Discusión engañosa

El Gobierno y la COB se muestran enzarzados en una discusión que parece destinada a dejar en la sombra al problema de fondo del proyecto de Ley de Pensiones del MAS: su intención de que el Estado se apropie, al menos, de la administración de los ahorros jubilatorios de más de un millón de bolivianos.
El juego parece bien sincronizado, con convocatorias a la prensa y declaraciones altisonantes, además de un paro cobista al que, ¿cuándo no?, se sumaron rápidamente sectores aficionados al descanso permanente y costeado con recursos públicos. El Gobierno aparece entonces como defensor de los recursos depositados en el Fondo de Capitalización Individual (FCI), contra una COB decidida a que ellos pasen a formar parte de una bolsa común.
El Ejecutivo señala que no puede permitir que esos $us 3.300 millones del FCI sean expropiados y de paso, como si se tratara de una garantía y de un generoso intento de protección de ese dinero de particulares, que se hará cargo de ellos. Distrae la atención del hecho de que su ley también se asemeja a una confiscación.
Parecería un plan en el que ante un proyecto de radicalidad insólita se plantea otro de un extremismo, en apariencia menor, de modo que a la víctima no le quede otro camino que elegir el mal menos lesivo. En este caso, que el Estado se haga cargo de la administración de su dinero. ¿Entre amputar la mano y amputar el brazo, que preferiría el paciente?
Pero lo cierto es que ninguno de los proyectos es admisible, porque ambos disponen de un dinero que no es ni de la COB ni del Gobierno; son fondos particulares, de personas con nombre y apellido, depositados con la esperanza de una vejez digna.
Si el Gobierno, que aparece afanado por hacerse de los $us 3.300 millones —tras apropiarse de otros activos privados, incluidas las acciones de los bolivianos en las capitalizadas, y hasta disponer de las reservas internacionales—, realmente tiene la intención de proteger los recursos del FCI debería empezar por consultar a sus dueños. Su debate con la COB se asemeja al de vecinos que se amenazan con toda suerte de males en una pelea sobre una propiedad ajena.
Lo que corresponde es garantizar que el FCI permanezca donde está y a lo sumo crear otra opción, la estatal que se quiere, ante la posibilidad de que alguno de los ahorristas en las AFP decidiera correr el riesgo de dejar su dinero en unas manos que no han mostrado mayor esmero y pericia en administrar recursos públicos.
En cuanto a los sectores no aportantes a las AFP, parece razonable que sigan siendo apoyados con recursos públicos. Pero el Gobierno debe optimizar la administración de los $us 400 millones que se destinan a las jubilaciones de los antiguos trabajadores y ampliar razonablemente el monto para atender a obreros, campesinos y otros que no podrán gozar de una renta digna. En el uso de esos recursos de todos es donde radica la solidaridad que reclama la COB, que no puede pretender que quienes aportan a las AFP paguen con el FCI lo que ya ayudan a costear con sus impuestos.
Para ello, el Gobierno debería dejar de incurrir en la concesión de decenas de millones de dólares en bonos clientelares y dádivas a sindicatos afines y usar el dinero de la población en un sistema jubilatorio para los que no lo tienen, con unos criterios de eficiencia y transparencia que, por ahora, se extrañan en su administración.
*Álvaro Zuazo es periodista.