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miércoles, 22 de octubre de 2008

El debate sobre cuatro modificaciones

El presidente del Colegio de Abogados, Bernardo Wayar; el analista Carlos Alarcón y el subdecano de la Corte Suprema, Jaime Ampuero, coincidieron en que la decisión establecida en el texto de la Constitución que irá a referéndum, de que las autoridades del Poder Judicial serán elegidas por voto popular, es un golpe a su independencia y echa por tierra los méritos y antecedentes.
El subdecano Ampuero señaló que “lo mejor que se ha hecho es instituir la carrera judicial y que no tiene sentido la elección de jueces, vocales y magistrados por el voto popular. No es posible que, a partir de la nueva Constitución, los jueces tengan que salir a hacer campaña para que se vote al cargo al que postulan”, puntualizó la autoridad y expresó su deseo de que se revise el tema.
Para el analista Carlos Alarcón, “no es un sistema conveniente para la independencia judicial. Hubiese sido mejor que se defina elegir por voto a los miembros del Consejo de la Magistratura, y que ellos nombren a los jueces, tanto del Tribunal Constitucional, del Supremo de Justicia y del Agrario Ambiental, por medio de los méritos y antecedentes, para designar a los mejores, no en función a criterios políticos o electorales”.
El presidente del Colegio de Abogados, Bernardo Wayar, destacó el hecho de que la negociación que concluyó ayer en el Congreso eliminó la revocatoria de mandato de las autoridades elegidas por voto popular. “Eso es positivo, pero se mantuvo el voto, aunque ahora es el Poder Legislativo el que recibirá la lista para llevar adelante la votación”.
Sin embargo, lamentó que “igual, es un órgano político el que debe decidir cuáles serán los candidatos para la elección. No es una buena fórmula, no debería someterse al voto la elección de las autoridades del Poder Judicial. El sistema debería quedarse como está actualmente, o tal vez hacer que órganos como los colegios de abogados, universidades o la sociedad civil sean los que los designen”.
El control social pierde poder y no tomará decisiones, solamente vigilará
Dos parlamentarios, uno del Movimiento al Socialismo (MAS) y otro de Poder Democrático y Social (Podemos), coincidieron en que, con las modificaciones al proyecto de Constitución, el control social no tomará decisiones y sólo vigilará las acciones de la función pública.
“Ahora el control social quedó reducido a un control ciudadano para velar por la transparencia de la función pública. Por tanto, son una especie de juntas que vigilarán esas acciones”, afirmó ayer el senador por Podemos Luis Vásquez.
Por su parte, el jefe de la bancada del MAS de la Cámara de Diputados, César Navarro, argumentó que el control social está compuesto por la sociedad civil que controla el Estado.
Asimismo, “el control social no tiene como finalidad tomar decisiones conjuntamente el Estado, sino cuadyuvar en la toma de decisiones. Inicialmente (en el texto no modificado), el control social tomaba decisiones”, precisó Navarro.
Al margen de la toma de decisiones, el texto constitucional calificaba al control social como un ente que fiscalizaba todos los poderes. “Era un poder encima de los otros poderes”, señaló Vásquez.
Del mismo modo, el control social tenía que fiscalizar tanto al sector público como al privado, tenía el derecho de vetar, de promover la revocatoria de mandato, recibía y aprobaba informes, podía cambiar sentencias judiciales y modificar leyes de la República, precisó.
“Actualmente, este control quedó reducido, se le restringió totalmente el ámbito público y privado”, señaló posteriormente el senador de Podemos.
Sin embargo, Navarro remarcó que el control social fiscalizará a las instituciones privadas que administran los recursos públicos del Estado.
Acerca de los mecanismos de fiscalización, el legislador afirmó que se decidió que “el Estado definirá los mecanismos de participación (del control social)”. Señaló que las funciones a adoptar estarán sujetas a una reglamentación posterior.
Según opositores, los indígenas ya no recibirán un tratamiento especial
En el nuevo texto constitucional que tuvo modificaciones, los indígenas ya no recibirán un tratamiento especial respecto a la ciudadanía, porque se cumplirá el principio de igualdad para todos los ciudadanos bolivianos, según Podemos.
“De lo que se trata es de igualar los conceptos de ser humano. La ciudadanía involucra el sentido a pertenecer a un país. Por tanto, hablamos de los bolivianos y bolivianas que nacieron en Bolivia y de los hijos de bolivianos que viven en el exterior”, afirmó el senador de Podemos Luis Vásquez.
Antes de sufrir modificaciones, el texto de la nueva Constitución Política del Estado “daba un tratamiento especial para los indígenas de una manera casi unidimensional y principalmente para el indígena. Ahora, todos estamos en el mismo nivel”, explicó el congresista.
Argumentó que el ser humano, más que indígena o no, “goza de los mismos derechos”. Por otro lado, señaló que se tratará de generar un proceso positivo donde los indígenas “puedan ser objeto de un estímulo por parte del Estado”.
Aclaró que ese beneficio no significa que los indígenas gozarán de privilegios en comparación con los demás miembros de la sociedad. “Todos serán tratados en igualdad de condiciones”, remarcó el senador Vásquez.
Este medio trató de comunicarse con cuatro congresistas del Movimiento al Socialismo (MAS) para obtener su percepción al respecto; sin embargo, ninguno contestó el teléfono celular.
Vásquez explicó que al ejercicio de la ciudadanía “le falta muchos detalles”. Dijo que ese derecho no sólo involucra el derecho de votar a los 18 años de edad y ser elegido, sino analizar y dejar en claro las garantías para el individuo.
Anunció que esos detalles estarán sujetos a una evaluación posterior, pero con la garantía de que todos los ciudadanos serán tratados como seres humanos.
Los periodistas expresan dudas sobre la inclusión de la Ley de Imprenta
El artículo 107 señala que los principios de veracidad y responsabilidad se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley; sin embargo, de acuerdo al director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan Javier Zeballos, y al comunicólogo Antonio Vargas, no se especifica a qué ley se refiere.
En cuanto a la Ley de Imprenta, tenemos nuestras dudas, porque dicen que serán autorregulados por los códigos de ética y su ley, pero no sabemos qué ley. Queremos entender que es la Ley de Imprenta, pero por otro lado también hay un artículo donde se dice que quedan eliminados los fueros especiales y esta ley es un fuero especial. Habría que aclarar exactamente a qué se refiere”, manifestó Juan Javier Zeballos.
El artículo 181 (ahora 180) establece que la jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. Con este punto, de acuerdo a Zeballos, “se eliminaría entonces la Ley de Imprenta, por ser ésta un fuero”.
Sin embargo, según José Antonio Aruquipa, periodista y constituyente de Podemos, la modificación a la Carta Magna brinda un “blindaje constitucional” a la Ley de Imprenta.
“El artículo establece que el ejercicio del periodismo se regirá dentro de los códigos de ética y la ley. Cuando se refiere a la ley, se refiere a la Ley de Imprenta, y esto es un gran logro”, afirmó.
Según el comunicólogo Antonio Vargas, la terminología utilizada no fue clara; añadió que “otra vez, se deja abierta la posibilidad de darle un cuerpo normativo”.
“Lo que pasa es que está haciendo una mención a la Ley de Imprenta sin mencionarla directamente. No sabemos a cuál ley se refiere, ese es el problema específico. Otra vez se deja abierta la posibilidad de poder introducir un cuerpo normativo que limite la libertad de expresión”, dijo.
http://www.la-razon.com/versiones/20081022_006333/nota_249_695008.htm

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