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jueves, 25 de septiembre de 2008

ANTONIO ARUQUIPA: LA "NUEVA" CONSTITUCION

"Compatibilizar” la Constitución del MAS con los estatutos autonómicos o superar las “contradicciones” de ese texto son esfuerzos insuficientes del Gobierno para barnizar de legitimidad un proyecto de poder que busca la destrucción de la democracia. Para ser más claros, hablamos de la intención de constitucionalizar un sistema de gobierno en el que se suprimen libertades ciudadanas y se someten los órganos de poder del Estado a un suprapoder denominado control social, que en realidad es un omnímodo control político sindical de ejecución del “cambio” impulsado por el MAS. El proyecto pretende además imponer un Poder Legislativo monopartidista que decide, legisla e incluso modifica la Constitución por mayoría, hasta convertir a la Carta Magna en un instrumento jurídico del Gobierno. En la primera disposición transitoria de la Constitución del MAS se establece que el Congreso actual aprobará por mayoría absoluta, en 60 días, un régimen electoral para elegir en 120 días Presidente, Vicepresidente y Congreso Plurinacional. Esto quiere decir que en 180 días, seis meses, se elegirán Gobierno y Congreso, con reglas de juego aprobadas por la mayoría parlamentaria del MAS, que tiene 84 de los 157 curules en el Parlamento. Con esta disposición transitoria, el MAS puede convocar a elecciones de todos los cargos electivos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) con un diseño territorial electoral hecho a su medida, asegurándose todos los espacios institucionales nacionales, departamentales, regionales, provinciales, municipales y entidades indígenas originarias campesinas. Para someter al Poder Judicial, la Constitución del MAS rompe con el principio de igualdad ante la ley y promueve la segregación racial en la administración de la denominada “jurisdicción indígena”, cuyos fallos, al ser “irrevisables”, atentan contra la Declaración Universal de Derechos Humanos que garantiza el derecho ciudadano a un recurso efectivo ante los tribunales sin distinción de ninguna índole. La “justicia comunitaria” asume igual jerarquía que la “ordinaria” y se aplica por usos y costumbres en cada una de las 36 naciones del Estado Plurinacional. Es decir, existirán por los menos 36 sistemas jurídicos en el país. El Poder Judicial en la propuesta es en realidad un instrumento político que pierde su independencia al estar compuesto por jueces elegidos en votación universal administrada por una Corte Plurinacional Electoral, cuyos cinco miembros serán designados por el partido en función de Gobierno, con normas aprobadas por la mayoría oficialista en el Congreso. El control de constitucionalidad y la defensa de derechos y garantías constitucionales estarán sujetos a los designios del gobernante y su partido porque el Tribunal Constitucional estará integrado por magistrados designados por los “movimientos sociales”. El MAS pretende convencer de que su Constitución es incluyente y representativa de los pueblos indígenas. La realidad es otra. El proyecto crea el Control Social de los “movimientos sociales” que representa la concentración del poder político con atribuciones para intervenir en todos los órganos de poder. Otra intención del proyecto es la reelección vitalicia del presidente Morales. Esto atenta contra los principios ancestrales de alternabilidad de la autoridad en las comunidades aymaras e indígenas. No podemos dejar de mencionar el artículo 108 que demanda a los periodistas informar con “veracidad y responsabilidad”, preceptos que pueden servir a las milicias para perpetrar atentados y agresiones contra la libertad de expresión en cumplimiento de los preceptos de la “nueva” Constitución.
* Periodista y constituyente de Podemos

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