Editorial La Patria: Por encima de la justicia

Pese al reclamo airado de representantes parlamentarios nadie explica con la suficiente claridad lo que está ocurriendo en nuestro país cuando de manera continua se vulneran los derechos humanos, se amedrenta a la gente, se persigue y detiene a dirigentes cívicos, se los saca de su habitat para confinarlos en la Sede de Gobierno, pero sin que previamente se cumplan los “actuados legales” del inicio de un proceso y la orden pertinente de su detención luego de una investigación que demostrase su culpabilidad, lo que ocurre ahora está al margen de las leyes en una acción totalmente atrabiliaria.Todo se profundiza desde “los hechos de Pando”, que abren la puerta a las medidas de control militar y policial bajo un “estado de sitio” que sirve aún después de levantado para “corretear” a los supuestos implicados en actos contra la seguridad del Estado, pero además se extiende a otros distritos como Tarija y Santa Cruz donde se producen detenciones con características de muy clara coincidencia con las producidas anteriormente y que fueron dispuestas desde dos ministerios, identificados claramente por la oposición.Aunque los funcionarios del aparato estatal se esfuercen en querer demostrar la legalidad de lo ilegal, lo evidente es que los derechos humanos están siendo vulnerados a vista y paciencia de anteriores defensores de esa instancia y ahora acérrimos promotores de las acciones violentas y prepotentes.Si se han cometido delitos hay instancias jurisdiccionales de plena competencia que deberían cumplirse al amparo de las leyes, evitando las presiones sobre algunos fiscales o jueces que olvidando sus compromisos de idoneidad profesional trabajan más próximos a la venalidad y al prebendalismo, dejando en condiciones de “indefensión” a ciudadanos que de todos modos y bajo cualquier circunstancia tienen derecho a la defensa y al respeto de su dignidad.Otro hecho de flagrante injusticia es el que toda la ciudadanía observa cuando los drásticos y severos juzgadores de políticos no pueden hacer nada con los “linchadores de Achacachi” que hacen justicia por mano propia sin que nadie sancione tal delito, cometido abiertamente y comprobado masivamente.Preocupa que se busque “hacer justicia” con dirigentes cívicos que no comulgan con los lineamientos del partido gobernante, mientras que no se da la misma importancia y agilidad de investigación a los casos que sucedieron en La Calancha, en Cochabamba, en Huanuni, en Caihuasi y en la misma zona de Pando de acuerdo a versiones que fueron observadas desde otra óptica y que involucran a otros actores. ¿Qué sucede en esos casos? es la pregunta del millón que ojalá pudiera despejarse con una acción ecuánime de profunda investigación, con la Ley como escudo y no dudosos informes, incluyendo uno de orden internacional que por lo visto no pudo o no quiso incluir las denuncias de lo que realmente ocurrió en Pando.Estamos viviendo un periodo de temores e inseguridad, de miedo a perder los derechos ciudadanos ante la arremetida de la mentira y la injusticia es urgente que el Estado de Derecho retorne al país, en respeto a la justicia y las Leyes, en un proceso democráticamente válido.
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