Editorial La Razon: Constitución en vez de Revocatorio

Antes de llegar a semejante desquiciamiento legal, lo procedente es aprobar una nueva CPE en consenso, a través de la aplicación de los dos tercios de votos, ya sea en una nueva Asamblea Constituyente —tras el fracaso de la última— o en el Congreso Nacional.
Múltiples voces se han opuesto a la realización del referéndum revocatorio, previsto para el 10 de agosto, en consideración a que no existe una disposición constitucional que lo justifique. Si estuviera funcionando el Tribunal Constitucional, un pronunciamiento suyo echaría por tierra cualquier intento de aplicar una norma que no figura en la Constitución Política del Estado (CPE) vigente.
Al margen de los efectos negativos que tendría ese referéndum, se inferiría un golpe mortal a la institucionalidad y al sistema democrático nacional al eliminar y, más propiamente, violar los mandatos de cinco años que recibieron en las urnas el Presidente, el Vicepresidente, los parlamentarios (plurinominales y uninominales) y los prefectos de departamento en las elecciones generales del 18 de diciembre del 2005.
Antes de llegar a semejante desquiciamiento legal, lo procedente es aprobar una nueva CPE en consenso, a través de la aplicación de los dos tercios de votos, ya sea en una nueva Asamblea Constituyente —tras el fracaso de la última— o en el Congreso Nacional. Con una Carta Magna legalmente aprobada, no habría necesidad de un referéndum revocatorio ni de referendos departamentales autonómicos, porque las competencias de estos últimos se tendrían que aprobar previa concertación legal y legítima. Además, esa CPE daría paso al pacto político que tanta falta hace para pacificar al país.
Aunque a un presuntuoso dirigente campesino se le ocurrió decir que al proyecto de CPE del MAS no se le puede tocar ni una coma, lo que corresponde dejar establecido es que tal documento fue aprobado por el partido de Gobierno y sus aliados políticos pero sin la oposición, que representa a la otra mitad de los bolivianos.
Se trata, por tanto, de un texto elaborado fraudulentamente, con el que se quiere imponer al país un régimen autoritario y fragmentar su integridad en 36 naciones indígenas, entre otras innovaciones que se pretende introducir en la vida nacional.
Causa estupor que el oficialismo insista con su nueva CPE, cuando a todos los bolivianos les constan las maniobras que puso en práctica el MAS para elaborar un texto que resulta ser exclusivamente suyo. El imperativo de la hora es elaborar una Constitución que sirva de instrumento pacificador, que se traduzca en el pacto político y social que requiere el país.
La principal fuerza de la oposición, Podemos, por medio de su jefe, Jorge Quiroga, dio a conocer que está elaborando un proyecto de CPE que tendrá como base los informes en minoría de la fallida Asamblea Constituyente de Sucre. Y, en un gesto democrático, expuso que su organización política estará dispuesta a convalidar las partes del proyecto del MAS que merezcan figurar en el proyecto final, que sería presentado a los facilitadores del diálogo con el Gobierno.
En este caso, aparentemente, se abriría el documento a otras miradas y no se caería en las conductas lesivas que tuvo el MAS para aprobar su proyecto de Constitución, al extremo de que sus asambleístas —encerrados en un recinto militar en Sucre y, luego, en un auditorio en Oruro— votaron por consigna sólo el índice del mismo para que, finalmente, una oficialista “comisión revisora” redactara, en secreto, su texto final.
Fuente:
http://www.la-razon.com/versiones/20080618_006307/nota_245_616534.htm