Para muestra ya son demasiado botones

Los derechos a la vida, al honor, a la libertad y al trabajo están entre los derechos más preciados que poseemos las personas. Pero es evidente que al gobierno le tienen sin cuidado. Basta observar que hace su mejor esfuerzo mediático para mellar esta vez la dignidad de los miembros del disminuido Órgano Judicial. El acecho fue en primer lugar a los magistrados del Tribunal Constitucional y ahora a los ministros de la Corte Suprema de Justicia y especialmente la Sala Penal Segunda de la misma. Ya no debería llamarnos la atención esta reincidente actitud si no fuera porque apenas han pasado pocas semanas de los esfuerzos sobrehumanos que para ambos bandos significó el diálogo. De ahí la reflexión que se transforma en interrogante: ¿Cual es la intención objetivo de arremeter contra todo juez o tribunal que se atreva a aplicar la Constitución y las leyes vigentes? Además de hacerlo en cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones constitucionales como es la de definir la jurisdicción judicial que se aplicará a las personas hasta valorar las pruebas y emitir sentencias. De sembrar sospechas se sirve el oficialismo para instituir medidas de advertencia ejemplificadoras de lo que le puede ocurrir a cualquier autoridad judicial que se aparte de sus designios o visión. ¿La descalificación mediática ser puestos a disposición de procedimientos irregulares viciados de nulidad serán su destino? Sí a las autoridades judiciales que conocen de leyes y procedimientos se les atropellan sus derechos figúrese lo que podrá sucederle a usted. ¡Para muestra, ya son demasiados botones! ¿Cuál es la intención del burdo atropello gubernamental contra la dignidad de las personas? El atropello no es otra cosa que la extraordinaria capacidad para acomodarse al viejo rol de hacer política en nuestro país. En otras palabras, el séquito gubernamental pasó de reclamar por la violación de derechos humanos a ser violador de derechos humanos; de ser victima, a ser conculcador de derechos fundamentales. ¡Situación inadmisible peor aún si se utilizó los derechos humanos como bandera, autoatribuyéndose la vanguardia y defensa de los mismos! La zozobra y el temor a estas señales gubernamentales que envían a la opinión pública a través del medio escrito o televisivo es el de la advertencia. Si aplicas los procedimientos y garantías judiciales, eres corrupto; si quieres autonomía, eres separatista; si crees que la paz social no se puede imponer con cercos, eres radical. ¿El objetivo es lograr zozobra jurídica y obediencia incondicional? El colofón de esta cadena de irregularidades antidemocráticas ahora estalla con el inicio de un juicio de responsabilidades contra los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, a la Corte Suprema, al Fiscal General de la República. El Gobierno está dispuesto a sentar a todo funcionario judicial en el banquillo de los acusados ante el espejismo de ser estandarte de la verdad absoluta y la única vía. Síndrome mesiánico que padecen todos los políticos en nuestro país. En la administración de Justicia muchas de las decisiones judiciales no son lo más populares, ni reflejan el pensamiento personal de cada juez. Los jueces inferiores así como los jueces supremos deben sujetar sus decisiones a los principios procedímentales de derechos humanos que guardan tanto el contenido como la forma de los mismos. Principios como las reglas de debido proceso y de presunción de inocencia sin importar quién es el sindicado. La aplicación de estos principios no busca satisfacer a abogados, ni a autoridades, ni a colegas. Devienen de sus atribuciones y responsabilidades constitucionales de preservar los derechos de defensa que tienen las personas. El Dr. José Luís Baptista como abogado, catedrático, juez, representante del Defensor del Pueblo, Ministro de la Corte Suprema ha tenido la responsabilidad de tomar decisiones jurisdiccionales y ejercer obligaciones constitucionales de procedimiento fundadas en razones jurídicas con plena libertad desechando el camino de responder a decisiones razonadas blindadas políticamente y de resguardo personal. ¿Qué pensó el gobierno? Que al ser su designación como Ministro fruto de un diálogo anterior entre oposición y oficialismo tenía la obligación de someterse a las circunstancias. Como hombre de leyes de larga trayectoria jurídica y conociendo el espíritu que lo anima la única servidumbre que reconoce es a la Constitución y a las leyes, sea que tengan que aplicarse a gobernados como a gobernantes.
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