Que el gobierno pare el referendo

Por cierto que son demasiado tramposas las preguntas del referéndum de mandatos convocado para agosto. Corre también a favor del actual Presidente de la República, un visible ardid de proporcionalidad en el voto que le permitiría ganar la partida. A esto se agrega el hecho de que consultas de este tipo no están previstas en nuestro ordenamiento jurídico-constitucional. Así las cosas, el tema da lugar a una batalla que ha ya comenzado: cinco Prefectos que rechazan el referendo y se proponen hacer todo cuanto les sea posible para que no se lleve a cabo, enfrentados a un gobierno decidido a que la consulta siga adelante. ¿Quién le doblará la mano a quien? En lo organizativo, técnico y administrativo se halla la clave de la victoria para cualquiera de los protagonistas de esta nueva tremolina política. Si se cumplen todos los plazos previstos para la organización de la consulta, con padrón electoral actualizado, señalamiento de recintos electorales y sorteo de jurados, entre otras cosas, queda allanado el camino al referendo. Las cortes departamentales electorales, inclusive las de las Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba y Tarija, anticipan que harán todo eso. Bueno es recordar que tras los referendos por los estatutos autonómicos, el gobierno trata a los miembros de las cortes departamentales electorales de la denominada "Media Luna" igual que a patitos de una galería de tiro. Les dispara procesos penales por haber organizado esas consultas. Los magistrados se hallan atemorizados y poco dispuestos ahora a hacer causa común con sus regiones. ¿Se mantendrán en esta posición o cederán a las presiones de los movimientos regionales para desmarcarse de la Corte Nacional Electoral que controla el MAS? Interrogante, ésta, difícil aún de responder. El sueño del gobierno del MÁS es ganar el referendo. Cree que con una victoria, alegatos de legitimidad plena e intensa presión de las bien remuneradas columnas de choque de sus denominados "movimientos sociales", con la Carta Magna de la Glorieta aplastará a todos sus adversarios, tras de lo cual marcharía sin tropiezos hacia sus metas de hegemonía política total, sin autonomías regionales y con gravidez plena en todos los ámbitos del sistema institucional del país. Lo grave es que si hay resistencia regional ajustada a estrategia que se mantiene en reserva, el gobierno, el día del referendo, se verá obligado a emplear tropas militares y policiales para resguardar el orden público y garantizar el ejercicio del derecho al voto. Son de imaginarse las graves consecuencias de los inevitables enfrentamientos en las calles y, sobre todo, frente a los recintos electorales. La actual crisis política que vive el país derivaría enseguida a una de mayor y peligrosa magnitud. Reflexionando y asumiendo una línea de prudencia, el gobierno debiera detener su marcha hacia el referendo, asumiendo plenamente el riesgo que le significa imponerlo a todo trance. Le basta un acuerdo con Podemos para aprobar en el Congreso una ley de derogatoria de la norma de convocatoria a la consulta popular de agosto. Y lo aconsejable sería que después dialogase con las autoridades y movimientos cívicos regionales de todo el país. Urge un acuerdo nacional que abra un interregno de paz social y política en el país hasta el final del actual periodo presidencial, que poco menos se halla ya a la vuelta de la esquina (algo más de dos años). Las elecciones presidenciales de 2010 equivaldrán a verdadero referendo ratificatorio o revocatorio de VIGENCIA POLITICA (así en mayúsculas) del actual partido de gobierno. El que se convoca para agosto del presente año es absolutamente innecesario.
Fuente:
http://www.lostiempos.com/noticias/26-06-08/26_06_08_pv2.php