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jueves, 31 de julio de 2008

Editorial La Razón: El Presidente y la legalidad

Si algún ministro o funcionario de alto rango hubiera afirmado lo que ha dicho el Presidente de la República el lunes en Cochabamba, habría sido suficiente motivo para que la opinión pública, escandalizada, lo censurara y pidiera una aclaración. No menos puede pensarse de la inconcebible confesión del Primer Mandatario de la Nación sobre cómo se actúa utilizando medios ilegales para, después, blanquear esas acciones a través del equipo de abogados del Gobierno.
Esta declaración, como casi todas las que pronuncia el presidente Evo Morales en sus periódicos desplazamientos al interior del país, ocupan las primeras planas de los medios de comunicación y tienen repercusiones también fuera de Bolivia. Afirmaciones como la señalada al principio no hacen sino espantar la necesaria inversión foránea: ni el capital más osado se arriesgaría a invertir en una nación cuyo Presidente sostiene que “a veces hay que empezar aunque sea errando, errando y en el camino mejoraremos, y en el camino legalizaremos, y eso para acelerar nuestro trabajo como gobierno”.
Se ha dicho con mucha frecuencia que en Bolivia no existe seguridad jurídica, pero el Gobierno ha salido al paso asegurando que la inversión privada está garantizada. Poco después, extraviándose en el marco jurídico nacional, ha terminado ejecutando medidas nacionalizadoras o estatizantes que, efectivamente, tienen que ir a parar a manos de los abogados presidenciales para deshacer verdaderos entuertos legales.
El Presidente ha calificado como una “lamentable verdad” el hecho de que si se respetan las leyes, no se podrá llegar al “cambio” que se ha propuesto encarar. Por lo tanto, su gobierno alienta la aprobación de otra Constitución Política del Estado, con las fallas que pueda tener, sujetándose a la premisa de que es mejor errar para componer después. Pero es que, por ejemplo, una Carta Magna no se puede redactar coyunturalmente y cambiar cuando conviene a la administración de turno, como parecen advertir las palabras del Mandatario.
Morales también ha indicado que “por encima de lo jurídico es lo político”, y, por eso, entonces aseveró que “yo lo meto (él realiza acciones políticas), por más que sea ilegal”. Esta es la parte más imprudente de sus recientes aseveraciones en Cochabamba. Si un Presidente de la República se atreve a proclamar semejante frase, ¿qué autoridad tiene para exigir que nueve millones de bolivianos cumplan con las leyes nacionales?
Si no vale la normativa constitucional vigente, si el primer ciudadano de este país descree del marco legal que, entre otras cosas, asegura el respeto de los derechos, deberes y garantías de la población en una sociedad democrática, ¿qué le queda a Bolivia, si no el caos institucional y valores diezmados?
Luego de lo manifestado por el Presidente, ¿no afecta en el proceso de referéndum revocatorio aquello de que las cargas se arreglan en el camino? ¿Cree Evo Morales que la oposición no ha tomado nota de que las ilegalidades no importan si los buenos abogados las componen? ¿Componerlas cuándo?, ¿cuando la consulta popular del 10 de agosto haya pasado?
Al margen de la ingenuidad, lo dicho por Morales merece el agradecimiento de todos los bolivianos, que sospechaban de irregularidades y sólo esperaban este gesto confesional.

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