Editorial La Prensa: En la ruta de lo ilícito

Eso de infringir la ley es algo que en este Gobierno acusa una extrema recurrencia. Casi no hay semana en que la gente afín al Movimiento Al Socialismo no agregue nuevas perlas a su largo rosario de contravenciones. El último de esos atropellos a la legalidad es la forma en que viene contraviniendo leyes expresas en que se basa una resolución de la Corte Nacional Electoral del 21 de noviembre de 2008, que prohíbe terminantemente la aplicación de recursos económicos y uso de bienes públicos en campañas electorales. Se trata de un principio sin cuya observancia se resiente el que corresponde al de la igualdad de oportunidades que debe regir en toda justa electoral. La paridad desaparece de la competencia político-partidaria cuando el partido de Gobierno echa mano de los recursos y medios de comunicación del Estado para ganar terreno al adversario en una campaña por el voto ciudadano. La falta, además, de jurídico-penal (malversación de fondos públicos) es también ética. Según varios trascendidos periodísticos, el Gobierno se vale de la Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (Repac) a fin de incurrir en el referido ilícito. Con aquella sigla se conoce a la institución creada para que “socialice” la Constitución Política del Estado elaborada en Sucre y sancionada en La Glorieta excluyendo a los partidos de la oposición. Después de hacer eso durante el tiempo que funcionó la fracasada Asamblea Constituyente, la Repac gasta cuantiosos recursos no sólo en tareas de divulgación del texto de la Ley Fundamental que irá a referendo dirimidor y ratificatorio el 25 de enero del próximo año, sino también en campañas por radio, prensa y televisión a favor del Sí. Una cosa es proporcionar a la ciudadanía material que le ilustre sobre el tipo de país que diseña el proyecto de nueva Constitución, a fin de que la información le induzca a votar en una u otra dirección en la consulta de enero, y otra muy diferente es instarle abiertamente a que vote por el Sí, que es lo que hace la Repac con recursos que finalmente proceden de los bolsillos de los contribuyentes al fisco, por la vía impositiva. La Repac debutó con un presupuesto de casi 10 millones de bolivianos en la Asamblea Constituyente de Sucre, sobre los que no se han dado a conocer aún los resultados de una fiscalización desde el respectivo ámbito jurisdiccional. A esa suma se agregan ahora los 4 millones que le asignó el Poder Ejecutivo para un trabajo de “socialización” de la Constitución Política del Estado, que más que tal es una propaganda abierta para el Sí, algo considerado irregular hasta por la Corte Nacional Electoral (CNE). Definitivamente y como en el caso expuesto, el Gobierno sigue impertérrito en su marcha por la ruta de lo ilícito.
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