¿Prácticas fascistas en el Trópico de Cochabamba?

La expulsión de sus lugares de trabajo de alrededor de 2.300 profesores rurales del trópico de Cochabamba, en medio de vejamenes inadmisibles y todo como parte de una represalia por su participación en la última huelga de la Central Obrera Boliviana, da lugar a preguntarse: ¿prácticas fascistas en el trópico de Cochabamba? Responder a tal pregunta podría resultar fácil bajo la tentación de una simple calificación peyorativa de lo ocurrido, o motivados por un simple desahogo de alguna bronca contenida. Pero, los protagonistas y las consecuencias de estos hechos para el futuro del proceso político boliviano revisten tal particularidad y seriedad que, a la hora de responder, se está obligado a ser responsables, rigurosos y reflexivos.Empecemos por recordar que quienes se arrogaron el derecho de castigar a estos trabajadores de la educación resultan, nada menos que, las bases sociales que constituyen el núcleo fundamental del actual Gobierno, y que convergen en las seis Federaciones de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba. Por ende no es un hecho cualquiera, ni un mensaje cualquiera, no afecta sólo a los maestros rurales; obliga a reflexionar a la población en su conjunto. Más aún, cuando si bien allí, en el trópico, estuvo el epicentro del maltrato, ya se van e irán conociendo de otras replicas en otras comunidades de Cochabamba, como Aguas Calientes de Tacopaya.Es cierto que no es una “política oficial” de Gobierno y ello no impide calificar al gobierno como tal –al menos por de pronto- pero no inhibe considerar que tales actos represivos de un sector del pueblo contra otro sector del mismo, tiene rasgos que ameritan su comparación con lo que podría ser una mentalidad y acciones de orientación fascista.En ese esfuerzo resulta necesario despojarse de algunos referentes supuestamente únicos y que en extremo suelen trocarse en mitos. Por ejemplo, de manera general en nuestro país se ha asociado las políticas y prácticas fascistas a oscuros personajes de uniforme que, en diversos gobiernos de facto, “manu militari” y como instrumentos de las oligarquías de turno o de potencias extranjera reprimieron a sectores del pueblo boliviano, y a veces se cree que esas son las únicas fuentes de brote del fascismo.Ese especial referente histórico boliviano y presente en el imaginario colectivo, de principio no permite visualizar que lo que se hizo en el trópico cochabambino sea evidentemente una práctica fascista, pues no hay gobierno militar de facto ni “oligarquía” de por medio.Sin embargo, un repaso concienzudo de la experiencia internacional permite recordar que en el proceso de fascitización de Italia y Alemania, no faltaron sectores sociales instrumentalizados para realizar acciones represivas, y que fueron conducidos por líderes que sin ser necesariamente oligarcas o militares de origen aprovecharon el descontento de sectores populares a causa de crisis económicas y políticas previas, para conducirlos a acciones indecibles. Así también lo intentaron las dictaduras en Bolivia y, para no ir muy lejos, basta recordar el triste papel que cumplió el pacto militar campesino en Bolivia en las décadas de los años sesenta y setenta.En el nuevo milenio que hoy vivimos, en circunstancias en que los Derechos Humanos se han enraizado en el mundo a pesar de las tormentas que persisten y se hallan pendientes de vencer, no cabe duda que la percepción de la figura fascista también se asocia a quienes siendo militares o civiles; representantes estatales o siendo simples ciudadanos, tienen una mentalidad y práctica basada en la idea de que la única libertad válida es aquella que les permite privar de derechos y libertades a quienes se opongan a sus puntos de vista y/o políticas de gobierno.Por eso, evaluando por sus efectos innegables - antes que por sus orígenes, su base social o intereses económicos que representaron en el pasado los fascistas - se evidencia que si algo caracterizó a las dictaduras como expresiones fascista en Latinoamericana fue la sistemática violación de los derechos humanos vía Estado o intermediado por paramilitares y/o sectores sociales a su servicio. Verdaderos e innumerables crímenes que van desde la intimidación, persecución, detención, confinamiento, destierro, desaparición forzosa, asesinatos de dirigentes políticos y sindicales; así como masacres rojas y blancas, las primeras quitando la vida en masa y las segundas con despidos masivos o selectivos por causas políticas y sindicales, respaldan esta afirmación.Si habría que poner sobre la mesa pruebas oficiales de tales desmanes basta revisar el legajo del llamado juicio del siglo contra la dictadura de García Mesa. O simplemente desempolvar ciertos decretos supremos, que tras la caída de las dictaduras disponían entre otras cosas la restitución de las libertades sindicales y/o la reincorporación de trabajadores/as despedidas por causas políticas y sindicales.Y este es el tipo de antecedente histórico más ilustrativo que se asemeja al actual drama que viven miles de maestros rurales y sus familias ¿Tendrán acaso que buscar dentro de poco un decreto de reincorporación a sus centros y lugares de trabajo y de donde fueron echados precisamente por causas políticas y sindicales?(*) Abogado y ex dirigente obrero