Gobierno se niega a revelar procedencia de recursos para su propaganda política

Mientras Podemos, principal fuerza política de oposición, asegura que el Gobierno utilizó recursos de “dudosa procedencia” para financiar su actual campaña propagandística, el Ejecutivo prefiere mantener en reserva estos datos.El gobierno de Evo Morales volcó toda su estrategia comunicacional, que se prolongó por dos meses, con una agresiva campaña destinada a desprestigiar a los prefectos miembros del Consejo Nacional Democrático (Conalde), gastando en dos meses al menos 1,5 millones de dólares, sin embargo, ninguna autoridad oficialista quiso informar sobre la procedencia de los recursos económicos invertidos.“Es difícil establecer la cantidad de dinero que se invirtió, menos aún las fuentes de financiamiento, porque simplemente se tratan de recursos económicos de dudosa procedencia. No sabemos de dónde proviene este dinero, es probable que sean venezolanos”, declaró el senador Fernando Rodríguez, de la agrupación ciudadana Poder Democrático y Social (Podemos).Según fuentes del Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo ordenó, desde julio, el descuento obligatorio, por planilla, de un porcentaje del salario de todos los funcionarios públicos, para el financiamiento de la campaña propagandística contra la oposición.Johnny Delgado, titular de la Dirección Nacional de Comunicación (Dinacom), informó que las propagandas son pagadas por cada Ministerio a cargo de las campañas, puesto que tienen un presupuesto asignado para su difusión.“Si es una campaña del bono Juancito Pinto, es pagada por el Ministerio de Educación; si es del Plan Nacional de Viviendas, el de Obras Públicas; en la campaña a favor del diálogo y la aprobación de la nueva CPE, los responsables son el Ministerio de la Presidencia y la Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (Repac)”, dijo.Por otro lado, el Canciller David Choquehuanca, al ser consultado sobre el tema, señaló que los fondos para el pago de la difusión de las propagandas oficialistas en el país, son asumidos “voluntariamente” por los sectores sociales afines al MAS (Movimiento Al Socialismo).Para el diputado Gustavo Torrico (MAS), el gobierno “tiene la obligación de dar a conocer el proyecto de la Carta Magna. Eso está presupuestado. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo hará?”, preguntó y aseguró que no tiene la cifra de cuánto dinero está gastando el gobierno en difundir sus mensajes.El senador Rodríguez manifestó que el Ejecutivo está confundiendo sus propias políticas con las políticas de Estado del país.“Las propagandas de desprestigio suponen malversación de fondos porque están dirigidas a la confrontación. La Ley Safco deberá castigar, en un futuro, a esta gente que orquesta estas confrontaciones. Y lo más grave es que el Gobierno lanza sus spots, incluso antes de que pasen los hechos, es decir que está preparando los escenarios para los enfrentamientos en el país”, precisó Rodríguez.
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