pedro”.Por su parte el presidente de la república Evo Morales denunció un supuesto complot para forzar la renuncia de vocales de la CNE.“Ahora están queriendo obligar algunos prefectos a que las cortes departamentales electorales a renunciar para no implementar (el referendo revocatorio) en algunos departamentos”, dijo Morales a tiempo de reiterar su decisión de someterse al revocatorio del 10 de agosto.CORTESSin decisiones y con absoluta prohibición de formular declaraciones sobre los temas abordados en la oportunidad, los presidentes y representantes de las cortes departamentales electorales de La Paz, Oruro, Cochabamba, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca declararon alrededor de las 21.40 un cuarto intermedio en la reunión que sostienen con el presidente del organismo nacional, José Luis Exeni, aunque trascendió que hay consenso para llevar adelante el referendo revocatorio del mandato popular.La sesión se reinstalará desde las 09.30 de este jueves en la sede de la Corte Nacional Electoral (CNE), aunque trascendió que el motivo para la interrupción de este encuentro consiste en que se espera la presencia de los delegados de la corte cruceña, quienes probablemente lleguen a La Paz para negociar algunos términos relativos a la realización del mencionado plebiscito.En realidad, el presidente de la Corte de Oruro, David Apaza abandonó la sesión en dos oportunidades. Al salir por vez primera de la sala de sesiones, declaró que existía pleno consenso entre los asistentes a la reunión para llevar adelante la consulta popular.Inclusive, autoridades de la Corte de Potosí, quienes no pudieron llegar a La Paz a causa de los bloqueos de caminos, anunciaron que a través de una resolución están dispuestas a llevar adelante el proceso de consulta popular, en el que se pondrá en tela de juicio la continuidad de las funciones del presidente Evo Morales, el vicepresidente Alvaro García Linera y ocho prefectos de departamento.Apaza abandonó el encuentro cuando fue convocado para firmar un documento de acuerdo, que contenía algunas recomendaciones para que el Parlamento modifique la Ley de convocatoria correspondiente, particularmente en lo que concierne al porcentaje de votos que se requiere para que el mandato popular de una autoridad electa sea revocado.