A propósito de la libertad de expresión

Justificada alarma y preocupación en el seno de las entidades periodísticas del hemisferio ha causado la incautación de medios televisivos del Ecuador dispuesta por el gobierno del presidente Rafael Correa en virtud de alegadas vinculaciones de sus propietarios con un fraude financiero ocurrido tiempo atrás, peor si el hecho cuenta con precedentes similares desde que dicho personaje asumiera el cargo, dejando entrever que el objetivo final no es sino ejercitar control sobre radioemisoras y canales de forma tal que hagan causa común con su política populista. Al respecto, los informes procedentes de Quito sostienen que los actuales dueños de las estaciones intervenidas, no son los sindicados de haber participado del supuesto delito y que, como sucedió antes con un diario en Guayaquil, los directivos nombrados para conducirlas en reemplazo de los anteriores, han dado ya señales claras de compromiso con el oficialismo ecuatoriano. La inquietud generada en los organismos regionales de la prensa, la radio y la televisión, es tanto mayor cuanto que lo obrado se inscribe en la línea del presidente de Venezuela frente a los medios de comunicación de su país recuérdese la suspensión de la licencia de operaciones contra la principal cadena televisiva con base en Caracas y atenta la afinidad ideológica entre ambos jefes de Estado, la cual, de paso sea dicho, incluye al primer mandatario de Bolivia. Y es que se trata de desembozadas medidas de consuno para el logro de metas determinadas, dentro del inequívoco afán del gobernante venezolano de erigirse como líder de una buena parte de la América del Sur. En lo que a nuestro país concierne, ahí se tiene la instalación de radioemisoras rurales con el apoyo financiero de Venezuela, precisamente, y la puesta en servicio del régimen del Movimiento al Socialismo de los medios del Estado, aparte de las frecuentes ataques presidenciales contra la labor de los privados, como de la intemperancia de los sectores que le son afines para con los periodistas en general; cadena de sucesos que hace poco desembocó en el atentado dinamitero sobre las instalaciones de una televisora en Yacuiba, a manos de un oficial del Ejército integrante del servicio de seguridad del Palacio Quemado. Existen, en este sentido, razones suficientes para que el gremio de la región y el nacional en particular, se manifiesten en defensa de la libertad de expresión toda vez que emergen actos y disposiciones, oficiales u oficiosos, para restringirla o anularla, apoyándose en pretextos que no hacen al fondo de la cuestión y sólo persiguen finalidades sectarias, pese a las garantías legales que permiten su funcionamiento libre de ataduras.
Fuente:
http://www.lostiempos.com/noticias/10-07-08/editorial.php