La suspensión de la DEA

Tal como el presidente Evo Morales lo dejó en claro, por una decisión personal ha dispuesto la suspensión de las actividades en Bolivia de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), dependiente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Justificó esa medida con que los agentes norteamericanos incurrían en conspiración contra su gobierno.
Se trata, en última instancia, de un acto estrictamente personal y político, por lo tanto, el Gobierno nacional debe estar consciente de que puede recibir una respuesta en ese mismo sentido y asumir la responsabilidad de sus actos de cara al país.
La DEA es un organismo especializado en la lucha contra las drogas y venía desarrollando sus actividades en Bolivia, donde los cultivos de coca, materia prima de la cocaína, abundan.
La decisión de Morales llega en momentos en que aumentan las evidencias de una probable actividad de narcotraficantes colombianos en el país. Se están utilizando métodos muy avanzados para la producción de drogas en terreno boliviano.
En cuanto a las implicaciones que tiene la decisión presidencial, no se puede dar vía libre al narcotráfico. Desde el momento en que se prescinde de la DEA, se deja de contar con el amplio apoyo que esa agencia estadounidense estuvo prestando a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), en los planos financiero, operativo y de capacitación.
Según la versión de la entidad afectada por la medida de Morales, su trabajo estuvo dirigido a respaldar las operaciones de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en la selva, aportando con equipos móviles de interdicción en el bloqueo de las operaciones de producción y tráfico de droga, para lo que contó con 27 investigadores antinarcóticos experimentados. También dispuso de investigadores de sustancias químicas y precursores, de especialistas en Inteligencia Financiera y de grupos de investigación de contenedores y controles.
A partir del sábado, cuando el Presidente anunció la suspensión de las actividades de la DEA en Chimoré, jurisdicción del Chapare, el Ejecutivo se cargó la responsabilidad tácita de garantizar que el narcotráfico no crecerá en el país. El motivo es sencillo y, a la vez, importante: esta actividad ilícita no puede continuar avanzando, no sólo en Bolivia, sino en todos los lugares del mundo donde se produce droga.
Para frenar la continua proliferación del narcotráfico la única fórmula que se conoce es combatirlo con mayor rigor y eficacia.
En consideración a que el Jefe de Estado boliviano es, además, el máximo dirigente de los productores de coca del trópico cochabambino, Evo Morales tendrá que cuidar la imagen que proyecta hacia el exterior para evitar que, a futuro, acabe estigmatizado por este espinoso tema.
El Gobierno no debe perder de vista que la cocaína se halla señalada como un estupefaciente vedado para su elaboración, comercialización y consumo. Que esa lacra ha matado a millones de personas y que todo el mundo, sin excepción, se encuentra en una guerra sin cuartel contra ese narcótico.
Bolivia no puede ir en contra del resto de los países del planeta. Si sus autoridades lo desean, pueden expulsar a los colaboradores extranjeros en esta lucha; pero, eso sí, deberán garantizar que el narcotráfico disminuirá su actividad en Bolivia.
http://www.la-razon.com/versiones/20081105_006447/nota_245_704042.htm