Revocatorio: Proceso fraudulento

estas alturas de la coyuntura, el común denominador de su desarrollo es la incertidumbre. En el caso del referéndum revocatorio, unos sostienen que el 10 de agosto aún está lejano y que todo puede pasar antes de esa fecha. Otros dicen que, pese a las tribulaciones, se llegará al día indicado y el ciudadano tendrá que expresar su decisión que, sabe, no resolverá nada y más bien profundizará las contradicciones existentes, agudizando el clima de violencia abierto en Bolivia desde hace tiempo.
Hasta el agotamiento se ha insistido en que la convocatoria al referéndum revocatorio es inconsti- tucional. Si bien es cierto que la figura de la consulta, a través del voto ciudadano, está incorporada en el texto constitucional, la revocatoria no lo está de manera expresa. De ahí que la interpretación arbitraria de la norma superior por una inferior no puede llevar a nadie al reconocimiento de facto de esta forma de democracia directa no prevista constitucionalmente.
El Gobierno y los senadores opositores han supuesto que el referéndum puede ser tratado de diferentes maneras y sin fundamento legal alguno, autoasignándose la facultad de ampliar los alcances del artículo 4 de la Carta Magna a gusto y sabor de sus necesidades coyunturales. Empero, ambos no tomaron en cuenta que la Constitución Política del Estado establece un límite expreso en cuando a la finalización del mandato de las primeras autoridades nacionales, departamentales o municipales, pues las causas que pueden ocasionar el alejamiento de sus cargos están debidamente legisladas. Entre ellas no está la revocación del mandato popular, por lo que lo hecho en el Congreso Nacional es un exceso que ha vulnerado la norma constitucional.
Por otro lado, las evidencias cada vez más claras y contundentes del manejo discrecional del Padrón Electoral, con depuraciones inexplicables, la extensión de certificados de nacimiento a diestra y siniestra por autoridades gubernamentales que en complicidad vergonzante permiten la intromisión del Gobierno venezolano en la base de datos y la extensión de carnets de identidad de manera irregular y fraudulenta, denotan que el MAS y el Gobierno están dispuestos a lograr la ratificación presidencial y la revocatoria de los prefectos opositores a cualquier precio, así sea a través de un monumental fraude electoral que, salta a la vista, está en curso.
Como el fraude es un mecanismo de ruptura de la norma que regula la relación de paz entre los ciudadanos, es previsible que la campaña por el referéndum revocatorio, a favor o en contra, tendrá un carácter de confrontación porque las reglas de juego estarán dadas en la calle o en el campo por el más fuerte y el más violento, mas no por la ley.
Una eventual victoria o derrota de cualquiera de las autoridades sometidas a la revocatoria será puramente formal, porque estará desfigurada por la violencia y por la confrontación de interpretaciones de una ley desastrosamente redactada que impedirá un conclusión pacífica y cierta del evento convocado.
El atrincheramiento preelectoral se reproducirá con inusitada fuerza en el momento postelectoral, pero no para afirmar posiciones democráticas que habrán sido agotadas con el referéndum sino más bien para afirmar posiciones antidemocráticas, en las que una fracción de la sociedad querrá imponerse a la otra por la fuerza. Esto generará más violencia y mayor división en el país. En suma, Bolivia habrá perdido.
Si algo de prudencia les queda a nuestros gobernantes, harán caso a la exigencia de los bolivianos de suspender el referéndum revocatorio y, previa auditoría al Padrón Electoral, convocar a elecciones generales anticipadas, para reconfigurar el mosaico político nacional.
*Germán Gutiérrez G.