La Paz: Policía detuvo a dos cocaleros y el gobierno los hizo liberar

El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Hernán Justo Centeno, y el secretario de Conflictos del Consejo de Federaciones Campesinas Cocaleras de los Yungas (Cofecay), Mario Enrique, fueron detenidos este lunes luego de robar el handy a un policía y alterar el orden público, aunque poco después fueron liberados en horas de la noche tras la intervención de autoridades del Ministerio de Gobierno y la firma de un compromiso.Enterado de la detención, el viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, llegó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) donde se encontraban los dirigentes. La autoridad permaneció en estas instalaciones alrededor de dos horas y aseguró que no vino a interceder por dirigentes de Adepcoca ni Cofecay.“No vine a interceder, yo vine averiguar cuál era el problema porque se había arrestado a dos cocaleros”, justificó Gamarra en relación a su presencia en la FELCC. La mañana de este lunes, cientos de cocaleros de la región de los Yungas tomaron la plaza de San Pedro de esta capital y se apostaron frente a la Cárcel que lleva el mismo nombre, en protesta por la determinación de la Corte Suprema de Justicia de exigir el traslado de obrados y del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, a la ciudad de Sucre para ser sometido a juicio de responsabilidades.Tras conversar con el director nacional de la FELCC, coronel Pablo Caballero, el viceministro explicó que en medio de los disturbios un oficial procedió a arrestarlo por alterar el orden público y la “pérdida” de un handy de comunicación policial.“Están suscribiendo un compromiso y con sus compañeros cocaleros van a devolver el equipo”, dijo la autoridad, al asegurar que su presencia también buscaba evitar que se produjeras protestas. Los dirigentes Justo y Enrique llegaron a la plaza San Pedro machete en mano y escopetas de caza, pidiendo mano dura contra el prefecto Fernández, así como para sus colegas de Beni, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, por trabar el referéndum para aprobar el proyecto de nueva Constitución Política del Estado (CPE).Cuando los periodistas le consultaron sobre este tema Gamarra respondió: “no tengo referencia, no puedo decir...” y se limitó a asegurar que está en vigencia el Decreto Supremo 29534 que prohíbe a civiles portar armas. La norma legal fue aprobada el 29 abril pasado con el argumento que se busca frenar la proliferación de armas de fuego en manos de civiles en el país. Instaura, además, un programa de desarme y regula el empleo de las armas, en tanto el Congreso Nacional sancione el proyecto de Ley sobre Armas y Explosivos.