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La marcha de miles de alteños del pasado lunes traía potencial como para convertirse en enfrentamiento de lamentables consecuencias. La protesta ya venía aumentando en intensidad con días de anticipación, producto de los numerosos conflictos internos que siguen exacerbando los ánimos de los bolivianos. Pero en esta ocasión y casi a último momento surgió un motivo como para caldear esos ánimos a niveles extremos: la supuesta concesión de asilo político al ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín por parte del Gobierno de Estados Unidos. Los dueños de negocios y ciudadanos en general tomaron sus previsiones y se pusieron a buen recaudo frente a posibles hechos de vandalismo, y lo hicieron muy bien porque los movilizados causaron destrozos a la propiedad privada y agredieron a transeúntes. Actuando con precaución, los paceños evitaron que hubiera saqueos en gran escala y que personas inocentes resultasen heridas. La Policía hizo su parte. Anticipándose a una posible toma de la Embajada estadounidense, los uniformados tendieron un cerco de protección en resguardo de la sede diplomática. Los efectivos resistieron estoicamente la embestida de las turbas enardecidas que los superaban en número, y finalmente utilizaron gas lacrimógeno, pero sólo cuando los manifestantes comenzaron a agredirlos con petardos y gas pimienta. Cuatro policías resultaron heridos y una decena de manifestantes sufrieron intoxicaciones por los gases. En el balance, las consecuencias pudieron haber sido mucho peor de no haber sido la acertada acción policial. Por eso, llama la atención que el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, haya decidido destituir al comandante departamental de la Policía, bajo el argumento de que a la autoridad policial “le faltó planificación” y que se infiltraron provocadores “que no entendieron el sentido de la marcha y que no representan a la alteñidad”. Nos invade la duda de cómo un policía podría identificar a los que son infiltrados en una marcha multitudinaria y, más difícil aún, reprimir sólo a ellos sin afectar a los miles de marchistas, que al parecer gozan del apoyo del Gobierno. Aquí no hay dónde perderse. Esta nueva decisión del ministro Rada viene a confirmar la política de su despacho que es la de manipular a la institución del orden para que sea complaciente con los “movimientos sociales” afines al Gobierno y severa contra los opositores. Lo correcto sería que la Policía cumpliera —siempre y sin excepciones— con su papel constitucional de preservar el orden y de brindar seguridad a los ciudadanos. Y para ello, debe contar siempre con el apoyo logístico necesario para no verse rebasada bajo ninguna circunstancia.
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