2006 al 31 diciembre 2007, se registraron 27 muertes, la misma cantidad que en el mandato constitucional del general Hugo Banzer, 6 agosto 1997 - 6 agosto 2001, según el informe "Impunidad: una práctica del poder. Violaciones a los derechos humanos en Bolivia 1970-2007", entregado ayer por el Observatorio de Derechos Humanos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo a través del viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, no reconoce ningún asesinato porque son casos que están en investigación. Afirmó que el Ejecutivo no tuvo ninguna participación en el deceso de 16 personas en los enfrentamientos entre trabajadores en Huanuni, el 5 de octubre de 2006, tampoco con los tres fallecidos en Sucre, el 24 y 25 de noviembre de 2007, por las protestas contra el proyecto de nueva Constitución. El informe incluye al policía "sin techo" que murió el 9 de junio de 2006 en Oruro, y a los dos cocaleros en Yungas de Vandiola (Cochabamba). Los tres muertos en la ciudad de Cochabamba, en enero de 2007, dos afines al Gobierno y un joven identificado con la corriente del prefecto Manfred Reyes Villa. El 17 de abril de 2007 fallece una persona por líos en el Chaco tarijeño y el 28 de septiembre muere un estudiante de la normal de Vacas, en Arani Cochabamba. De las 27 víctimas de la gestión democrática de Banzer, el documento menciona que entre abril y junio de 1998 hubo 12 muertos en el trópico cochabambino, y dos por quemaduras en dependencias policiales de La Paz y Cochabamba. En los dos primeros años de la actual administración el informe reconoce que se cometieron "violaciones a los derechos humanos de hecho y por omisión relacionados con el Gobierno Nacional, los gobiernos prefecturales y municipales". Investigación Los datos están consignados en el informe de 2.121 páginas y tres tomos, que Guillermo Vilela, director del Observatorio de Derechos Humanos y Políticas Sociales y la Fundación Julio Tumiri, entregó ayer a la oficial para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Alicia Londoño; al representante de la OEA, Bernhard Griesinger y al viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez. El informe da fechas, nombres de víctimas, lugares y resumen de hechos, y refiere que en los últimos 37 años (entre 1970 y 2007) un total de 6.681 personas fueron asesinadas, desaparecieron de manera forzosa o fueron desterradas en Bolivia. Durante la dictadura (1970-1982) el número de víctimas llega a 4.877 personas, 4.190 hombres y 687 mujeres; en democracia 1.804 personas, 1.654 hombres y 150 mujeres. Además 819 victimadores están libres. Para Vilela los últimos 37 años, los gobiernos de facto y democráticos se caracterizan por mantener la impunidad sobre las violaciones a los derechos humanos, cuando deberían "viabilizar los mecanismos para lograr la reparación y justicia con las víctimas". Vilela denunció que en el país, existe un a "impunidad estructural" ante las "permanentes violaciones de derechos humanos", un "carácter de impunidad en el Estado boliviano en su conjunto" porque "no se reparan los daños de las víctimas, ni se ha procesado a los culpables" de esas violaciones de derechos humanos. Vilela exigió que estos errores "se subsanen" y que de una vez se apliquen sanciones a los culpables para "reparar las injusticias". GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), nueve muertos. El número de víctimas fue de 517, entre asesinados, detenidos, heridos y confinados. Jaime Paz Zamora (1989-1993), cuatro asesinados, en total 45 víctimas. Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), 31 muertos, 106 víctimas. Hugo Banzer (1997-2001), 27 asesinados, total 321 víctimas Jorge Quiroga (2001-2002), 20 asesinados, total 110 víctimas Sánchez de Lozada (2002-2003), 121 asesinados, total 597 víctimas (en la denominada Guerra del Gas 67 muertos y más 400 heridos). Carlos Mesa (18 octubre 2003-9 junio 2005), un asesinado, 13 víctimas.
Fuente:
http://www.lostiempos.com/noticias/21-08-08/21_08_08_nac7.php
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