La credibilidad en el Referéndum revocatorio

La credibilidad pública en el referéndum revocatorio de mandato popular ha sufrido un grave quebranto. No puede entenderse de otro modo que la misión de 125 observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) haya detectado 40 irregularidades, habiendo cumplido esa labor en el 10 por ciento de las 4.000 mesas de votación.
Con estos datos, nadie podría condenar a quienes se sintieron indefensos, y hasta indignados, al conocer el informe emitido al respecto por ese organismo internacional.
La verdad incontrastable es que los numerosos procesos electorales que se realizaron en los últimos 17 años en Bolivia fueron impecables, sin mancha ni sospecha alguna. Esto se debe a que, como expresión fundamental de la democracia, el Congreso Nacional, yendo más allá de la pluralidad partidaria, optó por constituir a las cortes electorales con ciudadanos intachables, y, así, éstos fueron reconocidos como "notables".
La primera prueba de fuego se dio en 1991, con las elecciones municipales de diciembre de ese año. A pesar de que los vocales de las cortes fueron nombrados en septiembre, pudieron inaugurar una nueva época en el país: la garantía de que las elecciones pueden ser limpias y ejemplares. De esa manera, quedó atrás la ominosa memoria de lo que ocurría antes, cuando se llegó a hablar incluso de la "banda de los cuatro".
Si como dice el informe de la OEA, el referéndum del domingo, en promedio, fue correcto sólo en el 90%, ¿qué se puede esperar que haya ocurrido en el restante 10%? ¿Cuán decisivo puede ser este porcentaje para definir una votación popular? O, si no fuera definitorio para la continuidad o la revocación de una autoridad, ¿acaso no se ensucia un proceso electoral que siempre, en toda época y bajo cualquier punto de vista, debe ser intachable? El presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Exeni, insiste en que "el proceso técnico fue impecable". Pues, aunque se esfuerce, los números lo desmienten.
La situación se torna tanto o más alarmante que atendiendo los anteriores datos cuando la OEA estableció que en el 32% de las mesas hubo casos de restricción al voto, por problemas con el Padrón Electoral y otras razones, y que en el 9% el sufragio no pudo ser secreto. Peor todavía, el escrutinio no fue el adecuado en el 11% de los casos, según dicho organismo, porque únicamente en el 89% de las mesas de sufragio observadas se lo realizó siguiendo los procedimientos legales.
También se contabilizaron casos menores, indulgentemente comparados con los antes señalados. En el 30% del interior y alrededores de los recintos de votación hubo evidencia de propaganda electoral y en el 5%, las papeletas no fueron supervisadas ni protegidas de forma apropiada.
El informe de la OEA, por hallarse sustentado en números, si no resulta contundente para cuestionar la validez de este acto electoral, al menos demuestra que se han roto los sistemas institucionales por los cuales se garantizaba la limpidez de los procesos eleccionarios, partiendo de la correcta identificación documental de los votantes, pasando por el cumplimiento de las normas del Código Electoral y concluyendo en el Padrón, cuya credibilidad nunca puede estar en tela de juicio.
No es el caso. En el referéndum revocatorio faltó transparencia.