La Asociación Nacional de la Prensa defiende la libre expresión

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), en su última asamblea general realizada el 31 de octubre en Trinidad (ANP) alertó que el proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) que será sometido a referendo en enero del próximo año podría dar lugar a posibles intentos de eliminar la Ley de Imprenta. El riesgo está contenido en el tercer inciso del ahora artículo 180 del texto constitucional que se refiere a la jurisdicción ordinaria. El párrafo en cuestión señala que "la jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción" y, en criterio de los periodistas, el Jurado de Imprenta está entre estos tres últimos. "El Jurado de Imprenta no forma parte del Poder Judicial así que es un tribunal de excepción", explicó el periodista Juan José Toro, quien participó en la última asamblea de la ANP en su condición de director del diario "El Potosí". Una de las conclusiones de la asamblea declara que la ANP, "permanecerá vigilante frente a los intentos de mutilar la libertad de expresión y la democracia y que denunciará nacional e internacionalmente todo propósito que se haga en ese sentido". Y reafirma que, "con relación al inciso II del ahora artículo 107 del proyecto de Constitución Política del Estado (CPE), la ANP, seguirá vigilante para evitar cualquier intento de manipulación de los principios allí escritos, dice el punto 4 de la Declaración de Trinidad. La ANP califica a 2008 como el peor año para la libertad de expresión y de prensa en el país. "Desde el restablecimiento de la democracia en 1982, no se registraron tantas y tan frecuentes agresiones contra periodistas y ataques contra medios de comunicación social, como ha sucedido este año. Más de 115 periodistas fueron insultados y agredidos por sectores oficialistas y opositores enfrentados, y hubo 54 ataques contra instalaciones de los medios de comunicación privados y estatales, la gran mayoría cometidos por los movimientos sociales oficialistas", señala la declaración. "Ante tal situación, en la que por medio de la violencia y la intolerancia se pretende acallar a la prensa, la ANP exige al Gobierno cumplir con su obligación constitucional de otorgar garantías reales y no demagógicas, para el trabajo libre del periodismo y ordenar a sus movimientos sociales frenar estas acciones vandálicas contra los trabajadores de la prensa", señala la Declaración de Trinidad.
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