Cayo Salinas: La trampa del Revocatorio y el fraude electoral

Ambas vienen juntas. Mañosamente urdidas, traen consigo un solo fin: Evo Presidente por mucho tiempo. Para ello, es imprescindible imponer un modelo estatista, represivo de las libertades democráticas, intimidatorio respecto al pleno ejercicio de las garantías constitucionales e impostor por su carácter populista. Lo preocupante es que la trampa y el fraude, hoy por hoy, tienen un complemento y es que según reflejan notas de prensa, al gobierno ¡le encanta la idea de adiestrar militares para actos propios de grupos subversivos! y eso, muchachos del MAS, es Terrorismo de Estado. Pero vayamos por partes. Miremos la trampa. Lo dije en este mismo espacio el domingo 1º de junio: la Ley de Referéndum Revocatorio viola, groseramente, los sistemas electorales previstos en la ley al establecer que sea el voto de la minoría el que determine la continuidad en el cargo de una autoridad electa frente a la voluntad del voto de la mayoría. Un Prefecto puede obtener más del 50% de aprobación, y de igual manera debe dejar el cargo. En sentido contrario, Evo puede quedarse en él si inclusive el 50% + 1 decide revocarlo, en este caso, lo que prevalece es la voluntad de la minoría inferior a ese porcentaje. Semejante arbitrariedad —sin precedente histórico en nuestro país— avala el rechazo de los prefectos a someterse a un proceso revocatorio donde con amplia, injusta e ilegal ventaja, Evo Morales está ejerciendo una posición dominante que vulnera el principio de igualdad jurídica consagrado en la CPE. Por tanto, sería un suicidio político para cualquier autoridad electa acudir a una justa con el porcentaje impuesto en la ley y con el aditamento que, los chicos del MAS, al diseñarla y Podemos, después, al aprobarla tal cual, se dieron el lujo de formular preguntas que inducen al elector porque se crean dos categorías de interrogante marginando el carácter de la revocatoria como consulta y reemplazándola por referencias a si se aprueba o no el “proceso de cambio que lideriza Evo”(?). Ahora bien, el efecto posterior al revocatorio también es ilegal. Si el Prefecto es revocado, deja su cargo inmediatamente para que sea Evo quien designe a su reemplazante, lo que lesiona la Ley No. 3090 que interpretó el Art. 109 de la CPE, donde los prefectos para ser designados, deben ser previamente elegidos. Ante tan sombrío panorama, lo correcto debe ser que la ley sea igual para todos, donde se aplique la misma pregunta, el mismo porcentaje, (50% + 1 para dejar el cargo) y se dé el mismo efecto, el revocado deja el cargo al día siguiente. Ahora miremos el fraude. El 17 de junio del pasado año comenté, en esta columna, la denuncia documentada que hiciera la diputada Ninoska Lazarte al descomunal fraude que el Gobierno estaba montando utilizando la carnetización en provincias. Ninoska buscó mi opinión jurídica con el objeto de proteger la actuación de dos jóvenes que obtuvieron cédulas en el Chapare tan sólo modificando un par de letras en su apellido. Una misma persona, con dos identificaciones diferentes logradas el mismo día. Pude leer informes internos de la Policía Nacional donde funcionarios de la Dirección de Identificación establecían que de la Base de Datos de la Cedulación Gratuita existen registros de personas con fotografía de sus titulares y otras sin fotografía; que el registro que contempla fotografía en muchos casos está en blanco (vacíos) y que esas imágenes están ligadas a un número de C.I. tal como si fuera la fotografía del interesado; que el registro contempla fotografías que en muchos casos registran paisajes, fotografías de más de una persona en la misma toma, fotografías de cables y computadoras, y que esas imágenes están ligadas a un número de cédula tal como si fuera la fotografía del interesado. También, que el número de valorados no guarda relación con el número de filiaciones realizadas (se tiene más personas filiadas que valorados expedidos). Leí una nota donde el responsable del programa nacional de cedulación confiesa que “las computadoras portátiles usadas en los procesos de cedulación trabajaron durante dos años en Venezuela y por un año completo en el país (por lo que) ha resultado imposible la recuperación de alguna información por el mal estado de los discos duros de dichos equipos”. Leí recomendaciones escritas donde el director nacional de Identificación solicitaba a su comandante suspenda la migración de datos (¿se acuerda?, los civiles descubiertos manipulando la identidad de los bolivianos) “a fin de no vulnerar los intereses, la seguridad jurídica del Estado y de los ciudadanos, es más, salvaguardar y evitar posteriores inconvenientes...”. Informes legales donde sustentan la ilegalidad de las disposiciones que avalan ese proceso por su manipulación; donde alertan que el coordinador del Programa de Cedulación retiene información que es de propiedad de la Policía, y que si bien la información contenida en la base de datos es de interés público, los datos personales son de carácter privado, lo que implica el peligro de que el afectado vea perjudicados sus intereses por la ilegal migración de datos. ¡Qué hábiles!, ¿no lo cree? ¿Será entonces que el incremento del Padrón Electoral anunciado por Exeni, —representante de Evo en la CNE— es transparente? Ahora entiendo por qué el gobierno está tan seguro de ganar. Ley a su favor, carnetización fraudulenta y Terrorismo de Estado. ¡Qué trilogía!
Fuente:
http://www.lostiempos.com/noticias/06-07-08/puntos_de_vista.php