Con los últimos acontecimientos políticos y luctuosos y apareciendo como portavoz del Gobierno, se puso en evidencia el anverso y reverso de la supuesta personalidad de Sacha Llorenti, hoy viceministro de coordinación de movimientos sociales y, ayer, presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, tenaz defensor de la consagración de los principios constitucionales y la organización legal.En la actualidad, Sacha, gozando de los beneficios que le otorga la nueva oligarquía muestra otra cara pretendiendo ganar protagonismo con la servil actitud de dar contento a su presidente y correligionarios masistas, saliendo a la palestra mediática para emitir opiniones precipitadas asumiendo la conducta de un juez juzgador, para sentenciar a 30 años de cárcel al ex prefecto del Departamento de Pando, Leopoldo Fernández; primero, acusándolo de violar el estado de sitio que rige en aquella región y, segundo, acusándolo de supuesto genocidio por los sucesos del 11 de septiembre pasado.Después de algunos días cual si fuera juez omnímodo, se presenta a las pantallas televisivas, afirmando que Leo Fernández no saldrá del panóptico de San Pedro de la ciudad de La Paz, alimentando odio y animar a grupos de masistas hacer el cerco al penal, después que la Corte Suprema de Justicia, dispuso el traslado a la ciudad de Sucre para su juzgamiento, afirmando que como prefecto pandino goza de Caso de Corte.La opción sensata del ciudadano no comprende la actitud camaleonística de Llorenti que cambia de ropaje por intereses políticos y de orden personal dejando de lado la Declaración Universal de Derechos Humanos y la ley suprema que permiten asegurar que la dignidad de las personas sea realidad y que no acepta retóricas.El texto aprobado el 10 de diciembre de 1948 en la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en París, consagra el derecho a la vida digna y al derecho a la libertad; además a un juicio justo, porque ninguna persona puede ser acusada de genocidio o asesinato mientras no se prueben los cargos en las instancias legales. Estos términos debió conocerlos Llorenti, para no emitir juicios equivocados, cuando ahora forma parte del Gobierno masista.Sobre lo ocurrido el 11 de septiembre son emitidos juicios u opiniones de diversa índole, especialmente de autoridades del poder ejecutivo en contra del accionar de Fernández, juicios y evidencias que deberán ser expuestos dentro del proceso de juzgamiento, pero sin hacer montajes televisivos donde aparecen varias personas que Cruzan un río, los mismos que supuestamente soportan una balacera, montaje mal hilvanado que puede engañar a mucha gente, pero no a periodistas que conocen su oficio.Mi criterio nunca será de defensa al ex prefecto pandino, tampoco de ningún involucrado en los aciagos momentos que vivió Pando, porque los que fueron partícipes directos o indirectos de aquellos acontecimientos, deben ser sometidos a las leyes con imparcialidad, respetando la dignidad humana, menos desfigurar los hechos a torcer la opinión de los jueces. Además debe ponerse en tela de juicio la conducta fascista y hitleriana del ministro Juan Ramón Quintana, quien pocos días antes de los acontecimientos del 11 de septiembre convocó a la guerra fratricida y ajusticiamiento de Fernández para sepultarlo en una fosa con un epitafio, en una concentración masista en Pando. Con su loca arenga, Quintana cultivó las acciones para enlutar a la familia boliviana y pandina.(*) Es Periodista
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