Corderos al matadero

En esta misma columna, hace una semana, decíamos que la manera de respetar la voluntad popular es respetando el lapso por el que las autoridades fueron elegidas, lo que vale tanto para el Presidente y Vicepresidente de la República, como para los prefectos. Un referéndum revocatorio, en la forma que se lo ha concebido primero, aprobado y promulgado después, es sencillamente una mamada, palabra ciertamente desagradable y primera vez utilizada en este espacio, pero muy expresiva en este caso. Después de la consulta popular de Tarija, los prefectos de los departamentos autonómicos decidieron no participar del revocatorio, amparados en las observaciones a su legalidad. Sin embargo, poco después, anunciaron aceptar el desafío porque parece que no les gustó que el oficialismo les llame cobardes, como si la valentía se midiera reaccionando a los estímulos interesados de los contendores que demostraron, claramente, ser más vivos. Es importante recordar que Podemos, mayor fuerza "opositora" en el Senado, tiró por la ventana la lucha por los dos tercios, después lo hizo con otra causa importante ampliando la vida de la Asamblea Constituyente y, recientemente, aprobando un referéndum revocatorio que para los primeros mandatarios de la Nación, tiene una reglas y para los prefectos, otras. Es decir, absurdas, sin equidad y sin racionalidad, pero insólitamente aceptadas. Por otra parte, hay que tomar en cuenta la poca credibilidad que tiene la actual Corte Nacional Electoral; la falta del Tribunal Constitucional que sigue con una sola magistrada que lo custodia y las permanentes denuncias sobre la llamada carnetización, que habría utilizado inclusive computadoras personales que estuvieron en Venezuela, todo lo que lógicamente es sugestivo y hace desconfiar con justa razón que el proceso, que parece inevitable, sea transparente y correcto. En esas circunstancias, aceptar tomar parte en un referéndum revocatorio, no es solamente estupidez, sino ingenuidad, porque se ponen en riesgo las autonomías, se desvirtúan las movilizaciones cívicas que se hicieron en la mayor parte del país, defraudando a toda la gente que participó en ellas, y porque el riesgo de perder es inminente por las características de la consulta. Todavía falta un mes para la fecha fijada, de manera que hay tiempo para reflexionar, aún con el temor de que se trate de conducta inconsecuente, pero eso es menos malo que tirar por la borda los intereses de una Patria que debe ser libre, digna y soberana, sin depender de ninguna potencia y menos de un país como Venezuela, que tiene de presidente a un enfermo en busca del poder latinoamericano, que utiliza al nuestro para lograr sus objetivos. A pesar de lo expuesto en el primer párrafo, todos aceptaríamos una nueva consulta, si existiera equidad y transparencia y si a todos los involucrados se los tratara con igualdad, que es el principio básico de toda ley. El riesgo está en que se consolide la pérdida de poder de las regiones, lo que implica mayor centralismo, cuando lo que quiere el pueblo es autonomía. Además, ese mismo pueblo, sin quererlo, permitirá que se apruebe "la constitución de La Glorieta y de Oruro" que quiere imponer el socialismo del siglo XXI, que es el mismo que fracasó antes en varias partes del mundo. Ojalá estuviéramos equivocados en todas estas apreciaciones y que hubieran argumentos de peso no divulgados que justificaran la forma en que se está actuando, pero por todo lo acontecido, parece que los prefectos, por la decisión que recientemente han adoptado, van como corderos directamente al matadero.
Fuente:
http://www.lostiempos.com/noticias/10-07-08/10_07_08_pv5.php