.jpg)
El Gobierno de Bolivia asumió su defensa en cuatro demandas arbitrales, por un total de 925 millones de dólares (algo más de 521 millones de euros), presentadas por empresas internacionales afectadas por el proceso de nacionalización que lleva a cabo el presidente Evo Morales, informó ayer en La Paz el ministro sin cartera responsable de la defensa legal de las recuperaciones estatales, Héctor Arce. La demanda más importante corresponde a la firma Ashmore Energy Internacional (AEI), que solicitó el arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo en su reclamación por la confiscación del 25% de acciones en la compañía de transporte de hidrocarburos Transredes, que pasaron al Estado el pasado 2 de junio. De acuerdo con el informe, la demanda asciende a 500 millones de dólares. La AEI ya apeló al tratado entre Bolivia y la Unión de Bélgica y Luxemburgo sobre protección mutua, y en su caso indemnización, de inversiones expropiadas o nacionalizadas. La italiana EuroTelecom Internacional (ETI) recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), institución de la que Bolivia se ha retirado. El Gobierno de La Paz decidió en mayo la nacionalización de las acciones italianas en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel). La ETI reclama a Bolivia 350 millones de dólares, y ha visto cómo el Gobierno recuperó alrededor de 40 millones de dólares de una cuenta en Gran Bretaña que había quedado congelada por disposición de los italianos. El Ejecutivo boliviano espera alcanzar acuerdos con la suiza Glencore, que administraba la fundición de metales de Vinto y que fue incluida en el proceso de nacionalización de Morales, y con las firmas Graña y Montero de Perú, además de la alemana Oil Tanking GMBH, cuyas acciones fueron confiscadas en la nacionalización de la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB).
Fuente:
