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miércoles, 3 de diciembre de 2008

Intolerancia contra el Cardenal Terrazas

El gobierno de Evo Morales está incurriendo en una lamentable actitud de intolerancia al rebatir, en términos inapropiados, las palabras emitidas por el cardenal Julio Terrazas en su homilía del domingo. El prelado de la Iglesia Católica, una religión que congrega a aproximadamente el 80 por ciento de la población boliviana, de forma excepcional se ha referido al narcotráfico como un tema específico que le preocupa, al igual que a mucha gente del país.
Las autoridades del Gobierno, hasta ahora, no tuvieron más respuesta que el ataque cuando se refirieron al cuestionamiento del Cardenal, que dijo que Bolivia “se va convirtiendo en el espacio donde están dominando los narcotraficantes, sin Dios y sin ley”. Pudieron haber demostrado que monseñor Terrazas estaba errado en su información, pero no lo hicieron y, por el contrario, apelaron al fácil recurso de la ofensa.
El Cardenal, por lo demás, tiene derecho a opinar en sus homilías sobre los asuntos que considere pertinentes.
En cuanto al crecimiento de la actividad del narcotráfico, todos saben en Bolivia que ésa es una realidad de estos tiempos.
Por eso mismo surgió la preocupación de Terrazas. “Hemos visto aterrados los hechos criminales ocurridos en la India y nos duele que haya tantas víctimas del terrorismo. En Bolivia no estamos lejos y quizá no es el mismo terrorismo, y hay un hecho que debe preocuparnos...”.
Que un gobierno censure de manera permanente a un cardenal o a cualquier autoridad jerárquica, del credo religioso que fuere, denota un rasgo de intolerancia que no se corresponde con el sistema democrático. Si se pretende acallar a un representante de la Iglesia de la calidad moral del Cardenal, ¿qué se puede esperar del trato para el común de los bolivianos?
La Ley 1008 admite la legalidad del cultivo de 12.000 hectáreas de coca en todo el territorio nacional, pero el presidente Evo Morales ha autorizado que se amplíen a 20.000. Al margen, existen versiones de que los cultivos irregulares podrían bordear ya las 30.000 hectáreas, con lo que el panorama empeoraría.
Antes que atacar a quienes critican esta situación, el Ejecutivo debería explicarle al país cómo piensa reducir la ascendente actividad del narcotráfico.
http://www.la-razon.com/versiones/20081203_006475/nota_245_722964.htm

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