¿Factura o fractura?

Se percibe que la oposición no puede con el referéndum, que se escapa a gritos de la derrota. Está bien, para eso son los sentidos (y las encuestas). Pero se ignoran las consecuencias que los resultados, en cualquier caso, pueden traer para la democracia y para el propio Gobierno. Eso no está tan bien.
El Gobierno podía haberse olvidado del revocatorio y seguir con su discurso antiautonomías, o bien liderar el proceso y conceder racionalmente reformas autonómicas porque esa idea goza de legitimidad más allá del eje izquierda derecha. Hacerse de aliados para ese desafío. Pudo modular las reformas administrativamente y sin dejarse llevar por los discursos separatistas, contentando a quienes en las regiones creen que la nueva configuración les ha de dar desarrollo y bienestar. Eso, si hubieran sabido sus asesores valerse de la supremacía constitucional y de los mecanismos de relaciones intergubernamentales, que los hay para todos los gustos, y si no tuvieran tan malos prejuicios ideológicos de la naturaleza política del ser humano.
El Gobierno podía haber reconducido su legitimidad, y acciones, llamando a las posiciones radicales de sus rivales a la sensatez constitucional, y ahí seguro que habría tenido más apoyos de los que tiene ahora para saltarse las reglas. No puede olvidarse que la primera reacción cruceña y ofensiva autonómica se desató no sólo por la alegría de la idea, sino en repudio a los reprobables caprichos ideológicos del Gobierno. Antes de tanto absurdo se le respetaba el 53,7% constitucional.
El Gobierno podía haber planteado una Constitución funcional, que no fuera la improvisación emocional de las ONG ni del resentimiento social que se muestran inteligentes en un escenario de desigualdad, pero que en la vida real no lo son. Pudo haber construido un escenario que hiciera honor a su mayoría absoluta y gobernar para todos los bolivianos. Pudo valerse de esa Constitución que odia —la que permitió su propia elección y que no le excluyó ni discriminó por ser quien fuera ni de donde fuera— para beneficiar más ampliamente a los bolivianos, o bien, seguir la vía ´tradicional´ y beneficiar a sus seguidores haciendo menos desastres de los que está haciendo. El mandato le fue otorgado para promover una más equilibrada generación y redistribución de la riqueza, y no una estatización socializante de la pobreza. El 53,7% no le pidió que cooptase todo el poder ni se hiciera dueño y señor, ni tampoco que enfrentase a los bolivianos. Tenía el cheque en blanco, la legitimidad reconocida y enaltecido lo autóctono; pero sobregiró ese trío de cualidades con sus excentricidades e insultos y se gastó todas nuestras esperanzas en viajes a Cuba y Venezuela.
Hoy, la única solución que no vulnera la legalidad es el acuerdo político: someterse a la legalidad, moderar su postura y acortar el sesgo que ha ido agrandando. Los recursos políticos de un gobierno ven su límite en las normas. Es cierto que la ley se puede cambiar, pero exige un procedimiento y dos requisitos: un objetivo/virtud y un gran acuerdo institucional. Lo deberían saber los asesores.
Aun cuando no los revoquen antes del referéndum, el Gobierno podía reconducirse con facilidad, después, y por lo variopinta de la interpretación, tendrá que hacerlo, pero ya forzado por un acuerdo pagando la factura institucional, o bien, imponerse aún con más violencia y lograr finalmente una fractura nacional. Ojalá que sea el acuerdo.
*William Kushneres especialista en Opinión Pública