BOLIVIA Y SUS REFERENDOS

EDITORIAL
Bolivia y sus referendos
Alejandro Deustua 11 de Agosto de 2008
Así como el golpe de Estado no es un instrumento viable para cambiar un gobierno en América Latina, el empleo por éste de la movilización popular sirve para sostenerlo a pesar de su pésima gestión. Esto último ha ocurrido en Bolivia con la celebración de un nuevo referéndum de muy dudosa legalidad aunque de gran concurrencia ciudadana.
Si bien la movilización pude haber liberado presión política sobre autoridades centrales y regionales, el resultado de la consulta no ha hecho más que incrementar estadísticamente la base popular de los dos polos confrontados sin que emerja fuerza o elemento de mediación alguna. La capacidad de confrontación se ha incrementado, por tanto, añadiendo empuje a las fuerzas que ha desatado, de manera deliberada, la gestión de Morales desde que tomo posesión del cargo en el 2006.
Tales son las consecuencias del abuso de la democracia directa cuando se la manipula para "agudizar las contradicciones" mientras las instituciones de la democracia representativa son demolidas. No obstante ello, y de carecer de marco constitucional adecuado, el referéndum boliviano ha sido avalado por cientos de observadores extranjeros, incluidos los de la OEA, cuyos principios rectores han transitado, en media década, hacia un expeditivo pragmatismo.
Este juego de poder carente de normas en un escenario de creciente polarización de fuerzas ciertamente no puede ser celebrado como un triunfo democrático. Y menos si los confrontados concluyesen que el mayor volumen de votos logrado implica un mandato para llevar a cabo una revolución socialista indígena (en el caso del gobierno central) o una revolución liberal autónoma (en el caso de los departamentos del Oriente).
En efecto, el carácter excluyente de los respectivos alineamientos impide la obtención de una mayoría nacional para un proyecto nacional. Si las autoridades bolivianas piensan lo contrario, la implosión de su pauperizado Estado no tendrá que dar muchos pasos más antes de desempeñarse.
Bajo estas condiciones, el único camino sensato es el de la negociación entre las partes. Para proceder a ello el señor Morales debe entender que no es un Jefe de Estado que comanda una soberanía interna indisputada (para empezar, no puede concurrir libremente a la capital política del país) y los gobernadores regionales no pueden seguir cabando una trinchera cuya profundidad termine desprendiéndolos del territorio al que pertenecen.
De otro lado, teniendo en cuenta la vocación transnacional de la política exterior boliviana (la "diplomacia de los pueblos") los países vecinos deben presionar a Bolivia para que abandone las implicancias más perniciosas de la misma (en especial la filiación venezolana que convierte a ese país en puntal andino de una indeseada zona de influencia caribeña). Y que Brasil, Argentina y Chile recuerden que el amigo Morales y sus peculiares características no es el Estado boliviano con el que deben mantener relaciones.
Si ello no ocurre, la región permitirá que una de sus más pequeñas unidades políticas incremente la vulnerabilidad colectiva en un contexto cada vez más inestable. Las responsabilidades del caso están a la vista.