Mientras el número de marchistas para presionar al Congreso en La Paz crece, se incrementan los sectores de la sociedad civil que anuncian su rechazo al proyecto de Constitución Política del MAS. La Iglesia Católica, el Poder Judicial, el Colegio Nacional de Abogados y la Confederación Nacional de Empresarios de Bolivia han anticipado sus observaciones y rechazo al contenido del proyecto constitucional que el gobierno busca poner en vigencia con la convocatoria a un referéndum constitucional previsto para inicios del próximo año.Una de las primeras instituciones en alertar sobre los riesgos del texto constitucional del oficialismo fue la Iglesia Católica que en marzo expuso 30 observaciones. La Iglesia reclamó por que “la nueva Constitución no puede ser un instrumento para generar y perpetuar hegemonías personales, sectoriales, partidarias o de gobierno” y “tampoco puede consagrar una visión parcial del Estado y de la sociedad”.La Iglesia también reclama por la incorporación de los derechos colectivos sin garantizar su estado de armonía con los derechos individuales, sin discriminación. Del mismo modo reclamó porque es “esencial e indispensable precisar” que el derecho a la vida “existe desde la concepción del ser humano, como afirma el Pacto de San José de Costa Rica, hasta su muerte natural”. En cuanto a los derechos sexuales del proyecto constitucional la Iglesia observa que “la ambigüedad de los derechos llamados sexuales y reproductivos pone en peligro la integridad de la familia en su función procreativa y debilita el derecho y la misión educativa de los padres para con sus hijos”.“Bajo esa denominación subyacen otras formas de degradación de la sexualidad”, advierte la Iglesia.
PODER JUDICIAL
El proyecto de Constitución del MAS establece que los jueces serán designados en elecciones generales, después de una preclasificación realizada por los “sectores sociales” y una campaña administrada por una Corte Electoral Plurinacional de cinco miembros nombrados por el oficialismo. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, ratificó una posición que el Poder Judicial asumió anteriormente y dijo que ese poder del Estado “no comparte con el proyecto constitucional en cuanto a la estructura del Poder Judicial se refiere”.“Así como una persona particular, las instituciones también privadas y estatales pues van a reaccionar; acá no se trata de hacer campaña o de tomar partido por una posición, pero una institución del Estado también, en la medida que crea que se afecta intereses institucionales, puede hacer campaña por un sí o por un no al proyecto constitucional”, advirtió Fernández.En enero, durante el décimo séptimo Congreso Nacional de Abogados de Bolivia, esa institución resolvió rechazar el proyecto de Constitución del partido en función de Gobierno, “por ser nula de pleno derecho, porque se aprobó violando la actual Constitución Política del Estado, la Ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente , Ley de ampliación y el propio reglamento de debates de la misma”.Los periodistas de Bolivia también piden la anulación del artículo 108 que manda a los trabajadores de la prensa realizar su trabajo dentro de los márgenes de la “veracidad” y la “responsabilidad”.Para los empresarios, el texto constitucional del oficialismo atenta contra la propiedad privada.Pese a esas objeciones, el presidente Evo Morales inauguró la marcha hacia La Paz hasta lograr la aprobación de la “nueva Constitución, por las buenas o por las malas”.En una actitud complementaria, el presidente del Congreso Nacional, el vicepresidente Alvaro García Linera, convocó a sesión de Congreso a las 16:00 p.m. de este jueves en el hemiciclo de la Cámara de Diputados para considerar el proyecto de ley de referendo dirimidor y de aprobación del nuevo texto constitucional.“Por instrucciones del Presidente del Congreso Nacional se convoca a los senadores y diputados nacionales, a la instalación de la décima cuarta sesión ordinaria del Congreso Nacional a realizarse el 16 de octubre, a las 16.00”, dice la convocatoria. El presidente del Senado Oscar Ortiz (Podemos) dijo que la convocatoria no es una buena señal para el diálogo en el Congreso.
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